Los fiscales coreanos se centran en cuentas sospechosas de Samsung

SEÚL.- Los fiscales surcoreanos que están investigando las acusaciones de corrupción contra el gigante Samsung dijeron el viernes que habían restringido su interés a unas 400 cuentas que podrían estar vinculadas a un supuesto fondo para sobornos.

Un ex ejecutivo del departamento jurídico del mayor grupo del país acusó el mes pasado a Samsung de gestionar un fondo de 200.000 millones de wons (unos 148 millones de euros) para sobornar a funcionarios públicos y evitar así una investigación sobre sus operaciones.

"La lista de cuentas se ha hecho mucho más corta", dijo un responsable de la fiscalía por teléfono. "Es aproximadamente de 300 ó 400".

Algunos medios han dicho que el número de cuentas investigadas superaba en mucho las 1.000.

El ex empleado de Samsung, Kim Yong-cheol, dijo que la compañía ocultó los fondos ilícitos en decenas de cuentas de ahorro a nombre de actuales y antiguos ejecutivos.

La compañía, cuyas ventas son equivalentes a alrededor de una sexta parte de toda la producción económica de la decimotercera mayor economía del mundo, ha negado cualquier ilegalidad.

La fiscalía entregará registros de las cuentas a un nuevo equipo de investigadores liderado por un consejero independiente, que se prevé que empiece a trabajar en enero, dijo el responsable.- (Reuters)

IU de Totana vuelve a solicitar la dimisión del alcalde Martínez Andreo

TOTANA.- El concejal de IU + Los Verdes en el Ayuntamiento de Totana, Juan José Cánovas, ha manifestado hoy el respeto de esta formación política a la actuación de la Justicia. Tanto a las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, la Juez de Instrucción de Totana o la Audiencia Provincial.

"Solicitamos del Partido Popular que acate la actuación de la Justicia, en el marco del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución Española…", dice en un comunicado distribuido esta noche.

"La crispación ciudadana, los "palos de ciego" o la tensión que están generando estos días el entorno del Partido Popular, ni beneficia a Totana, ni a la presunción de inocencia de Martínez Andreo, que debe presentar su dimisión inmediata para no mezclar a la Institución Municipal con los supuestos delitos que imputa la Justicia a las personas encausadas".

Cánovas, ha salido al paso de las acusaciones del Portavoz del PP en Totana, José Antonio Valverde, manifestando que la formación eco socialista, está tratando este escabroso tema con mucha cautela y respeto a las personas y familias, lejos de las algaradas o presiones organizadas por el PP, sin fundamento alguno.

"Los concejales de IU + Los Verdes, han tenido responsabilidades de Gobierno Municipal, en otros periodos, y han actuado honestamente con el dinero de los vecinos, por lo que pueden ir con la cabeza muy alta por la calle, sin temor a nada ni a nadie. Los delitos que se imputan, en el proceso de la operación "Tótem", son de tal gravedad que no se sostiene, ni un día más, que el alcalde mantenga su acta de regidor en prisión, que puede prolongarse durante tiempo indefinido".

De igual forma, los concejales de IU + Los Verdes, solicitan de nuevo el cese inmediato de la secretaria de la Corporación, en libertad bajo fianza, acusada de delitos tan graves como la falsedad en documento público.

"Los actuales concejales, del Partido Popular, que fueron miembros del Gobierno presidido por Juan Morales, que aprobaron los convenios urbanísticos y el Plan General (Juan Carrión, José A. Valverde, Roque Molina y Josefa María) deben asumir sus responsabilidades políticas y dimitir de sus cargos".

Por parte de IU + Los Verdes, se manifiesta la voluntad inequívoca de colaborar con un nuevo alcalde, del Partido Popular, "para dar estabilidad y reconducir el rumbo de un pueblo, que se encuentra en el peor momento de su historia, por la actuación de especuladores y presuntos delincuentes, acusados y perseguidos por la Justicia".

