domingo, 6 de enero de 2008

El Rey y el Príncipe / Pablo Sebastián


El Rey don Juan Carlos I cumple 70 años y casi la mitad de ellos al frente del Reino de España y con un excelente balance de su reinado. Aunque en este preciso aniversario el horizonte político y económico que se presenta ante los españoles no sea nada halagüeño y está preñado de nuevos y viejos desafíos que tienen que ver con asuntos de calado, como son la identidad y la unidad nacional, así como serias divergencias entre españoles a las que se les va a sumar un mal ciclo de la economía que amplificará la situación.

Es verdad que, desde que accedió al trono, don Juan Carlos ha encontrado momentos mucho más difíciles como el inicio de la transición o el golpe de Estado del 23-F. Pero sorprende que, con treinta años de Constitución y de convivencia en paz y prosperidad económica y social, ahora, a estas alturas, reaparezcan en el escenario español cuestiones que parecían erradicadas y a las que se les ha abierto la puerta la pasada legislatura durante el mandato del presidente Zapatero.

Como, también, en esa legislatura, hemos asistido por primera vez a un ataque político contra la Corona, provocado desde los sectores más radicales del nacionalismo, como los que lidera en Cataluña ERC, el partido que comparte el gobierno de la Generalitat con el Partido Socialista. Un acuerdo “contra natura” democrática y constitucional que ha incluido la tensa reforma territorial del Estado en curso, y también la fallida negociación con ETA, y el posterior regreso del terror.

El Rey ha sabido reaccionar, y ante la pasividad de los partidos políticos y de las instituciones, ha sido el monarca quien ha puesto en valor su figura y la propia institución monárquica con discursos donde ha reivindicado el rol de la Corona en la transición. Y con iniciativas decididas y premeditadas, tales como el viaje a Ceuta y Melilla (para subrayar la unidad de España), la visita a las tropas españolas destacadas en Afganistán (como Capitán General, para que no se olvide que sigue al frente del Ejército, en contra de lo que pretendió, en el Senado, ERC), y su imperativa y sonora petición de silencio al presidente Chávez, entre otras cosas y gestos que han merecido el aplauso y el apoyo popular.

Y una posterior y un tanto tardía reacción del Presidente Zapatero, de su Gobierno y de su entorno mediático (RTVE y Prisa/El País), temerosos todos ellos de que los ataques al Rey y el prestigio del monarca puedan influir en la posible derrota de los socialistas en las próximas elecciones de marzo. Porque el Gobierno, el PSOE y esos medios de comunicación saben que los pactos de Zapatero y del PSC-PSOE con la Esquerra Republicana están en el origen de esta crisis sobre la Corona, a la que se han sumado de manera grotesca un ruidoso sector de la extrema derecha del PP, que lidera la Conferencia Episcopal a través de la COPE, desde donde se ha solicitado la abdicación del Rey, también agredido, en dichas circunstancias, por un eurodiputado del PP.

El Rey ha pasado, otra vez con éxito, un nuevo desafío y contratiempo, pero hay algo que no podrá evitar: que entre los nacionalistas se dio un paso, premeditado, de agredir a la Corona como medio para presionar al Estado en sus reivindicaciones de soberanía o independencia. Los ataques no iban dirigidos al presidente del Gobierno, sino al Rey, sabedores del efecto mediático y político de semejante actuación. Algo que ya sabía y había intentado ETA, con la preparación de un magnicidio en Palma de Mallorca que, afortunadamente, fracasó.

Y quizás este ataque a la Corona, como consecuencia del desvarío federal o confederal de Zapatero, sin la previa reforma de la Constitución, y el deseo del presidente de revisar la memoria histórica de la Guerra Civil y todos los pactos y consensos de la transición, nos lleva a la conclusión de que dicha y famosa transición —cuyos males o errores nadie ha querido subrayar en aras de un cierto triunfalismo oportunista— está bastante agotada, como Régimen y sistema de poder, y empieza a enseñar sus flaquezas. Y bien merecería un punto y final para pasar de la transición de la partitocracia (el gobierno de los partidos) en vigor, a la democracia (el gobierno del pueblo) verdadera.

