viernes, 30 de noviembre de 2007

CROEM, CC.OO., y UGT recibirán 5,6 millones de euros para formación contínua de los trabajadores de la Región

MURCIA.- La Consejería de Empleo y Formación concederá subvenciones por un valor total de 5.653.775 euros, a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, UGT y CC.OO., para la ejecución de planes de Formación Profesional Continua de carácter intersectorial de los trabajadores de la Región de Murcia, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno.

La finalidad de los planes de formación continua dirigida a trabajadores de la Región será la mejora de las competencias y cualificación profesional de los trabajadores en activo, así como su actualización y especialización profesional.

Los contratos programa para la ejecución de planes de formación intersectoriales se dirigirán a la formación de trabajadores en competencias transversales y horizontales a varios sectores de la actividad económica.

Estas competencias transversales serán las competencias básicas comunes a diversas ramas de actividad, en particular sobre nuevas tecnologías de la información, idiomas, prevención de riesgos laborales y gestión empresarial.

La subvención total para este tipo de contrato ascenderá a 2.544.202 euros con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), y será de 1.537.990 euros para CC.OO. y de 1.571.583 euros para UGT.

Según IU-Totana, Valcárcel debe quitar la inmunidad al diputado popular Juan Morales

TOTANA.- Tras la detención del Alcalde de Totana -José Martínez-, la secretaria municipal -Laura Bastida- y el jefe de la policía local –Alfonso Canales-, el coordinador de política municipal de Izquierda Unida Regional apostilla que “la detención del alcalde, la secretaria municipal y el jefe de la Policía han dado lugar a un vacio administrativo de importancia capital en el Ayuntamiento, que Izquierda Unida de Totana considera que debe superarse cuanto antes”.

“Izquierda Unida de Totana –según Cánovas- desea y espera por el bien de nuestro pueblo que se clarifique pronto la situación legal de los detenidos, y que quede en buen nombre el ayuntamiento de Totana, concretamente que la actividad de la alcaldía no quede en entredicho, así como de la actuación de la propia secretaria del ayuntamiento y el jefe de la policía local”.

“Ahora bien, ha manifestado Juan José Cánovas, hay algo que podría acelerar la resolución de este caso, y es ni más ni menos que es enrocamiento en su calidad de aforado de Juan Morales Cánovas como diputado regional, y que va a alargar el procedimiento judicial del sumario”.

“El presidente del Partido Popular en la Región, Ramón Luís Varcarcel, puede y debe actuar para acortar el vacío de poder que en este momento existe en el municipio de Totana, debe obligar a su diputado regional, Juan Morales Cánovas, a proceder a su desaforamiento”.

“Juan Morales Cánovas debe dejar cuanto antes de ampararse en su cargo de diputado regional del PP, para no dar cuenta a la justicia de su actuación en el caso de presunto cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones ilícitas que se dirime en Totana. Su persistencia en la inmunidad parlamentaria, está aumentado la incertidumbre política que ahora existe en Totana”.

“Valcárcel al dilatar la agonía judicial del diputado aforado Juan Morales Cánovas, está echando sobre su espalda una responsabilidad que no es propia de un presidente regional”.

“Por otro lado, según Cánovas, la coalición Izquierda Unida pide que se clarifique cuanto antes el papel de los empresarios totaneros detenidos en todo esto, pues la generalidad de las empresas de Totana son ajenas a las prácticas que pueden estar en el fondo de este asunto judicial.

A la vez, dice Cánovas, que lo acontecido en Totana es un aviso para los agentes económicos de nuestro pueblo. Nunca más los intereses empresariales y los municipales deben enredarse en tramas de dudosa legalidad. Cuando las empresas quieren intervenir en política se esta a un paso de las prácticas corruptas”.

La Fiscalía almeriense pide 10 meses de cárcel para Tomás Olivo por un delito de desobediencia al juez


ALMERÍA.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería ha pedido diez meses de prisión para el empresario murciano Tomás Olivo por un presunto delito de desobediencia al incumplir dos órdenes judiciales de paralización de obras en una finca privada adyacente al centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería).

