En la plaza en la que se encuentran el Consistorio y Urbanismo están estacionados cuatro coches de la Guardia Civil y numerosas personas observan, a través de las cristaleras del edificio, cómo los agentes efectúan el registro. Alguna persona esposada se ha podido ver en el interior desde la calle. Veinte efectivos de las fuerzas especiales de la Benemérita custodian el edificio del Ayuntamiento.
Efectivos de la Guardia Civil están registrando también las dependencias de la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda de Totana (Proinvitosa), ubicada en el polígono industrial de El Saladar, en las afueras de la población, cuya investigación podría conducir hasta un despacho profesional de la ciudad de Murcia y otro en la localidad de Elche.
Y, según Radio Nacional de España, han vuelto a registrar esta misma mañana la oficina de Cajamurcia en la localidad en busca de nueva documentación oculta en cajas de seguridad alquiladas por esta entidad a los presuntos implicados y, según fuentes de la investigación, de posibles pistas sobre un presunto blanqueo de capitales. Esta tarde se produjo un tercer registro en las cajas de seguridad de esta entidad.
El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP (en la imagen), que fue detenido a primeras de esta mañana en su domicilio y trasladado a la sede consistorial, según informa la agencia EFE, continúa dentro de las dependencias municipales, cerradas a cal canto, al igual que la secretaria general del Ayuntamiento desde la anterior legislatura, Laura Bastida, funcionaria del Ministerio de Administraciones Públicas. Es la encargada de la custodia de documentos pertenecientes a la administración local. El regidor ha solicitado y conseguido la asistencia letrada del bufete murciano de José Antonio Ramos Calabria, especializado en Derecho Administrativo.
El Ayuntamiento de Totana "está colaborando con la justicia y ha puesto a disposición de la juez que instruye el denominado caso 'Tótem' los archivos municipales que se requieran para la investigación", dijo hoy un portavoz del equipo de gobierno.
Esta fuente agregó que el alcalde, José Martínez Andreo, remitió ayer un oficio a la titular del Juzgado Número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que le ofreció la colaboración institucional del consistorio. Concejal de Obras y segundo teniente de alcalde durante la pasada legislatura, bajo la alcaldía de Juan Morales, ganó las pasadas elecciones con el 58% de los votos.
Estas actuaciones se producen tres días después del arresto de seis personas en Galicia, Murcia y Madrid, que hoy han pasado a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Totana, María Asunción Navarro, poco después de las 7 de la mañana y que ahora están siendo interrogadas.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la juez comenzó esta mañana a tomar declaración a cada uno de los detenidos después de que se hayan cumplido las 72 horas de detención preventiva que determina la ley, actuación que se prevé se extienda al resto de la jornada.
Los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron previamente de más de 60.000 euros en billetes en la vivienda de la actual pareja del ex alcalde de Totana y diputado regional del PP en la Asamblea Regional, Juan Morales, situada en Murcia.
Dichos agentes registraron la vivienda de la novia de Morales, una joven ciudadana brasileña que ha sido detenida por encontrarse en situación irregular en España, en busca de documentación que implicara a este diputado autonómico del PP en la presunta trama de corrupción urbanística de Totana. Esta mujer no podrá ser expulsada hasta que no haya un auto de la magistrada que instruye el caso sobre si va a procesar o no a esta inmigrante.
Tras la sentencia, sólo en el caso de que se le imponga una pena de menos de tres años de cárcel, sería expulsada del territorio nacional. De lo contrario, tendría que permanecer en España para cumplir la condena.
En el registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer de Juan Morales y que también está imputada en el caso, los agentes encontraron numerosos documentos oficiales del ayuntamiento de Totana, que según fuentes de la investigación no deberían estar en poder de una particular, al tratarse de actas de recalificación de terrenos que IU y PSOE no lograron nunca encontrar en las dependencias municipales.
También se encontró documentación oficial en la asesoría jurídica y fiscal de la ex esposa de Morales. Preguntada por los agentes de la UCO de la Guardia Civil, la mujer de Morales aseguró que ella era una simple secretaria de la empresa, y que su ex marido era quien la dirigía.
La juez de Totana, que dirige la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística, podría inhibirse en una segunda fase a favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) para que tome declaración al ex alcalde y actual diputado regional del PP Juan Morales, puesto que está aforado, informan fuentes próximas a la investigación, aunque todavía sigue sin ser acusado de nada pese a ser considerado oficiosamente el "cerebro" y cabeza de toda la trama.
Juan Morales, diputado autonómico desde 2003 en la lista del presidente Valcárcel, no acudió ayer a ninguna de las dos sesiones plenarias de la Asamblea Regional, lo que llamó poderosamente la atención de los medios de comunicación tras intensificarse los rumores de que podría haber recibido un millón de euros de los promotores gallegos a cambio de la recalificación de los terrenos rústicos de El Raiguero.
La juez podría tomar declaración a Morales y, una vez escuchado, decidir si tiene competencias en el caso o lo remite al TSJ. Además, la Fiscalía puede pedir de oficio la comparecencia de Morales al igual que el ex alcalde podría presentarse voluntariamente a declarar.