Naturalmente, para ello, haría falta una reforma en profundidad de la Constitución, y por lo tanto un gran pacto entre el PSOE y el PP, si es que sus dirigentes saben lo que es y quieren una democracia, renunciando al poder y privilegios de los jefes de los partidos para que el pueblo recupere su soberanía —estos pasados 30 años cedida al aparato de los partidos— y, de una vez, se imponga un sistema electoral directo, sin ventaja alguna para los nacionalistas, y verdaderamente representativo.

Para que también quede escrita en la Constitución, como tal, la verdadera separación —que hoy no existe— de los poderes del Estado: la independencia de la Justicia, sin que los partidos y otros poderes intervengan en su control y dirección; la autonomía del Parlamento frente al Gobierno, para controlar y no para servir al Ejecutivo; y la autonomía de Ejecutivo y supremacía sobre los partidos, lo que solo será posible si no se construye una monarquía nueva y presidencialista (una buena idea que en su día avanzó Maurice Duverger y de la que tuvo noticia don Juan de Bordón, padre del Rey), que permita la elección del jefe del Gobierno por sufragio universal, en una votación que integra a todos los españoles y ajena a los comicios legislativos.

Esta es la tarea pendiente en España. El Rey impulsó la transición y ahora le toca al Rey impulsar el trasvase hacia la democracia en condiciones más fáciles que la que habitaron el final del franquismo, para que el Príncipe don Felipe pueda acceder, en su día, a un Reino nuevo, más modernos, más democrático y más representativo. Lejos de las corrupciones, intrigas y los desvaríos autoritarios o centrifugadores del Estado, a los que nos llevaron (González, Aznar y Zapatero), en los pasados 30 años de Constitución, en el vigente sistema político con su tentadora acumulación de poderes —ese es el verdadero fantasma o mal de la Moncloa— y déficit de representatividad directa y verdaderamente justa y proporcional de todos los ciudadanos españoles. Treinta años, justo es decirlo, de grandes progresos económicos, sociales, de modernidad e integración internacional, y sobre todo de paz y de convivencia en libertad. Pero incompletos en lo que a la democracia de verdad se refiere.

Aunque en los últimos seis años, a raíz de la crisis abierta por el último gobierno de Aznar (Irak y 11M) y de sus maneras autoritarias y patrioteras, y por el disparate confederal de Zapatero, la situación y convivencia de los españoles se empezó a deteriorar, en casi todo. Hasta en la economía, frente a una crisis anunciada que el gobierno no ha previsto, y con ataques a la Corona, al poder judicial y a la unidad e identidad nacional.

Y, en estas circunstancias, nos acercamos a unas elecciones en las que se habla mucho de empate entre el PSOE y el PP. El que, de producirse, debería favorecer un gobierno de concentración entre las dos grandes formaciones políticas para hacer tres cosas esencialmente: recomponer la convivencia rota en los pasados años de Aznar y Zapatero; abordar la crisis económica y social que se avecina; y afrontar la reforma democrática, el paso de la partitocracia a la democracia.

El Rey don Juan Carlos I tiene tras de sí una ingente labor que la Historia le reconocerá. Pero falta todavía un impulso más, el salto hacia la democracia, porque el agotamiento y las carencias del régimen de la transición a la vista están y son la causa de muchas de las crisis vividas estos años e incluso de la incipiente debilidad del Estado, frente a la fragmentación autonómica que los partidos nacionalistas quieren llevar hasta el final.

Y si no se ataca el mal de raíz, con clarividencia y decisión, entonces el cuerpo enfermo de la transición, con la Corona incluida, empeorará camino de su perdición. No se trata de regresar a los años pasados de estabilidad, sino de avanzar hacia la consolidación democrática, de manera inequívoca y poniendo en valor la fuerza y la autoridad del Estado sobre todo lo demás. El Rey tiene aún nuevos retos por delante, y el Príncipe don Felipe lo debería de ayudar.

www.estrelladigital.es

El aumento del paro y los inmigrantes / Juan Redondo


La caída lenta de la construcción en la Región, la locomotora económica de los últimos años, y los anuncios de recesión económica, han incrementado considerablemente el número de desempleados. Y ha afectado especialmente a los colectivos de inmigrantes. La mano de obra no cualificada en la Comunidad tanto en la construcción como en la agricultura ha sido ha sido reemplazada en los últimos años por emigrantes, fundamentalmente sudamericanos y magrebíes.