Según el escrito de calificaciones del Ministerio Público, Olivo -presidente de General de Galerías Comerciales, promotora de la superficie comercial- prosiguió con la ejecución de obras en la finca privada hasta su conclusión definitiva en enero de 2004 a pesar de que en febrero de 2002 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Roquetas de Mar dictó un auto urgiendo a la inmediata suspensión de las mismas.

Además de desoír esta orden judicial, Olivo hizo caso omiso según la Fiscalía a la sentencia en firme que dictó en el mismo sentido algo más de un año después la sección segunda de la Audiencia Provincial, en la que se acordó nuevamente la confirmación de la orden de paralización de obras.

Según el escrito, el empresario murciano, además de no frenar el muro que estaba construyendo en la finca privada, procedió a la instalación de un bordillo de tipo no remontable, que quedó situado en el área que debía retranquearse según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial almeriense.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar (Almería), ha dictado un auto en el que se declara apertura de juicio oral contra Olivo -quien se enfrenta por el mismo delito a una petición por parte de la acusación particular de un año de cárcel- al considerar que en las actuaciones que obran en poder del órgano judicial "aparecen méritos suficientes" para exigirle responsabilidad criminal.

El auto acuerda remitir las actuaciones en "el momento oportuno" al Juzgado de Lo Penal, competente para el conocimiento y fallo de esta causa.

La decisión judicial contra el empresario imputado tanto en la "operación Malaya", en Marbella (Málaga), como en el caso del parque comercial Nevada, de Armilla (Granada), se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción nº1 de Roquetas de Mar dictase en febrero de este año una providencia en la que fijaba en un mes el plazo para que General de Galerías Comerciales y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar procedieran al derrumbe del muro construido en la finca privada.

Además, durante el pasado mes de marzo la sección primera de la Audiencia Provincial ratificó otra sentencia del citado juzgado en la que se establecía la demolición de una tubería del Gran Plaza que también invadía los terrenos privados situados a la espalda de la superficie comercial.

En estos momentos el TSJA dirime además un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra un auto dictado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería en el que se estableció la no ejecución de la sentencia por la que el Alto Tribunal andaluz declaró previamente la nulidad de la licencia de apertura del Gran Plaza al haberla concedido el Ayuntamiento de Roquetas sin los perceptivos informes favorables de la Administración.- (EFE)
(Audiencia Provincial de Almería)

Dos nuevos detenidos en el desarrollo de la 'operación Tótem', uno ex concejal del PP

MADRID.- La Guardia Civil ha detenido esta mañana a otras dos personas en la localidad murciana de Totana en el marco de la 'operación Tótem', una de ellas un empresario y la otra un particular, han informado fuentes de la investigación.

El primero de los detenidos es un empresario, Juan Francisco Casanova que, según las mismas fuentes, podría haber incurrido en un delito de cohecho ya que está acusado de haber pagado algunas cantidades de dinero para que se agilizaran licencias de obras.

Este empresario pertenece actualmente a una cooperativa y fue concejal de Agricultura, Ganadería y Caminos por el PP, entre los años 1995-99, siendo alcalde Juan Morales.

El segundo de los detenidos, Diego Carrión, es un particular de Puerto Lumbreras que, en este caso, según estas fuentes, podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias relacionado con la Policía Local.

Fuentes municipales informaron que Casanova tiene una empresa de productos fitosanitarios en el polígono industrial El Saladar de la población, y explotaciones ganaderas.

Casanova es socio del también detenido Pedro Martínez, y a Diego Carrión se le ha encontrado documentación pública del Ayuntamiento de Totana aunque hoy mismo ha quedado en libertad después de prestar declaración ante la Guardia Civil y tras considerarse que no obstruiría la investigación.

Poco después, la Guardia Civil ha dejado en libertad al Jefe de la Policía Local de Totana tras tomarle declaración, según han confirmado fuentes de la investigación.

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, Asunción Navarro, reanudó pasadas las once de la mañana la toma de declaración de los seis detenidos el lunes en la 'operación Tótem' contra una presunta trama de corrupción urbanística, cuatro de los cuales declararon ayer y hoy lo harán los dos restantes.

Los seis detenidos llegaron pasadas las ocho de la mañana al edificio judicial, cuatro de ellos en un autobús de la Guardia Civil y los otros dos en sendos vehículos del instituto armado escoltados cada uno por dos agentes.

