Conforme el cierre de la frontera sur se estrecha y se torna más hermético para contener los flujos migratorios del continente africano, se abren nuevas rutas por parte de los migrantes en el intento de acceder a la fortaleza europea. Es así como Murcia queda posicionada en la frontera, hecho realzado en los últimos meses con el incremento de la llegada de pateras desde Argelia y Marruecos.
A sabiendas de la rentabilidad electoral que tiene la explotación de la imagen de un “asedio inmigrante de ilegales”, los dirigentes del gobierno autonómico no han dudado en magnificar esta cuestión con declaraciones salidas de tono. La exageración del tratamiento de este hecho –a través del recurso a metáforas bélicas o catastrofistas como “invasión” o “avalancha”- desliza progresivamente un mensaje a la opinión pública de criminalización de la inmigración denominada “ilegal”.
Se empieza así y se termina como Coalición Canaria y su nueva propuesta aprobada a trámite en el Senado con el apoyo del PP-CIU-PNV (el pasado 4 de diciembre de 2006) y que va a pasar al Congreso pronto, la cual viene a proponer una vuelta de tuerca dura contra los “sin papeles” (eliminando cualquier vestigio de garantismo de sus derechos mínimos), casi como la Ley de Extranjería de 1985.
Seguramente la población murciana se sentirá muy protegida y segura con los dispositivos de cierre de frontera cada vez más sofisticados y los centros de internamiento de inmigrantes u otras medidas de excepción. Pero también habría que preguntarse por la pérdida de calidad democrática que implica esta vulneración cada vez más intensa de los derechos humanos, y en la cual se arrojan por la borda derechos como el de asilo a los refugiados que un día fueron el símbolo de la solidaridad y tolerancia de las democracias europeas.
Es necesario subrayarlo: el problema no radica en luchar contra la inmigración “ilegal” y mucho menos interiorizar sus derechos, sino apostar por una verdadera democratización de la frontera, abandonando las políticas de cierre restrictivo y reconociendo el derecho a la movilidad con plenos derechos garantizados.
Los sucesivos procesos de regularización de trabajadores inmigrantes de 2001, 2002 y 2005 han ido desactivando la gravedad del problema de la existencia de miles de personas excluidas de la ciudadanía. ¿Qué número de inmigrantes indocumentados a fecha de hoy puede estimarse en la Región de Murcia tras el último de proceso de regularización? Según el Padrón Continuo de Habitantes de 2007, los inmigrantes extranjeros eran 200.264 (a fecha de 1 de enero de 2007). A 31 de diciembre de 2006, el Ministerio del Interior contabilizaba 160.390 Permisos de Residencia, lo que supone que 40.574 residentes se encontraban en situación irregular. Es decir, un 20% de los extranjeros residentes carecía de permiso de residencia y trabajo, una proporción inferior a la media española (que se sitúa en el 32,6%).
Esta proporción de irregulares, aunque alta, ha descendido respecto a años anteriores. Es el principal efecto positivo que cabe adjudicar al proceso de normalización de trabajadores inmigrantes extranjeros que se cerró en junio de 2005. Los inmigrantes de origen latinoamericano y europeo son los que mayormente concentran las cifras más altas de inmigración indocumentada. Frente al imaginario social, y a pesar de la alarma suscitada en los últimos meses por el impacto mediático de la llegada de “pateras” a la costa murciana procedentes de Marruecos y Argelia, lo cierto es que los inmigrantes indocumentados de origen africano son una ínfima minoría.
El grueso de la inmigración indocumentada residente en la Región de Murcia entra por carretera o aeropuerto. De hecho es mínima la que entra en patera (como muestran los bajos porcentajes de inmigración indocumentada de origen africano existente en Murcia y en España). Focalizar el problema en la “invasión de las pateras” tiene una clara intencionalidad política: la de criminalizar y vulnerabilizar a todo un colectivo. La cuestión central es la vulnerabilidad extrema del inmigrante indocumentado. Alguien que prácticamente carece de derechos de ciudadanía y que se ve impelido a vender su fuerza de trabajo en las densas redes de la economía sumergida murciana.
Las noticias de situaciones de sobrexplotación laboral de inmigrantes indocumentados que se suceden periódicamente en los medios de comunicación, evidencian una dimensión central del problema de la que apenas se habla: la abundante economía sumergida murciana, y la más extendida aún economía del trabajo precario, requiere de mano de obra vulnerable, que se adapte a las irregularidades que caracterizan a esas economías de arraigo profundo en Murcia. La cuestión no está en cerrar fronteras, sino en reconocer derechos.