La reconversión de estos trabajadores hacía otros sectores como servicios no resulta especialmente fácil para estos últimos. Mientras los sudamericanos, al compartir un idioma común, encuentran alternativas en el sector servicios y en las posibilidades que abre la aplicación de la Ley de Acompañamiento, los magrebíes tiene un camino más difícil.

En el pasado año Murcia fue la comunidad donde más crecio el paro inmigrante de toda España con cifras que superan el 58% sobre el año anterio y una bolsa de desempleados que superar las ocho mil personas. Muchos de ellos han traído a sus familias, tienen a sus hijos escolarizados, incluso han adquirido vivienda. Y entre sus planes de futuro se incluye permanencer en su nuevo país de adopción como un ciudadano más en cuanto a derechos y deberes. En muchos casos su falta de cualificación profesional y su escaso conocimiento del idioma y de las costumbres le puede convertir en grupos socialmente marginales.

Hace año ya algunos analistas apuntaron este riesgo, pero ante el crecimiento económico y la demanda de mano de obra, las medidas fueron escasas y puntuales. Ahora parece que la cruda realidad está más próxima. La Cámara de Comercio de Murcia pone el dedo en la llaga: “Puede haber problemas de integración social de los emigrantes”, apuntan en un comunicado de prensa. Problemas que ya están surgiendo en paises vecinos, especialmente en Francia.

Una cruda realidad que se acerca a pasos agigantados según los analistas y que afectará tanto a los con papeles como a los irregulares o ls “pateras del interior” y que tendrá especial incidencia en algunos municipios tanto del Guadalentín como del Campo de Cartagena y el Altiplano. Porque los observadores apuntan que la recesión además del sector inmobiliario afectará a la agricultura y también en alguna medida al sector servicios y en la industria cada vez se requiera más una mano de obra cualificada.

El panorama no se pinta de colores con las previsiones económicas para los próximos años, ya que la recesión según los expertos parece que no será corta. La integración social de los emigrantes y sobre todo la reconversión de algunos colectivos como el magrebí es uno de los grandes retos de la sociedad murciana para el futuro más inmediato.

www.elfarodemurcia.info

Plataforma por la provincialidad de Cartagena y partidos políticos / Félix Méndez Llamas *

Finalizando el año, sería bueno realizar una pequeña reflexión sobre los contactos, reuniones y actos realizados por la Plataforma por la Biprovincialidad, y el posicionamiento de los contactados, a fin de que los ciudadanos tengan conocimiento de dicha información.

Como cuestión previa, debemos recordar los colectivos y personas de reconocido prestigio y amor por nuestra Comarca, que constituyen la Plataforma: COEC, Cámara de Comercio, Federación de Vecinos de la Comarca de Cartagena, Federación Regionial de Jóvenes, Colegio de Abogados, Colegio de Produradores, Asociación de Graduados Sociales, Colectivo de Médicos de Cartagena, de Farmacéuticos, Fundación Isidoriana, UCAM, Asociación Cartagena Futuro, Hostecar, a nivel personal el Ex Alcalde de Torre Pacheco, D. Pedro Jiménez, periodistas como Ángel Montiel, Martínez Abarca, y, hasta el propio padre del Presidente de la Comunidad Autónoma D. Carlos Valcárcel. Pido disculpas por anticipado por si me hubiera dejado algún colectivo.

A ésta larga lista de componentes de la Plataforma, la más numerosa que jamás haya existido en Cartagena para reivindicar algo, hay que sumar los apoyos públicos que han manifestado, entre ellos la Unión General de Trabajadores, que en su pasado Congreso y por unanimidad mostraron su apoyo a la Biprovincialidad.

La plataforma se ha reunido de forma callada, es decir, en privado, con todos los medios de comunicación, así como, con los siguientes alcaldes: La Unión, Los Alcazares, en Torre Pacheco se hizo un acto con los empresarios y ciudadanos que dio lugar a que en un pleno municipal se aprobara la solicitud, con el Grupo Independiente cuando gobernaba en el Ayuntamiento de San Javier, con el responsable del Grupo de San Pedro del Pinatar, con los alcaldes de Noroeste (Caravaca, Calasparra, Mula, Campos del Rio).

Estamos pendientes de reunirnos con el resto de Alcaldes de la Comarca: Fuente Alamo, y San Pedro, Mazarrón, cuya entrevista será en breve. También, se ha reunido con el Consejo Social de la UPTC, así como con el Rector, con la dirección Local y Regional de la UGT y de CCOO. y con Federación de Cartagineses y Romanos.