Además, a primeras horas de la mañana dos guardias civiles introdujeron en el edificio judicial cinco cajas y un paquete envuelto en una bolsa de plástico.

Asunción Navarro, ha finalizado a las 18.20 horas la toma de declaraciones a los dos detenidos que aún no lo habían hecho, tras lo que han dado comienzo las comparecencias de los primeros seis arrestados ante el fiscal.

Tras la toma de declaraciones por parte de la juez que instruye el caso, se están llevando a cabo las comparecencias de los seis detenidos ante el fiscal, quien, a su término, deberá solicitar las medidas que estime oportunas para los arrestados.

Tras la petición del fiscal, la juez se retirará a deliberar y emitirá una resolución, que, según estimaron las mismas fuentes, no se producirá hasta antes de la medianoche para conocer la situación en la que quedan los seis detenidos.

Esta juez ha iniciado también ya el trámite, habitual en estos casos, de notificación a la Asamblea Regional, mediante requerimiento judicial, para saber la actual situación de determinadas personas que pudieran estar aforadas para, si así fuese, proceder a su desafuero mediante el correspondiente suplicatorio del TSJ a los órganos competentes de la cámara autonómica, al objeto de que puedan ser procesadas en un procedimiento penal ordinario.

También el TSJ ha dictado hoy una providencia enviada a la Asamblea Regional para responder así a la petición de amparo que le ha hecho el diputado autonómico del PP, Juan Morales, y le ha dado tres días al fiscal para que informe sobre actuaciones que puedan interesar al ex alcalde de Totana.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha iniciado también actuaciones para determinar si el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, ha visto vulnerados sus derechos dentro de la investigación de la Guardia Civil sobre presuntos casos de corrupción en este municipio.

La actuación del TSJ es consecuencia del escrito de Morales presentado en este tribunal en el que se denuncia que la retirada de su pasaporte y del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional "viola sus derechos constitucionales".

En su escrito el diputado regional señala que sus derechos como ciudadano y como miembro de la Asamblea Regional pueden haberse visto afectados con la actuación de los agentes, que realizaron un registro en su domicilio en Murcia, por lo que pide el amparo del tribunal.

Antes de pronunciarse sobre la queja de Morales, la Sala deberá dar traslado de la misma a la Fiscalía del TSJ para recabar su criterio sobre el asunto, según fuentes judiciales.

Las fuentes añadieron que los diputados regionales gozan de una especial protección, de manera que no puede emprenderse actuaciones penales contra ellos si previamente no se ha concedido el suplicatorio por parte de este órgano legislativo.

Precisamente, el lider de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha puesto hoy en manos del presidente del PP y de la Región, Ramón Luis Valcárcel, la solución al tema de la corrupción en su partido. "Que saque de la política a los imputados y, si no se quieren ir, que los eche por el bien de la vida pública y de la Región de Murcia", mientras la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha calificado de "repugnante" la corrupción política.- (Agencias)

Del embargo al 'ladrillazo'

VIGO.- Manuel Núñez Arias, el propietario de la empresa que supuestamente pagó comisiones al anterior consistorio de Totana para que recalificara los terrenos donde construir unas 5.000 viviendas, se especializó durante la crisis económica de la Transición en asesorar como abogado a empresas en suspensión de pagos. Entonces acumuló los conocimientos que le permitieron, en 2004, continuar en sus oficinas de Vigo, pese a anunciarse su subasta, y seguir viviendo en su lujosa casa de A Ramallosa tras sendos embargos de 1998 y 1999, revela hoy "El País".

Sólo dos años después de la aparente ruina que indicaba la salida a subasta de sus oficinas, en septiembre de 2006, su grupo de empresas, Nuar, anunció una inversión de 570 millones de euros para urbanizar en Totana 2,2 millones de metros cuadrados. Curiosamente, dos de sus principales empresas, Conycase, que explota tres aparcamientos subterráneos en Vigo, y Senga, de productos de alimentación, acumularon pérdidas en los ejercicios de 2005 y 2006 por más de 1,5 millones de euros, según sus datos del Registro.

Ejerció de abogado, y temporalmente de administrador del patrimonio del empresario granitero David Fernández Grande, después de que en 1994 fuera asesinado éste, junto a su esposa, una hija y la chica del servicio doméstico. Encaró el declive profesional que le sucedió entonces con una incursión en la intermediación inmobiliaria. En 1997 creó la sociedad Mediación, Asesoramiento y Gestión (Mega) con el "proveedor de oportunidades" y gran tiburón del sector en Vigo durante la última década, Pedro Costas Gil.

