IU interpone una denuncia ante el Seprona por los episodios de mal olor que sufre Lorca

LORCA.- El grupo municipal de IU-LV en el Ayuntamiento de Lorca interpuso hoy una denuncia ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en relación con los episodios de mal olor que invaden la ciudad y que esta coalición atribuye a plantas de cogeneración eléctrica a partir de purines de cerdo.

El concejal de IU, José García Murcia, explicó que su formación lleva años demandando del Ayuntamiento de Lorca, antes con el PSOE y ahora con el PP, que adopte medidas para localizar el foco de mal olor y eliminar los episodios contaminantes.

En su denuncia, solicitó que agentes del Seprona se personen en las plantas de cogeneración eléctrica y secado de purines de Río e Hinojar, "para comprobar si las mismas son responsables de las intensas olas de mal olor que en los últimos días han invadido la atmósfera lorquina".

Según el edil, este olor está "mermando la calidad de vida de los ciudadanos y provocando problemas respiratorios a muchos lorquinos".

García Murcia sostiene que en los últimos días han sido diversos los episodios contaminantes que han afectado tanto a la ciudad de Lorca, como a sus barrios y a algunas de sus pedanías.

"Son intensas olas de mal olor cuyos efectos en la salud de las personas desconocemos, pero que en cualquier caso son desagradables al hacer irrespirable el aire lorquino", explicó el edil que añadió que "todo parece indicar que esas olas de mal olor pueden proceder de las plantas de cogeneración".

Solicitó que en caso de demostrarse este extremo "se adopten las medidas que en derecho correspondan" y recordó que este asunto ha sido abordado en varios plenos del Ayuntamiento de Lorca a instancias de IU, "sin que hasta la fecha los equipos de gobierno que han pasado, tanto socialistas como populares, hayan realizado tareas de averiguación del foco emisor".

En función del recorrido de esta denuncia ante el Seprona advirtió que IU no descarta llevar próximamente el caso ante el Defensor del Pueblo, para que obligue al Ayuntamiento de Lorca a defender mediante sus políticas "al conjunto de unos vecinos a los que se está privando de un derecho tan elemental como es respirar aire en condiciones", añadió el edil.- (EFE)

Los inspectores de Hacienda proponen fiscalizar a altos cargos de 141 municipios

CÓRDOBA.- Los inspectores de Hacienda del Estado proponen inspeccionar a los alcaldes y a los concejales de urbanismo de los ayuntamientos con una población superior a los 50.000 habitantes, un total de 141 municipios, y a aquellos otros representantes públicos que hayan adoptado importantes medidas urbanísticas, con el fin de evitar casos de corrupción.

Esta es una de las principales medidas de un total de 49 que propone la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado en un documento sobre 'Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España', que su presidente, José María Peláez, ha presentado en Córdoba con motivo del Congreso Nacional de la organización.

Peláez indicó que es necesario incluir en el plan de inspección que cada año elabora la Agencia Tributaria a todos estos representantes públicos, incluso llegando a las posibles ramificaciones familiares, así como llevar a cabo medidas complementarias de investigación necesarias para descubrir la posible utilización de testaferros o sociedades pantalla.

La inclusión de alcaldes y concejales en dicho plan se realizaría al finalizar cada mandato electoral de cuatro años o, en su caso, en el momento del cese. Además, los inspectores precisan que los criterios del plan han de ser públicos para evitar "suspicacias" de utilización política de la medida.

"El fraude y la corrupción no alcanza sólo al área fiscal. Es una lacra general, como últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el mundo financiero y político", reza el texto de los inspectores.

En la misma línea, apuestan por desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo para evitar los casos de corrupción, así como por la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos contra la ordenación del territorio.

Junto con esta medida, abogan por establecer la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria la información obrante en los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como de cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones.

Los inspectores de Hacienda proponen también la atribución a la Agencia Tributaria de la competencia legal para el seguimiento patrimonial de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción y que no hayan reintegrado sus bienes y dinero procedentes de los mismos. La aprobación de una Ley Anticorrupción es otra de las propuestas de este colectivo para evitar el fraude, especialmente la relacionada con el sector inmobiliario.