El diputado de IU en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, ha solicitado la convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado para debatir, precisamente, acerca del patrimonio del parlamentario regional Juan Morales, del Grupo Popular, en medio del clamor de voces que exigen su dimisión y que no siga obstruyendo la labor de la Justicia.
Mientras tanto, los miembros del gobierno municipal de Totana se encuentran reunidos en la sede local del PP, a donde también han acudido militantes y simpatizantes, en espera de que acabe la actuación policial en la sede del Ayuntamiento.
La operación policial se inició el pasado lunes de forma simultánea en las tres regiones citadas, y tiene su origen en una supuesta corrupción urbanística para recalificar unos terrenos rústicos de 2,2 millones de metros en las afueras de Totana, pedanía de El Raiguero, donde el grupo gallego Nuaria promovía la construcción de cerca de 5.000 viviendas, y hoy solo viven 400 huertanos.
Detenido el jefe de la policía local
La Guardia Civil ha detenido también hoy, y desarmado, al jefe de la policía local de Totana, Alfonso Canales, según han informado poco después fuentes de la investigación.
Se trata de la tercera detención que se produce esta mañana en Totana, donde han sido arrestados antes el alcalde, José Martínez Andreo (PP), y la secretaria del Ayuntamiento, Laura Bastida, por varios supuestos delitos, más concretamente, presunta falsificación documental, cohecho, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionarios públicos y tráfico de influencias.
El alcalde fue arrestado pasadas las ocho y media de la mañana en su domicilio y ha sido trasladado al Ayuntamiento, en cuyas dependencias se encuentran numerosos agentes de la Guardia Civil, que también han acudido a la Concejalía de Urbanismo, y requisado gran cantidad de documentación.
Detenido el empresario Pedro Martínez Ruiz
La Guardia Civil ha detenido posteriormente al empresario de Totana, Pedro Martínez Ruiz, y lo ha trasladado a la sede del Ayuntamiento, donde se está efectuando desde primeras horas de la mañana un registro en presencia del alcalde, José Martínez Andreo, del PP, y de la secretaria municipal, Laura Bastida.
Fuentes de la investigación confirmaron esta última detención, que se suma, según la calificación de la Guardia Civil, a las efectuadas esta mañana al alcalde, a la secretaria del Ayuntamiento y al jefe de la Policía Local. Participa en un "holding" inmobiliario beneficiado con dos convenios urbanístico por el Ayuntamiento de Totana.
Este último detenido, que llegó en un Opel Vectra de la Benemérita, pasadas las 10,30 horas, a la plaza del Ayuntamiento, es propietario de un grupo de empresas que posee una gasolinera y un hotel en el polígono industrial de El Saladar y, según un empleado del grupo, dirige también la página web "ciudaddetotana.com".
Todas las detenciones han sido confirmadas por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Ángel González, al filo del mediodía ante la confusión sembrada, de forma intencionada desde las filas del PP de la Región de Murcia, en una absurda maniobra de contra información, para la desorientación de los medios de comunicación y de la opinión pública.
Poco después, un portavoz del movimiento cívico local "No a este plan urbanístico", integrado en la plataforma "Murcia no se vende", confirmó el ocultismo municipal sobre los cerca de 60 convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Totana. "Nos denegaban cualquier información pública hasta el mínimo legal".
Ahora, con el abogado promotor Manuel Nuñez y Pablo José Maceira, director de Inmonuar, pendientes de la decisión de la juez, la incertidumbre se apodera de los 200 propietarios de los terrenos donde estaba prevista la edificación del proyecto urbanístico. La promotora gallega no llegó a pagar íntegramente la compra de los terrenos sino que desembolsaron una señal a los vendedores firmando contratos con opción de compra supeditando todo a la aprobación del convenio urbanístico y del nuevo Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento.
Los vecinos habían denunciado presiones mafiosas y amenazas de expropiación si no vendían. En cuanto al precio de venta, que tardó en cerrarse año y medio, la promotora pagó una media de 20 euros por metro cuadrados por unas fincas de suelo rústico. Los terrenos de El Raiguero se dividen entre zona de tierra con alto valor ecológico y suelo agrícola, que no se abastece del Tajo-Segura.
Respecto a la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ultimaron ayer las diligencias para trasladar hoy a los seis detenidos en Murcia, Madrid y Pontevedra ante la jueza, ya que se agota el plazo de 72 horas de detención preventiva. La investigación se centra en la búsqueda de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero en la recalificación de los terrenos.
En esta operación también han sido imputadas dos mujeres: la ex esposa del ex alcalde y actual diputado autonómico del PP, Juan Morales, en cuya asesoría se efectuó un registro de más de ocho horas y su actual compañera sentimental. El abogado personal de Morales, Javier Cegarra, también ha sido imputado. La UCO interceptó un maletín en su poder, con documentación determinante para la investigación en marcha y una suma importante.