Rompieron dos años después y Núñez fundó Inmonuar, que en 2002 compró Autocares de Tenerife, S.A., de cuyos solares habría obtenido, al parecer, las plusvalías necesarias para la operación de Totana.

Algunos abogados consultados por este diario afirman que Núñez Arias traspasó hace ya muchos años la línea roja. "Pensó que si obtenía dinero para otros, podía utilizar sus conocimientos para obtenerlo directamente para sí. Y cuando se da ese paso, ya no se puede volver atrás. Es un negociante antes que un abogado".- (PRISA)


'Totana Connection': Núñez Arias, el abogado gallego que quiso construirse una ciudad de vacaciones en Murcia

VIGO.- De Pontevedra a Murcia. De letrado laboralista a empresario imputado en un caso de corrupción urbanística y blanqueo de capitales. La historia del gallego Manuel Núñez Arias, conocido abogado en Galicia que llegó a ser socio del despacho de Garrigues Walker, se truncó en Totana, precisamente la tierra de los conocidos juristas, donde este selfmade man pretendía pegar su propio pelotazo urbanístico para construirse su ciudad de vacaciones en Murcia.

En Galicia se preguntan cómo es posible que a este hombre le recalificaran 2,2 millones de metros cuadrados en la huerta murciana. Anteayer, agentes de la Guardia Civil le detenían junto a su socio como dueños de la inmobiliaria Nuaria y registraban su impresionante chalet de A Ramallosa. Los otros detenidos fueron dos intermediarios, un miembro del ‘clan de los Recoveros’ de Totana y una sexta persona cuya identidad no ha trascendido. En la trama están involucrados asimismo el ex alcalde de la localidad, su ex mujer y su amante brasileña.

Núñez Arias comenzó su carrera como letrado sindical. En los 80 abrió su propio bufete, desde el que intervino en numerosas suspensiones de pagos en Galicia. Una década más tarde comenzó su despegue profesional. En esa época llegó a defender como abogado los intereses de los hijos del empresario David Fernández, tras el asesinato en Nigrán en 1994 a manos de dos policías. También representó a Segundo Rodríguez, en la batalla judicial que inició contra su hermano Francisco y que acabó destapando el caso de la adjudicación del Puerto de Sada.

Ruina y reflote gracias a un socio canario

A principios del 2000, comenzaron los problemas. Sus oficinas fueron embargadas por Bankinter para atender las deudas que había contraído por créditos impagados. Sus impresionantes propiedades en A Ramallosa, en el concello de Nigrán, fueron intervenidas por el Banco Pastor y por el Juzgado a instancias de uno de sus antiguos socios. Hacienda investigó asimismo algunas de las actividades que desarrollaba. Por aquel entonces, ya había comenzado su actividad empresarial.

"En el año 2002 estaba totalmente arruinado. Le habían embargado la casa y las cosas le iban fatal", publica "Faro de Vigo", que cita a uno de sus colaboradores más próximos de aquellos años. Pero la suerte le volvió a sonreir cuando, junto a un socio canario, se hace con Transportes de Tenerife, compañía que tenía en propiedad importantes solares en aquella Isla. Ahí se produce el gran despegue económico de Manuel Núñez.

El espaldarazo de Tenerife le sirvió para crear el Grupo Nuaria, actualmente integrado por siete empresas, cuya actividad principal se centra en el sector inmobiliario, de la construcción y de la comercialización, aunque también participa en negocios del sector de la alimentación.

Nuaria lo conforman A&UGA (Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo de Galicia), dedicada a la redacción de proyectos urbanísticos, así como la dirección de obras; Inmonuar, sociedad inmobiliaria; Parking Nuar o Conycase -tal como figura en el Registro Mercantil- , que gestiona aparcamientos vigueses; Perconiza, dedicada a la venta de materiales para la construcción; Hogarhotel, que distribuye diversos productos en venta directa; Autesa (Autocares de Tenerife); y Senga, dedicada a la alimentación.