A sabiendas de la rentabilidad electoral que tiene la explotación de la imagen de un “asedio inmigrante de ilegales”, los dirigentes del gobierno autonómico no han dudado en magnificar esta cuestión con declaraciones salidas de tono. La exageración del tratamiento de este hecho –a través del recurso a metáforas bélicas o catastrofistas como “invasión” o “avalancha”- desliza progresivamente un mensaje a la opinión pública de criminalización de la inmigración denominada “ilegal”.
Se empieza así y se termina como Coalición Canaria y su nueva propuesta aprobada a trámite en el Senado con el apoyo del PP-CIU-PNV (el pasado 4 de diciembre de 2006) y que va a pasar al Congreso pronto, la cual viene a proponer una vuelta de tuerca dura contra los “sin papeles” (eliminando cualquier vestigio de garantismo de sus derechos mínimos), casi como la Ley de Extranjería de 1985.
Seguramente la población murciana se sentirá muy protegida y segura con los dispositivos de cierre de frontera cada vez más sofisticados y los centros de internamiento de inmigrantes u otras medidas de excepción. Pero también habría que preguntarse por la pérdida de calidad democrática que implica esta vulneración cada vez más intensa de los derechos humanos, y en la cual se arrojan por la borda derechos como el de asilo a los refugiados que un día fueron el símbolo de la solidaridad y tolerancia de las democracias europeas.
Es necesario subrayarlo: el problema no radica en luchar contra la inmigración “ilegal” y mucho menos interiorizar sus derechos, sino apostar por una verdadera democratización de la frontera, abandonando las políticas de cierre restrictivo y reconociendo el derecho a la movilidad con plenos derechos garantizados.
Los sucesivos procesos de regularización de trabajadores inmigrantes de 2001, 2002 y 2005 han ido desactivando la gravedad del problema de la existencia de miles de personas excluidas de la ciudadanía. ¿Qué número de inmigrantes indocumentados a fecha de hoy puede estimarse en la Región de Murcia tras el último de proceso de regularización? Según el Padrón Continuo de Habitantes de 2007, los inmigrantes extranjeros eran 200.264 (a fecha de 1 de enero de 2007). A 31 de diciembre de 2006, el Ministerio del Interior contabilizaba 160.390 Permisos de Residencia, lo que supone que 40.574 residentes se encontraban en situación irregular. Es decir, un 20% de los extranjeros residentes carecía de permiso de residencia y trabajo, una proporción inferior a la media española (que se sitúa en el 32,6%).
Esta proporción de irregulares, aunque alta, ha descendido respecto a años anteriores. Es el principal efecto positivo que cabe adjudicar al proceso de normalización de trabajadores inmigrantes extranjeros que se cerró en junio de 2005. Los inmigrantes de origen latinoamericano y europeo son los que mayormente concentran las cifras más altas de inmigración indocumentada. Frente al imaginario social, y a pesar de la alarma suscitada en los últimos meses por el impacto mediático de la llegada de “pateras” a la costa murciana procedentes de Marruecos y Argelia, lo cierto es que los inmigrantes indocumentados de origen africano son una ínfima minoría.
El grueso de la inmigración indocumentada residente en la Región de Murcia entra por carretera o aeropuerto. De hecho es mínima la que entra en patera (como muestran los bajos porcentajes de inmigración indocumentada de origen africano existente en Murcia y en España). Focalizar el problema en la “invasión de las pateras” tiene una clara intencionalidad política: la de criminalizar y vulnerabilizar a todo un colectivo. La cuestión central es la vulnerabilidad extrema del inmigrante indocumentado. Alguien que prácticamente carece de derechos de ciudadanía y que se ve impelido a vender su fuerza de trabajo en las densas redes de la economía sumergida murciana.
Las noticias de situaciones de sobrexplotación laboral de inmigrantes indocumentados que se suceden periódicamente en los medios de comunicación, evidencian una dimensión central del problema de la que apenas se habla: la abundante economía sumergida murciana, y la más extendida aún economía del trabajo precario, requiere de mano de obra vulnerable, que se adapte a las irregularidades que caracterizan a esas economías de arraigo profundo en Murcia. La cuestión no está en cerrar fronteras, sino en reconocer derechos.
