martes, 4 de diciembre de 2007

Los populares ponen parches a la ‘Operación Tótem’ / Juan Redondo


Dicen expertos juristas que para que la juez instructora haya decretado prisión incondicional del alcalde de Totana es porque existen evidencias muy fuertes de presuntos delitos. Y el alcalde que duerme en Sangonera ya ha pedido la baja voluntaria del Partido Popular. Los mismo que ha hecho el diputado regional y presidente del PP en Totana, Juan Morales.

Cuantas coincidencias en el mismo día. Los populares regionales encantados de conocer la decisión de sus dos ex compañeros de viaje, porque en la última semana no sabían que hacer con esa patata caliente que les había caído encima.

¿Han pedido la baja voluntaria, o les han recomendado en el interno que era lo mejor que se podía hacer en esta situación?, dicen que esa es la pregunta. Porque en el caso contrario tras el escándalo de la trama urbanística de Totana, con unas generales a la vuelta de la esquina, no les quedaba más remedio que expulsarles del partido. Con toda la presunción de inocencia incluida, las decisiones de la juez instructora estarán más que motivadas, con sus resoluciones con libertad bajo fianza en la mayoría de los imputados y la incondicional para el alcalde.

La decisión popular de aceptar la renuncia voluntaria de sus dos hasta ayer destacados militantes, no supone una condena interna, ni pública en el partido. Si ellos quieren defenderse por su cuenta que lo hagan, ellos se personarán como acusación pública para garantizar la limpieza del proceso.

No se les ha exigido a los dos totaneros la renuncia a sus cargos públicos. A nivel orgánico se crea temporalmente una gestora para sustituir a Morales como presidente. Se arropa al grupo municipal con con el alcalde en funciones al frente de la corporación, donde gozan de una mayoría holgada. No se exige al concejal independiente, con residencia temporal fuera de su domicilio, que renuncie a su acta municipal.

En la Asamblea Regional sucede algo parecido, con su solicitud de baja en el PP, el diputado Morales podrá defenderse tranquilamente si en los remates de la “Operación Tótem” se ve implicado, sin perjudicar a la imagen del partido. No renuncia a su acta de diputado y queda como independiente. Pertenece al grupo parlamentario popular, ya que formó parte de sus candidaturas. ¿Ahora se irá al grupo mixto a hacer compañía a Pujante el representante de IU-Los Verdes o seguirá bajo el cobijo del grupo popular como independiente hasta que se aclare el culebrón?.

Parece que con las resoluciones obligadas de ayer los populares murcianos han tirado por la calle del medio y dejan las decisiones políticas a los pronunciamientos en los procesos judiciales. En esta ocasión no han aplicado las palabras de César sobre su mujer repudiada, “no basta con que sea honrada sino también aparentarlo”. Y aquí la honradez está cuestionada por un poder independiente que se llama el Judicial. Un partido que ha afirmado que en temas de corrupción sería contundente y no miraría para otro lado.

Quizás un sector de la sociedad precisamente esperaba mayor contundencia por parte de la dirección regional ante un alcalde ingresado en prisión incondicional sin fianza, el primer caso que se da en la Región. Sería un error que la imagen de corrupción generalizada se trasladara aquí, como se empieza apuntar por la trama urbanística de Totana, aunque los cargos públicos y los partidos están para cumplir las leyes. Apunta un observador que los populares no deben olvidar como empezó y terminó la última etapa del feudo socialista en la Región.

¿Ahora le toca al TSJ tomar el asunto?

Parece que la juez instructora ha terminado básicamente ya su trabajo, ahora quedan las conclusiones y las calificaciones. Pero no se esperan nuevas detenciones por la trama urbanística totanera. Todo apunta que el siguiente destino está en el Tribunal Superior de Justicia, aunque sólo sea por el detalle de Juan Morales de renunciar a su militancia del PP, aunque manteniendo su condición de aforado como parlamentario regional.

El ex alcalde ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de las investigaciones y tras las primeras actuaciones judiciales. Se ha sentido acosado, atrincherado y desaparecido en su trabajo como parlamentario regional. Ha dado un paso que según muchos compañeros de su ahora ex partido, debería haber dado hace una semana.

La proximidad de las generales y la lucha por el décimo diputado en Murcia dicen los populares que tiene algo o bastante que ver con esta historia, a pesar de la contundencia con la que ha actuado la juez. Según estas teorías no sería descartable que Totana fuera sólo la punta de un iceberg que se podría extender a otros municipios de la Región, y en las quinielas ya suenan varios nombres.