El negocio de Totana era el más cuantioso de todos en cuantos el abogado y empresario se había embarcado. Pretendía desarrollar una ciudad de vacaciones de más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa, con un coste aproximado de 570 millones de euros. El proyecto estaba a la espera de de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se preveía que fuera esta misma semana.
(Núñez y su pazo en Nigrán)
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Los independientes de San Javier pueden romper en horas su coalición de gobierno con PSOE y CDL

SAN JAVIER.- El apoyo político que hasta el día de hoy ha dispensado el Grupo Independiente al Gobierno municipal de San Javier pende de un hilo. De hecho, todo apunta a que esta misma mañana se romperá, después de la reunión interna en la que los independientes tomarán una decisión, adelanta hoy "La Opinión".

Anoche debía haber tenido lugar un encuentro entre los cuatro ediles independientes y el resto del equipo de Gobierno para tratar de acercar posturas, pero este fue finalmente rechazado por la portavoz y máxima dirigente del Grupo Independiente, Arantxa Espeso.

Durante la mañana de ayer, la alcaldesa, Pepa García, había manifestado su deseo de pulir asperezas en este encuentro y su voluntad de "continuar gobernando juntos". Sin embargo, Espeso declaró que, "después de mirar los expedientes sobre lo ocurrido a uno de mis compañeros (en referencia al edil Ramón Fernández), he querido respaldarlo, y considero que no hay lugar a más reuniones".

Según explicó Espeso (en la imagen), el Gobierno socialista "estaba tomando decisiones al margen de Ramón Fernández (edil de Personal) en asuntos de su competencia, y muchas veces en contra de su voluntad política". Asimismo, la líder del Grupo Independiente declaró que su formación siente que le han "faltado al respeto tanto política como personalmente".

En caso de que hoy anuncien la retirada de su apoyo al Gobierno socialista, este perdería la mayoría que actualmente ostenta al frente del Ayuntamiento.- (EPI)

Álvaro Cuesta habla de una "red de corrupción" en Murcia y de "crimen organizado"

MADRID.- El secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por la «red de corrupción» que a su juicio existe en la Región.

Cuesta llegó a lanzar una pregunta al aire. «¿Qué más tiene que ocurrir en Murcia para que el PP desautorice esta línea de corrupción?» y se atrevió a afirmar que «detrás de la especulación y del dinero negro hay crimen organizado».

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Cuesta aseguró que el caso de Totana ha alcanzado «cotas de escándalo», con 60 convenios urbanísticos «que esconden operaciones de todo tipo», y quiso subrayar que en una Comunidad de 45 municipios, 14 ayuntamientos están afectados por tramas urbanísticas, existen 22 causas judiciales abiertas y «un tercio de los alcaldes del PP están imputados».

Por otra parte, Bruselas abre una investigación por el urbanismo salvaje en Murcia, según revela esta mañana el diario "El Economista" en una amplia información donde se cita al abogado Diego de Ramón.- (Agencias)

Una fundación próxima al PSOE augura fusiones entre cajas de ahorro

MADRID.- Los autores de un estudio publicado por la Fundación Alternativas, de inspiración socialista, consideran que el entorno financiero que viene, con los mercados más endurecidos y las exigencias de Basilea II, propiciará más fusiones entre cajas de ahorros, movidas por criterios de «racionalidad empresarial».

Los profesores Ángel Berges y Alfonso García defienden la necesidad de que estas entidades emitan cuotas participativas -para mejorar su base de capital y obtener el contraste del mercado- y se declaran firmes partidarios de mantener su especial régimen jurídico siempre que se acompañe de un bien definido marco de gobierno, con credibilidad reforzada.

Si el entorno presiona hacia las fusiones -apuntan- parece razonable favorecer que estas operaciones se puedan llevar a cabo entre cajas de diferentes comunidades autónomas con la misma facilidad que dentro de una comunidad. Como alternativa a una fusión, sugieren alianzas reforzadas, que permitan obtener parecidas ganancias de eficiencia sin los inconvenientes asociados al debilitamiento de los lazos de vinculación territorial.

Interpretan los autores del informe que el movimiento de Caja Madrid en Iberia -donde ha incrementado del 10% al 23% su cuota en el capital- responde, sobre todo, a una estrategia de negocio de la compañía, y abogan porque las cajas puedan tener participaciones industriales, operando con reglas de juego equiparables.