También el concejal socialista del Ayuntamiento de Totana Andrés García declaró que «los únicos culpables de la presunta trama urbanística desarrollada en la localidad son el alcalde, José Martínez Andreo, y las personas imputadas».

El edil socialista afirmó que la desestimación del recurso de apelación interpuesto por el abogado de Martínez Andreo ha desmontado la estrategia del PP cuando aseguraba que la trama urbanística era conspiración contra este partido.

Sobre el ex alcalde Juan Morales afirmó que debe entregar su acta de diputado regional porque «los totaneros están pagando con sus impuestos su sueldo de 4.000 euros, cuando él no aparece por la Asamblea Regional». «Si queremos limpiar el buen nombre de Totana primero se tiene que limpiar el ayuntamiento».

IU denuncia presiones del Grupo Trampolín para construir una macrourbanización en Mula

MULA.- El portavoz municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Mula, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado públicamente supuestas presiones ejercidas contra los representantes de IU en el consistorio, directamente por parte la promotora inmobiliaria "Grupo Trampolín".

La citada empresa ilicitana pretende levantar un complejo urbanístico en un terreno rústico; algo para lo que necesita la reclasificación por parte del Ayuntamiento muleño, que gobiernan en coalición PSOE e IU-LV.

Álvarez-Castellanos denuncia la publicación de anuncios en prensa, en los que se le aludía directamente, llamadas telefónicas, para que se lo piense, por parte del presidente de la promotora, Grupo Trampolín, y requerimientos al Ayuntamiento exigiendo plazos para que se desdijera de la declaración propiciada por IU para rechazar el convenio con esta empresa.

«No es porque sea Trampolín, sino porque no hay recalificaciones con IU», dice Álvarez-Castellanos.

«En el acuerdo de Gobierno plasmamos expresamente nuestro rechazo a este tipo de macrourbanizaciones», justificó Álvarez, que dudó del propósito social de un proyecto que anuncia 1.900 viviendas a precio inferior a una VPO y próximas a la Puebla de Mula.

Para IU, publicitar una construcción en suelo no urbanizable es «publicidad engañosa».

Este episodio, según IU, responde a una Ley regional del Suelo que propicia la corrupción, aunque la presencia de IU en el Ayuntamiento de Mula cercena, a su juicio, la posibilidad de que lleguen maletines con billetes de 500 euros.

También el coordinador regional de IURM, José Antonio Pujante, denunció públicamente el “acoso” al que se está viendo sometido el portavoz de IU+LV en el Ayuntamiento de Mula, José Luis Álvarez-Castellanos, por parte de Trampolin Hills, al oponerse a que a esta empresa “se le recalifiquen un millón y medio de metros cuadrados de terreno rústico para un proyecto de macrourbanización, disfrazado ahora de proyecto social, aunque inicialmente pretendían un resort con campo de golf”.

El alcalde de Alcantarilla recoge la acusación por los vertidos al Segura

ALCANTARILLA.- El alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, acudió ya al juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 4 de Murcia a recoger los escritos de acusación -del fiscal y las dos acusaciones particulares, Izquierda Unida y Pro Río- por el caso de los vertidos al Segura producidos en 1998.

Mellado fue el único de los ocho imputados en el caso que se personó en la sede judicial.

Los otros, los ex presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura Juan Cánovas Cuenca y Antonio Nieto Llobet; dos ex comisarios de Aguas de la CHS, José Alemán Ferrán y Luis Pérez Séiquer; un funcionario de la CHS, Julio Muñoz Bravo; un técnico de Dragados y Construcciones, Román Garrido Sánchez; y el ex presidente de EMUASA, José Luis Hervás, no recogieron los escritos, que deben ser entregados en persona, en una decisión que -según fuentes judiciales- no sentó bien, ya que vuelve a dilatar un proceso que ya cumple casi ocho años.

Denuncia de IU

El caso saltó a la luz tras la denuncia de dos ediles de Izquierda Unida, tras un vertido de las aguas residuales de la antigua depuradora de Alcantarilla al Segura sin depurar.