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Una ex concejala de Fortuna acusa al alcalde del PP, Matías Carrillo, de comprar votos

FORTUNA.- La ex concejala del Partido Popular en Fortuna María Dolores Sánchez acusó ayer al alcalde del mismo partido, Matías Carrillo, del PP, durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Murcia, de comprar votos en las elecciones de mayo de 2003 a cambio de empleos, precisamente el mismo delito por el que ella fue imputada.

La acusación de la ex edil popular no se quedó ahí, y se extendió a una larga lista de personas. Sánchez implicó en estos actos al padre del alcalde, a su esposa, Felicia Inmaculada Illán; a su hermano, a su prima, Francisca Ortigosa; a su primo, Antonio Ortigosa; al teniente de alcalde, José Antonio López; al concejal de Medio Ambiente, José Antonio Cascales; al de Deportes, Salvador Bernal; al de Cultura, Miguel Romero; al de Urbanismo y Policía, Gregorio Herrero, y a los hijos de este, que, según María Dolores, se habrían encargado de llevar los sobres de los votos al correo.

Ante esta cascada de nombres que citó la acusada, por la que el fiscal dijo sentirse "sorprendido", la Sala suspendió el juicio oral y ordenó que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cieza que investigase la implicación de estas personas en los hechos denunciados.

María Dolores Sánchez, por su parte, se declaró inocente. El fiscal pedía para la ex edil de Servicios Sociales y Personal una pena de doce fines de semana de arresto y multa de seis meses, a razón de 6 euros al día, por, supuestamente, haber ofrecido un empleo en el Ayuntamiento -con la posibilidad de firmar un contrato de trabajo eventual- a cambio de hacer entrega de toda la documentación necesaria para votar por correo al PP en las elecciones del 25 de mayo de 2003.

La ex edil aseguró que "el alcalde es quien me decía a quién tenía que contratar". Además, cuando se le preguntó si era cierto que unas 25 ó 30 personas que votaron por correo en 2003 fueron contratadas por el Consistorio, respondió que no lo sabía, y añadió: "El alcalde, su esposa, el hermano o la prima pudieron comprar los votos. Yo no quise participar. Dije que no porque no me parecía ético".

Sánchez se siente, en sus propias palabras ante el tribunal, una "cabeza de turco" y no duda en atribuir al alcalde, Matías Carrillo (en la imagen), la responsabilidad de las firmas de estos contratos irregulares. "Los contratos los firmaba el alcalde, y no firmó ninguno en mi presencia. Él me pedía que diera aviso a las personas que debían firmar y yo les decía el día y la hora en que debían tramitarlos", explicó.

Esto fue así, según ella, hasta que el Ayuntamiento comenzó a ser investigado por estos hechos. "Hasta que no se abrió la investigación judicial, el alcalde no delegó en mí la contratación", apuntó.

Según María Dolores, una de las personas que la ha acusado por estos hechos, llamada Juana María, lo hizo en cumplimiento de una amenaza. "Ella tenía a su esposo en la cárcel y me amenazó con acusarme de la compra de votos si no lo sacábamos de allí. Se lo conté al alcalde, pero él no hizo nada al respecto", afirmó.

El nuevo equipo de gobierno de San Javier asegura estar en condiciones de gobernar

SAN JAVIER.- El nuevo equipo de Gobierno de San Javier, integrado por los siete concejales socialistas y el del CDL afirmaron hoy en un comunicado de prensa tras conocer la renuncia de los cuatro ediles del CISJ que están en condiciones "de asegurar la estabilidad y eficacia en la gestión", por lo que ofrecen un mensaje "de tranquilidad" a los vecinos.

Asimismo el grupo socialista quiere expresar su agradecimiento al grupo Independiente por el apoyo prestado durante estos meses y lamenta que haya decidido romper el pacto del Gobierno "de forma unilateral".

Desde el equipo de Gobierno se ha destacado que hoy comienza una nueva etapa en nuestro municipio en la que el grupo municipal Socialista y el representante del CDL trabajarán "con redoblado esfuerzo y con la vista puesta en el futuro de San Javier, sin perder ni un minuto".