Tras el escándalo de Murcia, Izquierda Unida de Vigo pidió ayer que vigile la actividad del Grupo Nuaria en la ciudad gallega. Casi tres días después de la detención, el abogado Manuel Nuñez ha hecho su viaje más largo desde Pontevedra a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia. Dueño de un holding de siete empresas, ha cambiado su lujoso pazo de 4.500 metros cuadrados en Nigrán por los calabozos de la Guardia Civil en Cieza en espera de un auto de la juez.
Reacciones de la Oposición
Mientras el presidente Valcárcel se negaba hoy a contestar a las preguntas de los periodistas en Murcia y Mariano Rajoy decía desde Madrid no saber nada, el portavoz de Izquierda Unida en Totana , Juan José Cánovas, afirmó que si el ex-alcalde de la población y diputado regional, Juan Morales, «quiere trabajar por su pueblo y limpiar su imagen» debería presentar su dimisión o renunciar a su inmunidad parlamentaria «para someterse a la justicia como cualquier ciudadano».
Cánovas puso de relieve que lo que se está investigando en la denominada Operación Tótem no está relacionada con la labor parlamentaria de Morales sino con los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El dirigente de IU consideró asimismo que el actual alcalde de Totana, José Martínez, y el concejal de Urbanismo, Juan Carrión, «no pueden decir ahora que ellos no sabían nada» de los convenios urbanísticos que son objeto de investigación, ya que ambos participaron en la comisión de gobierno que los aprobó.
Además, según Cánovas, Martínez «era el hombre fuerte» del equipo de gobierno de Morales «y su mano derecha» y Carrión ocupaba la misma concejalía que ahora ostenta, por lo que les instó a que asuman responsabilidades políticas.
Finalmente, que Morales de explicaciones sobre su forma tan poco clara de actuar y que "se presente ante la Justicia porque él es el máximo responsable".
También el coordinador regional de IU y diputado regional, José Antonio Pujante, instó al presidente Valcárcel a que no permanezca callado por más tiempo con la salida de que el PP se va a personar en el procedimiento. "¿En calidad de qué: acusación, defensa u observador? Será cómplice por omisión si permanece por más tiempo en silencio y no modifica la actual ley regional del suelo por propiciadora de los convenios urbanísticos de los que Totana sólo es la punta del iceberg".
Por su parte, el portavoz del PSRM, José Ramón Jara, ha pedido a Valcárcel que no trate de tapar lo que no puede ser tapado. "No puede negar por más tiempo la evidencia ante la gravedad de esta situación, que no nos sorprende, y de tan triste espectáculo. No puede seguir mirando para otro lado mientras tanto se perjudica la imagen pública de la Región de Murcia y él sin hacer nada de lo que tiene que hacer dentro de PP".
Última hora
A las siete de la tarde todos los detenidos han salido del edificio consistorial para ser trasladados desde la plaza de la Constitución, en distintos coches camuflados y escoltados por agentes de paisano en otros diez vehículos, a la Comandancia de la Guardia Civil, en Murcia (imagen inferior), donde pasarán la noche en sus calabozos en condición de presuntos y en espera de quedar a disposición judicial.
El primer edil fue introducido sin esposar en un coche de la Benemérita, y Bastida en otro, y sendos vehículos partieron de la plaza de la Constitución después de que ambos permanecieran en el interior de la sede consistorial unas nueve horas durante un minucioso registro, del que salieron nueve cajas de documentos tras incautar numeroso material.
Un grupo de concejales del PP y simpatizantes les estaban esperando y han aplaudido a su salida ante los gritos de censura ("ladrones, chorizos, a la cárcel...") de otro grupo de ciudadanos concentrados allí para seguir un segundo registro de la Gerencia de Urbanismo previo al tercero en las dependencias de Cajamurcia, de la mano del empresario Pedro Martínez Ruiz, a partir de las cinco de la tarde.
Los agentes han advertido a los empleados de la entidad que, probablemente, tendrán que volver para registrar más cajas de seguridad porque es posible que se detenga a otro empresario relacionado con la trama.
Durante el día de hoy, y durante más de doce horas, los primeros cuatro detenidos declararon ante la autoridad judicial competente y mañana lo harán las dos restantes, que hoy no pudieron hacerlo. De los primeros interrogatorios se desprende que la trama totanera se proyecta también a otros convenios urbanísticos de este municipio
Mientras tanto, la UCO de la Guardia Civil ha retirado el pasaporte a Juan Morales, ex alcalde de Totana y actual diputado autonómico, por decisión judicial y ante el riesgo objetivo de fuga, según han informado fuentes solventes de los partidos de oposición, quienes dicen saber, que también le han intervenido su ordenador personal proporcionado por la Asamblea Regional. El sospechoso ha pedido el amparo del Tribunal Superior de Justicia.
En las próximas horas no se descartan nuevas detenciones en otros municipios murcianos ya que, iniciada hace ahora ocho meses, con seguimientos e intervenciones telefónicas, esta investigación tiene muchas ramificaciones en la región.- (Agencias)
MURCIA.- El juzgado de instrucción número tres de Murcia, que admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia inicialmente contra siete personas en el caso La Zerrichera, ha decidido imputar también al promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, quien con anterioridad se había personado en el juzgado de Murcia como interesado por una denuncia de soborno. 