A su juicio, si se echa la vista atrás, las compras de participadas han dado resultados muy positivos. Las cajas de ahorro «lo han hecho francamente bien» en la mayoría de los casos con las contadas excepciones de Port Aventura o la politización de Endesa, afirmaron.

Los autores del estudio sugieren una mayor difusión y comunicación de la obra social, y la expansión internacional de las cajas mediante la explotación de las oportunidades que puedan surgir en otros países.- (EFE)

Morales, ex alcalde y diputado del PP, pide amparo al TSJ al sentir “vulnerados sus derechos”

MURCIA.- El ex alcalde de Totana, Juan Morales, rompió su silencio y denunció finalmente la “incautación” de su pasaporte y la intervención del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional, lo que entiende como “una más que notoria vulneración de sus derechos constitucionales como ciudadano y diputado regional”.

En un comunicado de prensa Morales señaló que ha remitido una petición al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que le solicita que adopte las medidas pertinentes para la “preservación y salvaguarda de los derechos que le conceden la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposiciones legales aplicables”.

Morales pidió amparo al TSJ, ya que con la incautación del ordenador y de su pasaporte, así como de material de trabajo durante un registro de su domicilio en Murcia, afirmó que se ha producido “una más que notoria vulneración de sus derechos”.

El ex alcalde de Totana y actual diputado regional pidió al TSJ que se le informe de qué se le imputa y por qué motivos está siendo objeto de esta persecución, ya que hasta el momento, alega, no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de ningún órgano competente.

Finalmente, Morales mostró su voluntad y su total disposición para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia con el fin de aclarar la situación en la que se encuentra.

El ex alcalde saltó a la actualidad informativa el pasado lunes tras hacerse público que su ex mujer, la hellinera María del Carmen Jordán, estaba imputada en el caso, al igual que su actual novia, de nacionalidad brasileña.

La Guardia Civil estrechó luego el cerco sobre el ex alcalde de Totana desde el martes. Los agentes realizaron ayer jueves un minucioso registro en el domicilio de Morales y le requisaron su ordenador -proporcionado por la Asamblea Regional en su condición de diputado-, el pasaporte y diversa documentación.

El ex alcalde, que es diputado por el PP y por lo tanto aforado, ha defendido en los últimos días su inocencia. Entre tanto, los agentes han detenido y registrado los domicilios de su ex mujer y de su actual pareja.

El diputado popular pasó la mañana de ayer estudiando con su abogado la forma de dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para prestar declaración.

En su petición, según un comunicado hecho público por el Partido Popular, Juan Morales argumenta que debido a su condición de diputado regional y «siendo objeto públicamente, según se puede constatar en cualquier medio de comunicación social, de una investigación policial y judicial, se ha producido una más que notoria vulneración de mis derechos constitucionales como ciudadano» y aquellos que se derivan de su condición de diputado de la Asamblea Regional.- (Agencias)

El "aforado Morales" ahora pide amparo / Juan Redondo


Al alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, una juez le ha “cesado temporalmente de su libertad, con efectos jurídicos”. No existen precedentes en la Región en la etapa democrática. Retenido o detenido, es cuestión de opiniones, lo cierto es que el alcalde anoche no durmió en su casa, al igual que otras nueve personas.

La “Operación Tótem” sobre la trama urbanística totanera engorda cada día el número de personajes invitados al culebrón. Ayer se incorporaron además del actual alcalde, la secretaria general del Ayuntamiento, un empresario y hasta el jefe de la Policía Local. El que dicen que está en la diana de la investigación pide ahora amparo al presidente del Tribunal Superior de Justicia por su condición de ciudadano y diputado regional.

Juan Morales se coloca en el papel de mártir perseguido públicamente y se pregunta por los motivos de este acoso. Como cualquier ciudadano en este sinvivir de “me acosan, pero no me acusan” podría haber comparecido voluntariamente para colaborar con la Justicia y dejar clara su inocencia en la trama urbanística. Sin embargo, ha optado por la “clandestinidad” y verlas venir y está en su derecho, como lo está su ex abogado a renunciar a su defensa.