El equipo actual de Gobierno anuncia además en el comunicado que "pondrá todo su esfuerzo y capacidad de trabajo para que el pueblo de San Javier siga funcionando", y que tomará las decisiones oportunas para ello.

El Partido Popular de San Javier dijo poco antes que se posicionaría cuando la ruptura del pacto del tripartito «sea totalmente oficial». Así lo había manifestado el portavoz del grupo municipal popular, Juan Martínez, quien había asegurado que «mientras tanto, los ediles independientes continúan estando en el equipo de gobierno».

Martínez se mostró francamente sorprendido por el reciente anuncio que realizó la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, de que el pacto se había roto, ya que de producirse este hecho, tan sólo habrían pasado cinco meses desde que se constituyó el gobierno municipal y hasta que se produzca esta ruptura.

Según manifestó el portavoz popular de San Javier «desde un primer momento veían incongruencia en el pacto que se había firmado», y señaló que se había dado «un excesivo poder del Partido Socialista a la candidatura independiente. Nos da la sensación de que en este pacto de gobierno cada grupo ha ido por su lado», aseguró.

Martínez quiso dejar claro que desde que Arantxa Espeso anunció la ruptura con los otros dos partidos del tripartito, el PP no ha mantenido conversaciones con ninguna formación política, y que esperarán a que se haga oficial, lo que auguró que podría producirse a lo largo del día de hoy.

«Cuando se el anuncio de la ruptura se haga oficial -agregó- será el momento en el que el Partido Socialista tenga que decir cuáles son sus pretensiones, y si tienen intención de gobernar en minoría o tienen pensado hacer propuesta de acuerdo con algún otro partido», concluyó Juan Martínez.- (EFE)

La celebración del patrón del municipio de San Javier había impuesto una tregua en la crisis surgida tras el anuncio de Arantxa Espeso de romper la coalición con el PSOE en el Ayuntamiento.

A la espera de que la todavía teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente presentase su renuncia a la alcaldesa, Pepa García, la diputada regional Rosa Peñalver, presidenta de la gestora del PSOE en San Javier, consideró que la actitud de Espeso es ‘incoherente’ al notificar la ruptura a los medios de comunicación antes de hacerlo a la alcaldesa.

A los actos de la celebración de San Francisco Javier asistió toda la Corporación municipal, aunque no hubo acercamiento entre los diversos partidos. Espeso y la alcaldesa ocuparon los lugares que protocolariamente les correspondían, pero en ningún momento se saludaron.

Murcia es una de las regiones donde más bajó el precio de la vivienda usada en noviembre

MADRID.- El precio de la vivienda de segunda mano descendió en Murcia un 1,65% en noviembre, con lo que el metro cuadrado se sitúa en los 1.912 euros.

En España, el precio también bajó, pero menos: un 0,68% el pasado mes de noviembre, hasta alcanzar los 2.476 euros por metro cuadrado, mientras que en lo que va de año acumula una subida del 0,12%, según datos del portal inmobiliario Facilisimo.com.

El informe mensual de Facilisimo.com se basa en una muestra de más de 100.000 inmuebles de todo el país anunciados en Internet durante el mes de noviembre.

En este periodo, los precios cayeron en catorce comunidades autónomas, si bien los mayores descensos se produjeron en Asturias, que cayó un 6,6% (2.011 euros por metro cuadrado); en Extremadura, con una reducción del 4,81% (1.325 euros por metro cuadrado); Aragón y Murcia , ambos con el 1,65%menos (2.500 y 1.912 euros por metro cuadrado respectivamente); y Cantabria, con un 1,04% (2.385 euros por metro cuadrado).

Por el contrario, las mayores subidas se registraron en Navarra, donde los precios subieron un 1,76%; Galicia, con un aumento del 1,21%; y Castilla y León con un 0,76% más altos.- (Agencias)

El PSRM destaca "la necesidad" de un cambio en el modelo de crecimiento de la Región

MURCIA.- El secretario de Política Económica y Empleo del PSRM-PSOE, Javier Mármol, destacó hoy, tras conocer los los datos del desempleo de noviembre, que Murcia cuenta con "los mayores incrementos de paro en términos relativos", lo que denota "la necesidad" de un cambio en el modelo de crecimiento.

En un comunicado de prensa Mármol dijo que Murcia es "una de las regiones donde el paro ha subido por encima de la media nacional comparado con el mes de octubre" y "la primera si comparamos con el mismo mes del año pasado".