También en materia de paraísos fiscales apuestan por un gravamen del 24% para todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal, así como por la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, salvo que suministren a Hacienda toda la información concerniente a las mismas.

Actuaciones de incógnito

En cuanto al fraude en el IVA, los inspectores de Hacienda quieren que se les permita realizar actuaciones inspectoras sin necesidad de identificarse y de incógnito, y poder reflejar así en las diligencias los hechos que resulten de la constancia personal de los inspectores, dado el ofrecimiento tan alto que existe actualmente de servicios sin factura o sin IVA.

En materia de deslocalización dentro del territorio nacional, los inspectores de Hacienda proponen modificar la normativa de cesión de tributos a las comunidades autónomas para garantizar que, en el supuesto de cesión de los tributos estatales, la normativa reguladora sea de aplicación homogénea en todo el territorio nacional.

El presidente de los inspectores destacó que se trata de evitar casos como el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prácticamente suprimido en algunas comunidades, lo que está motivando que haya contribuyentes que cambien de forma ficticia de residencia para eludir el pago de este tributo.

"En el momento actual, el ejercicio de las competencias normativas atribuidas a las comunidades ha sido utilizado con tal desigualdad de criterios que incitan al fraude mediante la deslocalización de las personas en otras comunidades para aprovecharse de las ventajas de los tipos impositivos menores", subraya el documento.

Las propuestas de los inspectores incluyen también un conjunto de medidas para evitar la ingeniería financiera, entre las que se encuentran la creación de una responsabilidad solidaria de los despachos de abogados o asesores fiscales que "inciten a la comisión de delitos fiscales" y tipificar como un nuevo delito en el Código Penal la conducta consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para el fraude tributario.
Creación de una Oficina Nacional Antifradue

Finalmente, apuestan por la creación de una Oficina Nacional Antifraude que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria, integre, otre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del SEPLAC y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal.

Esta oficina se crearía a partir de la existente Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ampliando sus competencias y su despliegue territorial, mediante la creación de 100 unidades de investigación en todas las comunidades.- (EP)

Sepes cede el suelo a Zinsa en Los Camachos para 50 años

CARTAGENA.- La sociedad estatal SEPES y la empresa Española de Zinc (Zinsa) llegaron ayer a un acuerdo por el que el Ministerio de Vivienda cede a la empresa una parcela de 50 hectáreas en el polígono industrial Los Camachos para que cierre la factoría de Torreciega y abra allí una nueva.

La compañía, que ha salido de una grave crisis económica, firmó con el ayuntamiento de Cartagena un convenio de recalificación del suelo que ocupa en Torreciega con el compromiso de mantener los puestos de trabajo y su línea de producción en una nueva ubicación.

Zinsa vendió los terrenos de El Hondón en los que se ubica en la actualidad para que pudieran integrarse en el nuevo Ensanche de Cartagena, por lo que la solución para mantener la producción y los empleos pasaba por una nueva ubicación con la que ya cuentan.

De esta manera se consuma la salida de la crisis por la que ha atravesado la empresa los tres últimos años, que le ha supuesto una suspensión de pagos y varios expedientes de regulación de empleo que dejaron al borde del desempleo a los 250 trabajadores de la metalúrgica cartagenera.

Española del Zinc ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que deje sin efecto la suspensión de negociación que pesa sobre sus títulos para poder llevar a cabo la ampliación de capital que inyectaría 28,08 millones de euros destinados a financiar su plan de viabilidad.

La empresa indicó al órgano regulador que esta medida es un paso necesario para que los accionistas puedan negociar "con plena transparencia e igualdad de oportunidades" la ampliación de capital acordada en la junta del pasado 27 de julio. Esta ampliación supondría la emisión de 11,7 millones de acciones a un euro de valor nominal y una prima de emisión de 1,4 euros que se suscribirían mediante aportaciones dinerarias.

Un portavoz del Ministerio indicó que el acuerdo lo firmarán el próximo martes en Cartagena el presidente de Sepes, Félix Arias, y el responsable del Consejo de Administración de Zinsa ante la ministra de Vivienda, Carme Chacón. Vivienda cede a la empresa el derecho de superficie de la parcela por un periodo de 50 años y el Ayuntamiento se ofrece como marco para esa firma.