Por ello, las acusaciones particulares solicitan seis años de cárcel para Mellado y Hervás, y entre dos y cuatro para el resto. El caso deberá ser juzgado -en diez días tras las notificaciones se pondrá fecha al juicio oral- por la Audiencia Provincial.

A Mellado se le imputa un delito ecológico, con la agravante de posible riesgo para la salud de las personas.- (Agencias)

El PSRM pide a Ballesta que explique el estado de la contratación de la autovía Santomera-Mar Menor

CARTAGENA.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al consejero de Obras Públicas, José Ballesta, que explique en la Asamblea Regional el estado en que se encuentra la contratación de la autovía de conexión de la A-7 en Santomera con la comarca del Mar Menor, concretamente en el tramo Zeneta-San Javier.

Según informó en un comunicado de prensa, el PSRM pregunta en su petición "qué ha pasado con la contratación de esta autovía, puesto que el pasado 31 de julio quedó desierto el concurso de adjudicación de la obra y el 22 de octubre de 2007 el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó una resolución que declaraba desierta la licitación referente al concurso de la mencionada autovía".

"Resulta llamativo que, pese a todo esto, el 14 de diciembre, el Consejo de Gobierno autorizase el gasto de 111 millones de euros para ejecutar las obras de la futura autovía Santomera- Mar Menor", afirma, y recuerda que la obra se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas formada por Ploder y Construcciones Martínez.

Por ello, reclama la presencia del consejero en la Cámara, con el objetivo de que explique "qué ha pasado y qué ha cambiado desde el 22 de octubre al 14 de diciembre para que se le adjudique esta obra a la Unión Temporal de Empresas formada por Ploder y Construcciones Martínez".

El grupo parlamentario socialista ha solicitado también copia del expediente completo.-(Agencias)

China condena a muerte por malversación al ex presidente de la mayor compañía industrial

SHANGHAI.- El ex presidente de Shanghai Electric Group, la mayor compañía china de producción de equipos industriales, Wang Chengming, fue condenado a muerte por malversación de fondos y soborno, informó hoy la prensa estatal.

Wang y otros directivos de Shanghai Electric fueron considerados culpables de haberse apropiado ilegalmente de 40 millones de dólares en negocios de compraventa de tierras en Shangai, según la sentencia del Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en el noreste de China.

Los otros directivos condenados son Yan Jinbao y Lu Tianming, que recibieron respectivamente sentencias de cadena perpetua y 15 años de prisión.

Wang, también ex presidente de una importante empresa tecnológica nacional (Shanghai SVA), es uno de los empresarios de más alto rango que han sido condenados a la pena capital por las autoridades chinas, que en los últimos años han endurecido las sentencias para grandes casos de corrupción.

Es además la segunda condena a muerte de un alto cargo corrupto esta semana, después de que ayer, jueves, se anunciara la pena capital para el ex fiscal jefe y ex subdirector del Buró de Seguridad Pública de la municipalidad de Tianjin (norte), Li Baojin, acusado también de aceptar sobornos y malversar fondos públicos.

Wang fue detenido en agosto del 2006 y calificado de haber cometido "graves violaciones de la disciplina financiera" por el entonces máximo responsable del Partido Comunista de China (PCCh) en Shangai, Chen Liangyu, quien irónicamente acabó involucrado poco después en el mayor escándalo de corrupción de los últimos 10 años en China.

Wang Chengming también apareció en la larga lista de implicados en ese escándalo encabezado por Chen Liangyu, aunque la sentencia de hoy no parece estar relacionada directamente con éste, ya que se trató de la apropiación ilegal de dinero del mayor fondo de pensiones del país.

Shanghai Electric Group produce equipos de transporte, electromecánicos y generadores de energía, controles de automoción, equipos de distribución, elevadores, maquinaria pesada y de herramientas, y la mayoría de sus operaciones se llevan a cabo en territorio chino.