Estos datos, según el dirigente socialista, demuestran que "ya empieza a ser tarde para que, de una vez por todas, el Gobierno regional adopte medidas concretas de apoyo a la construcción para que no se produzca un enfriamiento brusco del sector, por ejemplo con el fomento de la vivienda de protección oficial".

"El incremento del paro en la comunidad autónoma nos sitúa con 49.895 desempleados, un 14,83 por ciento más que en el mismo mes de 2006. Si cuando esta tasa estaba por debajo de la nacional el PP atribuía el mérito del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ahora debería de asumir también su responsabilidad con este razonamiento", afirmó Mármol.

Asimismo destacó que la Región está por debajo de la media nacional en contratación indefinida, y exigió al Gobierno autonómico que "adopte medidas para el fomento de la actividad industrial en Murcia y que sea la industria la que absorba con una mayor importancia la mano de obra que esta como excedente en otros sectores, como puede ser el de la construcción".- (EFE)

La Región de Murcia recibe 523,8 millones de euros de los fondos FEDER para 2007-2013

MURCIA.- La Comisión Europea ha aprobado ocho programas operativos regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el período 2007-2013, entre ellos uno a Murcia por 523,8 millones de euros, informó hoy la Delegación del Gobierno.

De esa cuantía, 165,6 millones de euros son para transporte y energía; 111 para medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos; 90,2 para desarrollo e innovación empresarial; 79,7 para desarrollo de la economía del conocimiento; 39,7 para infraestructuras sociales; 32,1 para desarrollo sostenible local y urbano, y 5,2 para asistencia técnica y refuerzo de capacidad institucional.

Los citados programas corresponden además de a Murcia, a las Comunidades Autónomas de Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, y en total suponen una asignación de fondos comunitarios por un importe de 8.193 millones de euros para el período indicado.

Las actuaciones incluidas en los programas aprobados representan una inversión pública total, incluyendo la aportación española, de 12.278,7 millones de euros.

En total son doce los Programas Operativos aprobados hasta el momento, por un total de 8.873 millones de euros de ayuda FEDER, correspondientes a actuaciones que supondrán un gasto público total de 13.353 millones de euros.

Los Programas Operativos son los documentos que recogen las prioridades a las que se destinará la ayuda comunitaria, así como el plan financiero conforme al cual se ejecutará, y han sido elaborados por el Ministerio de Economía y Hacienda conjuntamente con las Comunidades y Ciudades Autónomas respectivas.

Las actuaciones objeto de financiación de la Unión Europea serán desarrolladas por organismos de la Administración del Estado y de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como por las Entidades Locales.

Asimismo, la Comisión ha aprobado el Programa Operativo plurirregional de Economía basada en el Conocimiento, que se aplicará en: Andalucía, Asturias, Extremadura, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia, Valencia y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El citado programa asigna 1.038 millones de euros de ayuda FEDER a la financiación de proyectos e infraestructuras de I+D enmarcadas en el Plan Nacional de I+D+i y desarrollados principalmente por centros públicos, así como otros 412,5 millones a actuaciones de impulso a la Sociedad de la Información integradas en el Plan Avanza y que serán desarrolladas principalmente por la Entidad Pública Empresarial Red.es, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La firma de los programas operativos tendrá lugar el día 20 de diciembre en Madrid y contará con la presencia de Danuta Hubner, Comisaria Europea responsable de Política Regional, y de Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, así como de los Consejeros de las Comunidades Autónomas responsables de la gestión del FEDER.- (EFE)

El fiscal pide 4 años de cárcel para un constructor acusado de estafar a un cliente

MURCIA.- El fiscal ha pedido cuatro años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros para un constructor que será juzgado en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de estafar al cliente que le había entregado 55.000 euros por la compra de una parcela y la edificación de una vivienda.

El Ministerio Público acusa también a Francisco L.P. de un delito sobre la ordenación del territorio por construir en la parcela, que se encontraba en suelo rústico no urbanizable, y pide nueve meses de prisión y otros doce meses de multa con la misma cuota diaria, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de constructor durante nueve meses.

Las conclusiones provisionales del fiscal señalan que mediante contrato privado el acusado vendió a finales de enero de 2005 a Anthony D.C. una finca rústica ubicada en Pliego, con una superficie de 1.300 metros cuadrados, junto con una vivienda de 85 metros cuadrados que se comprometió a construir.