La empresa pagará un canon anual que no ha trascendido y que será actualizado conforme a la evolución del IPC. El derecho se hará efectivo una vez que la empresa haya construido las nuevas instalaciones y cumpla con el compromiso de mantener todos los puestos de trabajo que había el 31 de diciembre de 2006.

Ésa fue una petición expresa que habían planteado los sindicatos durante la negociación del acuerdo.

El Ministerio destacó el impulso que la ministra Carmen Chacón ha dado a este asunto, que supone «una prioridad del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero» tras su encuentro con el comité de empresa en Murcia durante la pasada campaña electoral municipal y autonómica.- (Agencias)

El empresario Mariano Roca se niega ante el fiscal a pagar la limpieza de la Balsa Yenny

CARTAGENA.-El empresario del Campo de Cartagena Mariano Roca, uno de los propietarios en su día de la Balsa Yenny de El Llano del Beal, declaró ante el fiscal Anticorrupción de Madrid que no pensaba pagar los gastos originados por la descontaminación de esta zona, según "La Verdad".

Considera que había cumplido su parte donando al Gobierno regional los terrenos de estériles mineros, para que fueran la Administración autonómica y el Ministerio de Medio Ambiente quienes sufragaran los gastos con cargo al erario público. Roca y Alfonso García compraron el negocio minero a Peñarroya en 1990.

Como se sabe, la Fiscalía abrió diligencias el año pasado porque considera que puede existir un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por valor de 4,5 millones de euros. Mariano Aroca compareció el pasado 17 de octubre, según ha trascendido ahora.

Desde el pasado verano también lo han hecho el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; el ex consejero de Economía y Hacienda Juan Bernal y el interventor general de la Comunidad Autónoma, según ha venido publicando La Verdad. Éstos han tenido que explicar al fiscal el proceso seguido para la cesión de la balsa a la Comunidad Autónoma.

Según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación, Mariano Roca admitió ante el fiscal que el Gobierno murciano le había reclamado que pagara la parte que le correspondía por la regeneración de la zona, pero el empresario señaló que ya había donado los terrenos y que no debía pagar dinero.

La Fiscalía Anticorrupción se guía por la máxima de que quien contamina paga, y considera doblemente irregular que los propietarios de la balsa contaminada cobraran después dinero de la Administración -a través de la empresa Tragsa- por permitir que los estériles se depositaran en unas cortas mineras de su propiedad. El Gobierno regional considera que los antiguos propietarios de la balsa deben pagar su parte.

Mariano Roca no contestó ayer a la petición de información de La Verdad para que ofreciera su versión de los hechos.
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El fraude fiscal inmobiliario supera los 300 millones de euros en la Región de Murcia

MÁLAGA.- El fraude fiscal en el sector inmobiliario asciende en la Región de Murcia a 303 millones de euros anuales, según datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Con esta cifra, Murcia se sitúa en la novena posición en la clasificación de las 17 comunidades autónomas por su bolsa de dinero negro en el sector constructor e inmobiliario.

Según los datos de Gestha, en la Región hay registradas 10.693 empresas inmobiliarias, que declararon a la Agencia Tributaria un total de 227,9 millones de euros, más de 70 millones menos que el fraude fiscal calculado.

Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades que encabezan el fraude fiscal en el sector inmobiliario. En el conjunto de España, la evasión fiscal en este sector alcanza los casi 8.600 millones anuales.

Gestha indica en un comunicado que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España: las operaciones de compraventa hechas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades de las profesiones liberales.

Los datos facilitados ayer son el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total. Éstas y otras conclusiones han sido presentadas por los técnicos de Hacienda en su VII Congreso Nacional, que hoy se clausura en Málaga.

Según Gestha, la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.

Este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado dar el paso, que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.

Con el fin de anular estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio. Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.

Detenidos seis directivos de Lorca y Pulpí por explotar a trabajadores extranjeros

LORCA.- Agentes de la Guardia Civil han detenido en Lorca y Pulpí (Almería) a seis responsables y encargados de tres empresas agrícolas por delitos contra los derechos de trabajadores extranjeros, que soportaban regímenes de explotación laboral y, en un caso, por abusos sexuales a sus empleadas.