La trama de Totana ha cogido a los populares murcianos con el paso cambiado. Es cierto que no se puede demonizar a cerca de 600 cargos públicos por posibles comportamientos individuales, como recogen en su comunicado de prensa. Valcárcel dejó claro hace años que como presidente del PP no permitiría un presunto caso de corrupción en su partido dentro de la filosofía de que aquí el que la hace que pague.

Partiendo de la presunción de inocencia, los populares se encuentran ahora, a menos de cien días para las generales de marzo, con un alcalde “cesado temporalmente de libertad” y un diputado regional que se siente “acosado”, con su círculo personal detenido y que pide amparo al TSJ. Un ciudadano que hasta el pasado mes de mayo era alcalde de Totana y que por decisión del partido no repitió como cabeza de cartel al ayuntamiento para formar parte de las candidatura autonómica.

Juan Morales, según las informaciones que se deducen en la instrucción, era un hombre de trabajar en su casa o con las amistades. En su petición de amparo al TSJ se queja de que en la intervención en su domicilio en Murcia, junto con algunos miles de euros, se llevaron un ordenador proporcionado por la Asamblea Regional, así como documentación propia de su trabajos parlamentarios, quizás por ello no pudo asistir al pleno del pasado miércoles.

Parece que su ex mujer también tenía una amplia documentación oficial del Ayuntamiento relacionada con convenios urbanísticos, algo que debe estar custodiado por la Secretaría Municipal. Y su abogado hasta hace unos días también llevaba un maletín. Muchos papeles para un hombre solo, según comenta un asesor fiscal y financiero. El “aforado”, que no pasa por su mejor momento, muestra “su voluntad y total disposición de comparecer ante el TSJ para aclarar la situación en la que se encuentra”. La Justicia tiene la palabra.

¿Otros ayuntamientos en el punto de mira?

La ‘Operación Tótem’ de los servicios especiales de la Guardia Civil (UCO) y la intervención judicial en Totana contra la posible corrupción urbanística en la Región, no podría ser un episodio aislado. Ya existe el precedente de la juez de San Javier en Torre Pacheco y Fuente Álamo en proceso de instrucción.

La Región de Murcia se vuelve a colocar en la “prime time” de la prensa nacional por un tema de presunta corrupción, como si esto fuera Marbella en sus peores tiempos. Allí los ‘malayos’ movieron miles de millones de euros, y aquí parece que en los corretajes totaneros y los empresarios gallegos los maletines son mucho más modestos. Dicen que es lo que hay y lo que da la mata.

Sin embargo parece que los UCOs no pierden el tiempo y el viaje. Y ya los rumores apuntan que antes de las generales aparecerá otra operación sonada sobre posible corrupción urbanística en un importante municipio de la Región.

¿Un intento socialista de “canarizar” la Región de Murcia?

Para fuentes populares es una instrumentalización de las fuerzas de seguridad y de los fiscales con fines electorales. La presencia del ministro Mariano Fernández Bermejo como cabeza de cartel por Murcia y la ‘Operación Tótem’ tendría, según estas opiniones, cierta similitud con el desembarco del anterior ministro de Justicia, López Aguilar como candidato a la presidencia del gobierno canario.

La ‘Operación Tótem’, según fuentes de la investigación, empezó en marzo pasado, cuando Pedro Saura andaba enfrascado con Ramón Luis Valcárcel en la batalla autonómica y Bermejo era un recién llegado al Ministerio de Justicia del quien nadie sospechaba, ni remotamente, que podría ser futuro cabeza de lista electoral por la Región.

Además el proyecto urbanístico de Totana con los empresarios gallegos tampoco llamó hace un año la atención en el sentido de alarma pública sobre posibles irregularidades; en las hemerotecas sólo se recogen algunas críticas de IU. Las generales son el 9 de marzo y, como decía el amigo, cien días a veces son muchas semanas.

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El área urbana de Murcia es donde los particulares acumulan más suelo

MADRID.- Una sola persona tiene en Murcia 469 hectáreas de suelo en las principales áreas urbanas de la provincia. Otro afortunado posee en Madrid seis parcelas que suman 150 hectáreas. Este millón y medio de metros cuadrados le convierte en el mayor propietario de suelo urbano del área que engloba el gran Madrid.

Éstos son algunos datos de los que se entera el lector del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España 2006, elaborado por Vivienda.