Con posterioridad al mes de mayo de 2005, Francisco L.P. construyó con los trabajadores de su empresa la edificación no autorizada de la vivienda.

El Ministerio Público pide al tribunal que condene también al acusado a indemnizar al cliente con los 55.000 euros que le entregó, más los intereses legales.- (EFE)

Teléfono gratuito para el acoso inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Vivienda habilitará un teléfono gratuito para atender a los afectados por prácticas de acoso inmobiliario.

Así lo ha informado la titular del departamento, Carmen Chacón, tras la firma de un protocolo de colaboración, contra este acoso, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Chacón ha explicado que el acoso inmobiliario es "un delito tipificado en el Código Penal que no va a quedar impune" y ha añadido que el protocolo de colaboración con la FEMP establece una primera experiencia piloto, en un plazo de 60 días, que tendrá lugar en diez ayuntamientos, tras lo cual se extenderá a todo el territorio nacional.

La ministra ha afirmado que el teléfono será atendido por personal especializado del Ministerio que facilitará toda la información a los afectados sobre sus derechos y sobre cómo hacerlos valer ante los acosadores.

Las víctimas de acoso inmobiliario recibirán tres tipos de actuaciones mínimas: información, asesoría legal y asistencia social.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha indicado que el acoso lo sufren, sobre todo, las personas mayores que viven en los cascos urbanos de las ciudades y que a veces no saben siquiera que sufren acoso.

Este servicio, según Castro, va a permitir que los ayuntamientos cuenten con una información reglada sobre estos casos de acoso, que padecen en muchas ocasiones los inquilinos de rentas antiguas que llevan toda su vida en un inmueble y a quienes les hacen cortes ilegales de luz y agua, e incluso tretas como el decirles que no paguen el alquiler en seis meses para poder actuar contra ellos.

También se ha firmado otro convenio de colaboración para divulgar el plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler.- (EFE)

El abogado murciano José Luis Mazón logra la anulación del nombramiento de dos magistrados del Supremo

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de dos magistrados acordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estimando así el recurso presentado por el letrado murciano José Luis Mazón en nombre de otro aspirante.

La sentencia indica que el expediente administrativo formalizado por el CGPJ para los nombramientos "no permite comprobar que esas dos designaciones polémicas hayan sido debidamente justificadas con una motivación que cumpla con las mínimas exigencias que resultan necesarias para darle validez".

Y añade que en el mismo se contienen unos juicios de valor "a los que no puede atribuirse relevancia por haber sido realizada su formulación sin una referencia a un preciso soporte objetivo y en términos puramente genéricos".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado murciano Nicolás Maurandi, comenta asimismo que la motivación de los nombramientos es más exigible aún en estos dos casos, "dado que por ir referidos a la máxima categoría de la carrera judicial rigen con el mayor nivel de exigencia los principios de mérito y capacidad".

Comenta igualmente que "una importante meta constitucional debe ser disipar cualquier sombra de sospecha sobre que la proximidad ideológica, partidaria o simplemente asociativa pueda ser el componente principal de las decisiones que sobre nombramientos judiciales ha de adoptar el Consejo General del Poder Judicial".

La Sala concluye estimando el recurso presentado por Mazón en nombre del magistrado de Asturias Eduardo Serrano, y anula las resoluciones que nombraron magistrados del Supremo a José Manuel López García de la Serrana y Rosa María Virolés Piñol.

La resolución no anula todo el procedimiento, sino las actuaciones llevadas a cabo a partir del informe de la Comisión de Calificación para que, primero, sea emitido otro "que cumpla con todas las exigencias" y para que posteriormente se resuelvan los nombramientos "mediante resolución motivada".- (EFE)

El TSJ ya puede citar al diputado Morales para saber por qué se le investiga

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ya puede citar al ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, para que sepa por qué se le investiga y pueda prestar declaración sobre los hechos que, según la UCO de la Guardia Civil, supuestamente le implican en varios presuntos delitos.

Cualquier diputado autonómico tiene, según el Estatuto de Autonomía, la prerrogativa de que un procedimiento judicial que le afecte, lo lleve en primera instancia el TSJ, y no los tribunales ordinarios, siempre y cuando la Asamblea Regional certifique previamente su pertenencia a la cámara, desde qué fecha y grupo parlamentario al que pertenece.