La Delegación del Gobierno informó hoy de que las detenciones se han producido en el marco de la operación "Hermita", nombre de una de las empresas en las que se ha intervenido, que continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La operación se inició en julio y hasta la fecha ha permitido localizar a 25 trabajadores extranjeros, todos procedentes del Magreb, en condiciones laborales no ajustadas a la normativa laboral.

El sindicato CCOO denunció en julio al encargado de una de estas empresas como supuesto autor de un delito de abusos sexuales contra sus empleadas, a las que exigía mantener relaciones si querían continuar en el puesto de trabajo.

Sus víctimas han sido atendidas por agentes del Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (EDATI), y, según la fuente, la colaboración de la Benemérita con el sindicato ha permitido la detención de M.H.E. de 40 años, vecino de Lorca y compatriota de las mujeres, en calidad de presunto autor de un delito continuado de abusos sexuales.

La investigación llevó a los agentes a indagar en las empresas para las que trabajaba el detenido, Agrícola La Hermita 32 SL y Frumed, en la pedanía lorquina de Purias, donde trabajaban sin contrato ni alta en la Seguridad Social la práctica totalidad de los empleados, todos extranjeros, que estaban siendo sometidos a condiciones de explotación.

En estas empresas, de manipulación hortofrutícola, han sido detenidos P.J.R.S. de 38 años y vecino de Lorca; J.S.P., vecino de Puerto Lumbreras; P.M.A. de 28 años y vecino de Totana, y A.T.C. de 30 años y vecino de Murcia, algunos de los cuales poseen antecedentes policiales por delitos similares.

La operación "Hermita" se extendió, en sus siguientes fases, a la empresa agrícola Cultivos Intensivos del Sur de Huércal-Overa, con domicilio social en la localidad almeriense de Pulpí, que tenía una cuadrilla de trabajadores africanos, sin contrato ni alta en la seguridad social, dedicada a la plantación de lechugas, que luego eran trasladadas a Agrícola La Hermita 32 S.L., donde eran manipuladas y vendidas.

Los investigadores comprobaron que esta empresa también desplazaba diariamente a decenas de trabajadores en las mismas condiciones a otras localidades como Alhama de Murcia y Mazarrón, por lo que fue detenido el responsable de la misma, J.G.M.S de 38 años y vecino de Pulpí.- (EFE)

El concejal de Águilas Pedro Gil ha sido interrogado por el juez durante más de tres horas acerca del presunto soborno

MURCIA.- El concejal del Ayuntamiento de Águilas por el MASd (Movimiento Aguileño Socialdemócrata) y ex secretario local del PSOE, Pedro Gil, ha declarado esta mañana durante más de tres horas, en calidad de imputado en un presunto delito de soborno, ante el titular del juzgado nº 3 de Murcia en una pieza separada del procedimiento de La Zerrichera, según fuentes del TSJ.

El juez Alcázar no aplicó ninguna medida cautelar a Gil tras escucharle.

Gil, quien a la salida declaró que había contestado a todas las preguntas del juez y espera que todo se aclare favorablemente, había sido denunciado ante la Fiscalía por el actual secretario local del PSOE de Águilas, Ramón Román, que ha declarado ante el juez posteriormente sobre estos extremos, y que ha revelado que Gil medió en el supuesto intento de soborno de compañeros del grupo municipal socialista ofreciendo cuatro millones de euros si no se oponían con fuerte crítica a la aprobación de urbanizar La Zerrichera, que promueve la "Kutxa" donostiarra tras adquirir una opción de compra al especulador cartagenero Trinitario Casanova, al parecer, inductor del supuesto intento de soborno.

El imputado Gil escenificó a la salida del juzgado cierto melodrama al insistir en el sufrimiento personal y familiar por este tema durante dos años y calificar de falsa y atropello la acusación de Ramón Román, sentenciado al final que "todo es mentira". Luego ha dicho: "Me he quitado un peso de encima. Ha sido un desahogo para mí".

Ramón Román también tuvo que contestar a las preguntas del juez tras la declaración de Pedro Gil. Tranquilo y en una actitud segura, que denotaba confianza en sí mismo, aseguró al salir del juzgado que se encontraba “contento por haber colaborado con la Justicia en este tema”, para asegurar luego “dejar todo en manos del juez”.