Las 1.245 hectáreas de suelo urbano sin edificar que acumulan los 10 mayores terratenientes de Murcia convierten a esta zona urbana en la que tiene una mayor concentración de tierra en manos de unos pocos. Le siguen Las Palmas, con las 728 hectáreas que poseen los 10 mayores propietarios, y Madrid, con 647 hectáreas.

El atlas también estudia cómo se reparte en cada comunidad las tierras en función de si son propiedad de personas físicas, jurídicas o de entes públicos. Y es en el noroeste peninsular donde los particulares se llevan una mayor proporción de la tarta. Porque en ciudades como Vigo, el 60% del suelo urbano está en manos de particulares, mientras que en el área central de Asturias, esta proporción sube hasta el 80%.

Pero el atlas, que se puede consultar gratuitamente en la dirección http//atlas.vivienda.es, no habla sólo sobre la propiedad del suelo. También trata temas como la estructura territorial, la población y las viviendas (aunque en este apartado los datos se remontan al año 2001).

Del estudio se desprende que España consolida su carácter urbano. El 80% de la población vive en un millar de municipios que ocupan el 20% de la superficie. Y también pone negro sobre blanco el crecimiento de algunas ciudades.

Por ejemplo, en los años que van de 1987 a 2000 el área urbana de Murcia creció más de un 78%, la de Alicante-Elche lo hizo un 67% y Madrid aumentó su superficie en un 50%.- (Agencias)
(Tomás Fuertes, primer propietario de suelo en la ciudad de Murcia)

Un aforado acosado y atrincherado / Juan Redondo


Dice que se siente acosado, no acusado. Lo que está es aforado y atrincherado por las investigaciones judiciales. Juan Morales, diputado regional por el PP, no asistió a la Asamblea a pesar de que se celebraba sesión plenaria. Parece que el hombre no esta para plenos, según pintan las cosas en Totana donde fue alcalde hasta los pasados comicios de mayo.

Por orden judicial han intervenido el despacho de su ex esposa, el domicilio donde vive con su actual compañera sentimental y hasta un maletín que llevaba su abogado en el coche. De momento es intocable por su condición de aforado, ya que tendría que intervenir el TSJ en caso de implicarle en el asunto de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero que investiga la juez. Para llamarle a declarar tendría que inhibirse la instructora del tema en favor del TSJ o Morales renunciar a su condición de diputado regional para poder defenderse por su cuenta.

La operación ‘Tótem’ sobre presunta corrupción urbanística por la zona de secano de ‘El Raiguero’ tiene todos los elementos para un culebrón bananero por los protagonistas y el desarrollo de los acontecimientos. Donde sólo había brécol y alcachofas y cuatro explotaciones ganaderas, que no contaba con “agua del trasvase por culpa de Zapatero” se iba a crear un emporio de riqueza, una ciudad nueva del abogado gallego Manuel Nuñez, máximo responsable del grupo Nuaria, con unas inversiones de 570 millones de euros. Ademas según la propia empresa afirmaba en Galicia, no habría problemas de agua porque existía autosuficiencia del líquido al contar con un manantial de 38.000 litros por segundo. El proyecto tenía todos los parabienes hace menos de un año.

Ahora han cambiado las cosas, el empresario esta detenido, el ex alcalde aforado, la ex mujer registrada, la nueva compañera también de forma irregular. Al abogado le llevan el maletín, se registran casas de seguridad. Un empresario emergente de una empresa puntera en su sector detenido y perjudicando al resto de los accionistas por sus “veleidades urbanística para diversificar riesgos”.

El presidente del PP, Valcárcel, que se responsabilizó de las listas autonómicas teniendo que personalizar a su partido en el proceso y el grupo parlamentario popular en la Asamblea en una situación incómoda, defendiendo como no podía ser de otra manera al diputado atrincherado y pendientes de una posible petición futura del TSJ sobre un aforado.

La situación no les tiene que resultar cómoda a los dirigentes populares, que intentan ganar tiempo y lanzar balones fuera. Tras la toma de declaraciones de la juez a los detenidos y el arrinconamiento a Morales, no parece que el polémico ex alcalde de Totana pase por sus mejores momentos. La política del avestruz aquí no es la más recomendable, y si no hay nada que esconder dicen que lo mejor es dar la cara y defenderse y ello pasa por renunciar a su condición de aforado.

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