Tanto el TSJ como el juzgado nº 1 de Totana han recibido ya sendas respuestas a sus, oficio y providencia, de la semana pasada al respecto sobre Juan Morales.

Ahora Morales tiene los mismos derechos y deberes frente a la Justicia que cualquier otro ciudadano español para responder a las demandas de los magistrados de la Sala de Lo Penal del TSJ.

Según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los diputados "no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en casos de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, procesamiento y juicio. Fuera de la Región la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo".

El diputado regional ha comentado en varias ocasiones que se siente indefenso, ya que no sabe de qué se le acusa después de que se le haya retirado el pasaporte y registrado su domicilio en la ciudad de Murcia.

En el maletín que le fue interceptado el pasado lunes a su anterior abogado, señor Cegarra, había al parecer 1.500 euros en metálico y varios documentos, que quedaron bajo la custodia de la juez María Asunción Navarro Artero.

Hoy ha trascendido que la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1 de Totana es una lorquina de tan solo 30 años, que ha llegado a la titularidad provisional del órgano judicial totanero sin haber aprobado la oposición.

Es juez sustituta desde el 5 de julio del 2005, una figura reconocida y con mucha tradición en un sistema jurídico plagado de comisiones de servicio, excedencias y bajas.

Navarro optó voluntariamente a ser reclutada para estas sustituciones y hace poco más de seis meses llegó a Totana para llevar las riendas del Número 1. Según su nombramiento, sólo puede ejercer -además de en Totana- en Caravaca y Lorca.

Desde entonces, el órgano se ha ido labrando una fama de dureza en sus decisiones. En los pasillos de los juzgados y en los mentideros de los abogados defensores, que un caso cayera en el Número 1 era sinónimo de firmeza y dureza en las decisiones cautelares impuestas a los imputados en cualquier clase de delito.

Navarro Artero compatibiliza su función como juez sustituta con las clases de Derecho Penal que imparte en la UCAM, de la que es profesora ayudante.

Se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, y en su currículo luce también una diplomatura en Criminología y un máster en Prácticas Jurídicas.

Por otra parte, la secretaria del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, se reincorporó hoy a su puesto de trabajo, después de que quedara en libertad con cargos tras abonar una fianza de 20.000 euros.- (NEM)
(Juan Martínez Moya, presidente del TSJ)

Alertan a la CNMV sobre las razones de la emisión de cuotas participativas por la CAM


MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, una especie de Ralf Nader español de nuevo cuño, ha advertido por escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la emisión de cuotas participativas prevista por la CAM, y ha hecho partícipe de esa advertencia al Banco de España, Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana, Banco de Inglaterra y Defensor del Pueblo, español y europeo.

En síntesis, De Ramón desea que las razones esgrimidas desde la dirección para justificar esa emisión - respaldo financiero ajeno para el crecimiento de la entidad – responda verdaderamente a ese objetivo y no encubra la necesidad de tapar una supuesta gran falta de liquidez, estimada por diversas fuentes, que no cita expresamente, en 1.500 millones de euros, “cuando precisamente todo el sector financiero se encuentra en crisis”, y especialmente la CAM por un exceso de riesgo inmobiliario contraído en los últimos años.

De Ramón dice comparecer ante la CNMV “como ciudadano, español y europeo, y cliente de la CAM” para justificar su intervención en que la emisión de cuotas participativas sirva realmente para la expansión, dentro de un estricto marco de legalidad conforme a las directivas comunitarias en vigor, y para solicitar una investigación previa que afiance los extremos de una emisión avalada por el propio patrimonio social, “que es de todos los receptores sociales de la comunidad valenciana y murciana”.

El letrado desea que la CNMV verifique, antes de admitir a cotización en Bolsa dichos títulos, si la parte alícuota de ese ingreso previsto se destina a los fines sociales a que obliga la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro en España – y no los que elija libremente la CAM – allí donde el Estado o la UE no cubra las necesidades de los excluidos sociales.

De Ramón, acogiéndose al anuncio del presidente de la CNMV, Julio Segura, de que se reforzarán los controles sobre las empresas inmobiliarias cotizadas por tratarse de un sector de aparente riesgo contable, señala que la CAM, por si misma o mediante sociedades participadas, ha sido la “inductora y promotora (…) de grandes proyectos urbanísticos”, que se tendrán que investigar, con créditos propios o sindicados, tras la captación de pasivo fuera de España.