Román confirmó, finalmente, que se había ratificado en sus declaraciones y que se limitó a explicar al juez lo que sabía.

El actual líder del PSOE en Águilas acusa al responsable del MASd, Pedro Gil, de intentar comprarle en nombre de Trinitario Casanova para que no se opusiese al proyecto de urbanización.

Como ya hiciera ante el fiscal jefe, Manuel López Bernal, recordó cómo Pedro Gil le dijo que había un maletín con un millón de euros si se olvidaba del tema de la La Zerrichera.

Este presunto soborno no iría encaminado tanto a que Román se abstuviese de votar en contra de la recalificación de La Zerrichera puesto que el PP en el ayuntamiento de Águilas tenía votos suficientes como para sacar adelante el proyecto, como para que la oposición de Román fuese menos crítica.

Según Román, el entonces secretario del PSOE aguileño le dijo que el constructor responsable del proyecto de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera, Trinitario Casanova, había ofrecido tres millones de euros: uno para el propio Gil, otro para Román y otro para una persona de dentro del Ayuntamiento que actuaba como intermediario entre ellos y Casanova.

Fuentes judiciales indicaron posteriormente que el promotor y responsable del Grupo Hispania, podría ser el próximo en declarar ante el juez en relación con este presunto caso de soborno.

En otro orden de cosas, la Fiscalía ya ha citado a declarar al empresario pachequero Pedro García Meroño en el expediente abierto tras la documentada denuncia de un particular sobre el procedimiento, presuntamente irregular, de adjudicación de la gestión del canal autonómico de televisión, "La 7", resuelto en su día a favor de la empresa GTM, que preside el aludido empresario.

Ayer ya lo hizo, en relación con este mismo asunto, el periodista Ernesto Saénz de Buruaga, quien asesoró en el proyecto por cuenta de las arcas públicas de la Comunidad Autónoma.- (NEM)

La CAM intenta por segunda vez en dos meses aprobar su salida a Bolsa

ALICANTE.- El orden del día del consejo de administración de la CAM convocado para el próximo martes 20 de noviembre incluye la presentación por parte de su director general, Roberto López Abad, del informe que, "a priori", aconseja la emisión de cuotas participativas (acciones sin derechos políticos) para obtener recursos adicionales y mantener así la confianza en la solvencia de la entidad, cuestionada en las últimas semanas en determinados círculos.

La medida, defendida por el máximo ejecutivo, supondría una liquidez adicional para la CAM de 1.500 millones de euros, que se ingresarían con la salida a Bolsa del 25% de su capital, aunque sin derechos políticos sobre la gestión. Los rumores insistentes de las últimas semanas en esos determinados círculos insisten en las dificultades de liquidez por las que viene atravesando la entidad por una excesiva concentración de riesgo hipotecario. Ese dinero lo necesita, al parecer, la CAM como "agua de mayo".

Aunque en un principio los representantes socialistas en el Consejo se mostraron reticentes a esta medida, dieron a López Abad la oportunidad de glosar en un documento las bondades de su proyecto -que cuenta con el asesoramiento del banco de inversiones Lehman Brothers-, y que serán expuestas el martes.

El Consejo de Administración de la entidad volverá, pues, a abordar la cuestión por segunda vez en dos meses. En la primera ocasión, el pasado 26 de septiembre, la presidencia de la Caja decidió a última hora retirar el asunto del orden del día, consciente de que la unanimidad no era posible por la oposición de los consejeros socialistas con consignas del PSPV de votar en contra.

Pese a no someterse a aprobación, las cuotas participativas centraron el capítulo de «ruegos y preguntas» y el gobierno de la CAM resolvió pedir al director general un informe más amplio. Oficialmente, se adujo que el momento bursátil -sacudido entonces por los primeros efectos de la crisis financiera desatada por las hipotecas "sub prime" de EE UU-, desaconsejaba recurrir a los parqués en busca de nuevas fórmulas de financiación urgente.

Con todo, y pese a la oposición expresada por secciones sindicales de la entidad -la CGT explicitó su rechazo a lo que considera un proceso «privatizador»-, fuentes financieras dan por hecho que la CAM se convertirá en la primera entidad española que dé el paso de emitir las citadas cuotas participativas.