La corrupción entre funcionarios comunistas y responsables de empresas estatales constituye uno de los principales motivos de descontento social, por lo que el Gobierno ha puesto en marcha diversas campañas anticorrupción en los últimos años para lavar la imagen del Partido Comunista.- (EFE)

La Sección Tercera de la Audiencia mantiene la prisión incondicional para el alcalde de Totana

MURCIA.- El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, permanecerá en prisión después de que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia desestimase el recurso de apelación contra la prisión incondicional decretada por el juzgado de instrucción número 1 de Totana, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

En los fundamentos que expone la sala para desestimar el recurso, señala que, según el informe emitido por el juzgado instructor, "los hechos revisten apariencia delictiva y son presuntamente constitutivos de, al menos, los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, omisión del deber de perseguir determinados delitos, y falsificación de documentos públicos".

El tribunal añade que "existen indicios racionales de la participación de José Martínez Andreo en la ejecución de los mismos, según se desprende de las pruebas" practicadas.

Los magistrados concluyen que "en función de la gravedad de las penas previstas para estos delitos procede mantener la situación de prisión provisional".

La Audiencia ha adoptado este acuerdo de conformidad con la petición del ministerio Fiscal, que desde el primer momento había mostrado su oposición a la puesta en libertad de Martínez Andreo.

"En el momento procesal en el que nos encontramos, en fase inicial de la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos, se considera dicha medida proporcionada y justificada...ya que con ello se impide que el recurrente interfiera, oculte o destruya las fuentes de prueba, al tiempo que se evita que pueda sustraerse a la acción de la justicia", añade la sala en sus fundamentos jurídicos.

El acuerdo del tribunal concluye que contra esta decisión no se puede interponer ya ningún recurso.

Martínez Andreo se encuentra en prisión provisional desde la madrugada del pasado 3 de diciembre, después de que el Juzgado de Instrucción número Uno de Totana fijara esta medida, en el marco de la operación 'Tótem' contra una presunta trama de corrupción urbanística.

El alcalde se encuentra en el módulo 1 del centro penitenciario de Sangonera, el de menor seguridad y destinado para los presos preventivos.

En la denominada Operación Tótem que lleva a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han sido imputadas hasta ahora 13 personas, entre ellas Andreo, cuyo abogado ha pedido además el alzamiento "al menos parcial" del secreto de las actuaciones aduciendo la revelación por parte de algunos medios de comunicación de datos relevantes.

La operación comenzó el 26 de noviembre con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo (Pontevedra) y Las Rozas (Madrid).

Comunicado de la defensa

El bufete de abogados Ramos Calabria, que defiende al alcalde de Totana, José Martínez Andreo, en prisión desde la madrugada del pasado 3 de diciembre, emitió un comunicado en el que niega que el alcalde de Totana destruyera varias bolsas de documentos en su casa el día antes de su detención y rompiera los papeles y los arrojara a un contenedor de basura, de dónde supuestamente los habría recogido la Guardia Civil.

Afirma que es falso, "no ha destruido ningún documento que pudiera afectar a la investigación, siendo del todo imposible que conste en la diligencias, prueba o indicio fehaciente de tal imputación".

El comunicado se produce, tal y como consta en este documento, "tras entrevistarnos con nuestro cliente José Martínez Andreo, alcalde de Totana, en el centro penitenciario de Sangonera", donde se encuentra interno en situación de prisión provisional, "y nos ha expresado su intención de comunicar a la opinión pública que la información publicada es rotundamente falsa".

El documento continúa reclamando de forma reiterada la petición al juzgado "para que proceda al inmediato alzamiento del secreto sumarial, única forma de restablecer, ya no el equilibrio procesal entre las partes, sino las mínimas condiciones de defensa exigibles en un Estado de Derecho".

El comunicado resalta que es incompatible que el alcalde destruyera documentos "con la actitud que en todo momento ha mantenido, antes incluso de que se procediera a su detención, de plena colaboración con la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".