Expresamente cita en su escrito las relaciones financieras, incluso de otra naturaleza, de la CAM con Hansa Urbana, Terra Mítica, Polaris World, Llanera, Azora, Godosa, Tenedora de Inversiones y Participaciones, y hasta con las inversiones en Seseña del promotor conocido como “El Pocero”. Pide que sean investigadas a fondo para evitar la desprotección de los posibles inversores en cuotas participativas por una falta de celo de la CNMV, que ya en anteriores ocasiones “provocó la ruina de muchos españoles”, citando, entre otros, el caso de Gestcartera.

Llama De Ramón especialmente la atención de la CNMV sobre las consideraciones subjetivas en las valoraciones de activos inmobiliarios para, coincidiendo con su presidente, comprobar que se generan con procedimientos, hipótesis y criterios reconocidos, “e incluso pedir valoraciones o tasaciones complementarias de los activos a sociedades de reconocida solvencia sometidas a algún tipo de supervisión”.

Dice el abogado murciano en su escrito a la CNMV que “el patrimonio que dice la CAM tener, valorado en 5.000 millones de euros”, deberá constatarse por entidades que supervisen dicha valoración y que, además, se tenga en cuenta “la falta de liquidez, pues entendemos (…) que ese dinero no es para crecer sino para reponer su falta de liquidez”.

Duda De Ramón sobre la completa legalidad de la emisión de cuotas participativas, en base a consideraciones anteriores de la Fiscalía Anticorrupción sobre emisiones de entidades españolas, como la CAM, en paraísos fiscales, desde el punto de vista de la legislación tributaria, ya que estos tolerados instrumentos alternativos a otras vías más convencionales de captación de recursos, han venido eludiendo el pago del 35% de sus plusvalías. Y recuerda que la legislación española prohíbe deducirse del pago de los impuestos “las cantidades destinadas a retribuir, directa o indirectamente, el capital propio, cualquiera sea su denominación”, concluyendo que son lesivas para el Tesoro Público.

Cree este letrado que, en el caso de las cuotas participativas de la CAM, procede investigar “de dónde va a venir el dinero que compre dichas participaciones, pues si viniese de las islas Caimán (…) se vulneraría -según dicho informe de la Fiscalía Anticorrupción- la legislación tributaria”. Y “si el dinero se capta con los pequeños clientes de las Cajas, con escasa instrucción financiera (pensionistas, hombres y mujeres sin ninguna cultura financiera)” debe hacerse bajo las condiciones de protección, transparencia e información que piden las Directivas de la Unión Europea.

Diego de Ramón solicita expresamente de la CNMV que vele si la CAM cumple, en esta emisión de cuotas participativas, con las exigencias garantistas de la Directiva 2004/39/CE y las promulgadas para evitar el blanqueo de capitales ya que, citando cifras recientes de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), sólo el fraude fiscal inmobiliario en la Región de Murcia -donde la CAM aparece financiando grandes desarrollos urbanísticos- alcanza los 303 millones de euros.

Recuerda este abogado a la CNMV en su escrito de referencia que, conforme a la citada Directiva, “cuando una entidad de crédito decida prestar servicios o realizar actividades de inversión, en este caso emisión de cuotas participativas por la CAM, las autoridades competentes, antes de concederle una autorización, deben verificar si cumple las disposiciones pertinentes en la misma de proteger y legitimar los derechos del inversor” para así evitar una competencia desleal dentro del Mercado Único.

Finalmente, y a modo de conclusión, Diego de Ramón solicita la comprobación de todo lo expuesto anteriormente en su escrito, al objeto de asegurar dicha emisión de cuotas participativas por parte de la CAM “con todos los preceptos de Directivas europeas, transparencia e información en el Mercado de Valores, así como también la supervisión de todas las actuaciones financieras inmobiliarias que ha realizado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (…) así como los fines sociales en su grado de cumplimiento y las Fundaciones creadas por la Caja”.

En definitiva cree debe saberse públicamente si dicha emisión de cuotas participativas por la CAM “es para cubrir liquidez o para crecer, pues si es lo primero, estaríamos potenciando lo que ahora es crisis inmobiliaria financiera por haberse extendido o abusado en proyectos de grandes construcciones”. De Ramón expresa en su epílogo que “ojalá se cumplan estos preceptos y pueda salir esa emisión de cuotas participativas, sin quebrantar todas estas normas que garantizan un Estado de derecho y Europa”.