Pero parece, sin embargo, poco probable que la CAM lleve este tema a la reunión del martes sin antes haber intentado el consenso necesario para que la entidad comience a cotizar en Bolsa.

En cualquier caso, la mayoría está garantizada (de 20 consejeros, seis son del PSPV y dos de los sindicatos; el resto, es favorable a la propuesta de López Abad). No obstante, la decisión final no es del Consejo de Administración, sino de la Asamblea General, que se celebrará en diciembre y, por tanto, abre un margen suficiente para la unanimidad de su ratificación.

La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales

MÁLAGA.- La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha).

Éste es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total. Éstas y otras conclusiones serán presentadas por los técnicos de Hacienda entre en el marco de su VII Congreso Nacional, que se celebra en Málaga.

Según Gestha la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.

Concretamente, este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado 'dar el paso', que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.

La mitad del fraude, en sólo cuatro CCAA

El análisis de Gestha revela también que el fraude inmobiliario se encuentra concentrado, principalmente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (1.836,2 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.479 millones), Andalucía (1.392,4 millones) y Comunidad Valenciana (1.088,1 millones).

A estas comunidades autónomas les siguieron Galicia (476,7 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones), Castilla-La Mancha (341,5 millones), Murcia (303,8), Baleares (290,5 millones), Aragón (225,3 millones), Asturias (136,1 millones) y Extremadura (114,6 millones).

Por debajo de los 100 millones de euros se situaron Cantabria (94,4 millones), La Rioja (49,3 millones), Ceuta (7,3 millones), Melilla (5,5 millones), País Vasco (4 millones) y Navarra (1,3 millones).

Propuestas para evitar la evasión fiscal

Con el fin de anular estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio.

Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.

Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, y obligar a los promotores inmobiliarios a validar estos contratos en el registro para poder detectar así los 'pases'.

Este registro administrativo, continúan, podría centralizarse en los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores.

Los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas, y por tanto, sin escritura, la obligación de notificar al promotor esta operación, de forma que este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse por la declaración de precios inferiores a los reales de la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no sólo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos podría estar elaborado en 2008, ya que se está ajustando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado, en colaboración con la Dirección General del Catastro. Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone una "inversión del sujeto pasivo", lo que supone que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda. También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del comprador, para asegurarse de que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.

La Ley no cumple su cometido

Desde una perspectiva general, los técnicos de Hacienda consideran que la Ley Antifraude "no ha servido para atajar las grandes bolsas de fraude existentes en España". Así, estiman que en lugar de concentrar las investigaciones en estos focos de economía sumergida, se ha seguido ejerciendo "de forma masiva" un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Desde Gestha se echa en falta un mayor control de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Denuncia que, en ocasiones, estos profesionales defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.- (Agencias)

(Playa de San Juan, Alicante)

Los inspectores de Hacienda unifican criterios para luchar contra la corrupción y el fraude fiscal

CÓRDOBA.- El XVII Congreso Anual de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado inaugurado ayer en Córdoba, aborda, entre otras cuestiones, el delito fiscal y la lucha contra la corrupción.

Se analiza como tema principal la citada cuestión del delito fiscal, en cuanto a su problemática procesal y penal, mediante la celebración de un seminario, que se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda.

Además, la Organización de Inspectores de Hacienda presentará hoy un estudio sobre 'La situación actual del fraude, blanqueo de capitales y la corrupción en España'.

Por su parte, Luis Pedroche, director de la Agencia Tributaria destacó que las nuevas medidas de control del fraude han reforzado la colaboración con los órganos jurídicos, especialmente con la Fiscalía, han acentuado los mecanismos para asegurar el cobro de la deuda liquidada y han permitido, gracias a nuevas acciones preventivas, "mitigar" algunos fenómenos de fraude, como es el caso del IVA en las operaciones intracomunitarias o en el sector inmobiliario.

Sobre las medidas de control en el sector inmobiliario, no quiso adelantar si se contemplan nuevas actuaciones, pero manifestó que las puestas en marcha hasta el momento han dado "muy buenos resultados" y, por tanto, se avanzará en la misma dirección.- (Agencias)