Se han realizado actos informativos con los vecinos en: Cabo de Palos, Torre Pacheco, estando pendientes otros en La Unión, Fuente Alamo, San Javier, San Pedro y Mazarrón. Así mismo también se ha reunido con los Ponentes de la Reforma del Estatuto en la Asamblea Regional (PSOE y PP).

En consecuencia, como se podrá apreciar, la Plataforma está realizando un trabajo serio y riguroso para conseguir convencer a todo el espectro social, cultural y político de las bondades que para la región supondrá que la Reforma del Estatuto se contemple una segunda Provincia.

De todas las numerosas reuniones y contactos mantenidos, hay que destacar una cuestión muy curiosa: Nadie, es decir, ningún colectivo ni representante político ha expuesto argumentos que pudieran desmantelar el informe que la Plataforma maneja y, donde se expone entre otras cosas: la viabilidad jurídica, el potencial económico de la Comarca de Cartagena, lo positivo que para la Región supondría tener dos Provincias, a nivel político (más Diputados, y Senadores), las ventajas que para los Ayuntamientos serían contar con dos Diputaciones Provinciales (reparto más equitativo del Presupuesto Regional) para los ciudadanos: acercar más la administración al administrado…

Todo lo contrario, cuando se expone el informe anteriormente indicado, redactado por Catedráticos de la Universidad de Murcia (para que no existan suspicacias de subjetividad, ni manipulación alguna) nadie ha podido contradecirlo con argumentos serios. Más aun, todos lo que lo conocen, lo consideran muy positivo para la Región. Lo suscriben la mayoría en el acto y se convencen.

Habría por tanto, que preguntarse ¿Si el informe redactado, es tan positivo para la Comarca y la Región, que problema existe para que no se incorpore en la Reforma del Estatuto? Esa es la pregunta del millón, aparentemente de fácil respuesta, que voy a intentar explicar a continuación.

Hay que separar en dos grupos los contactos mantenidos. El primero de ellos, colectivos sociales, culturales y sindicales, que no sólo ven positivo el informe, sino que una vez explicado se incorporan automáticamente a la Plataforma (en su inmensa mayoría, estamos esperando respuesta de CCOO, la UPTC, y federación de Cartagineses y Romanos) El segundo grupo es el de los responsables políticos: Alcaldes y Diputados Regionales.

En cuanto a los alcaldes, puedo garantizar, que en privado están de acuerdo con todos los que hemos contactado. Cierto es, que en público, y eso es fácil de entender, no pueden manifestarse hasta que el Partido tome la decisión. Esta postura es mantenida tanto por los responsables del PP como del PSOE.

Cuestión aparte merece la posición de los Diputados Regionales Ponentes para la reforma de Estatuto, tanto del PP como del PSOE, no dicen que si, ni que no, sino todo lo contrario. Es decir, no pueden contradecir el informe porque carecen de argumentos. No pueden tampoco decir que lo van a incorporar, porque están sujetos a la disciplina del Partido.

Tampoco pueden decir que no, porque sería políticamente poco serio. En consecuencia, lo único que se ha podido sacar en claro es que lo “van a estudiar en el Partido y adoptarán la correspondiente decisión la Ejecutiva Regional y el Grupo Parlamentario”.

Desde aquí, sólo nos resta manifestar que la Plataforma por la Biprovincialidad, exige a los políticos (del PSOE y PP) que de una vez por todas actúen en base a lo que dicen defender: Los intereses generales de la Región. Somos conscientes, de que sectores económicos muy fuertes se oponen a este proyecto, simplemente porque defienden intereses espurios ajenos a los generales y temen perder parcelas de Poder.

Es por ello, que tanto el PP como el PSOE con valentía deben decidirse lo antes posible a favor de incorporar en la Reforma del Estatuto una nueva Provincia, para que esta Región adquiera el protagonismo que le corresponde en base a su población y potencial económico, social y cultural.

Necesitamos un Estatuto ambicioso, que nos sirva como instrumento de defensa ante el reto del futuro y, que nos facilite la posibilidad de competir con otras regiones del estado en un tono de igualdad. Obviar esto, sería una traición a todos los ciudadanos de la región que algún día los responsables políticos pagarán muy caro.

* Procurador y Graduado Social