La Audiencia de Málaga no ve arbitraria la venta del hotel de Los Alcázares, vinculado a Roca

MÁLAGA.- La Audiencia Provincial de Málaga no considera arbitrarias las ventas del hotel de Los Alcázares (Murcia) ni del llamado Palacete de Saldaña, ubicado en Madrid, supuestamente vinculados al ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca; operaciones que fueron autorizadas en mayo por el entonces instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, por un precio de 26,5 millones y de 15,5 millones de euros, respectivamente.

Así, a través de un auto, la Sección Primera desestima el recurso de apelación interpuesto por los abogados de Roca y los representantes legales de la empresa Condeor, que impugnaron la venta de los inmuebles hecha por el administrador y alegaron incumplimiento en torno al sistema de nombramiento y funcionamiento del administrador judicial.

Para la Sala, "no consta arbitrariedad" en las ventas efectuadas, puesto que contaron con "las correspondientes tasaciones por peritos expertos y autorizados legalmente, con informe del administrador sobre la necesidad de garantizar la viabilidad económica del grupo de empresas", las cuales, argumenta, tenían préstamos hipotecarios "con vencimiento impagados".

En este sentido, la resolución indica que era necesario "costear la administración de los bienes y atender los salarios de los trabajadores"; aunque señala que "será conveniente en lo sucesivo extremar la transparencia y publicidad en el proceso de venta, como medio de garantizar el mejor precio posible". Además, se estima que los autos de reforma son "un buen ejemplo de lo que debe considerarse como motivación judicial".

En lo que respecta al nombramiento del administrador judicial, el Tribunal indica que los recurrentes pretenden que la sociedad tuviese intervención en dicho nombramiento a través de su órgano decisorio, "cuando ha quedado acreditado y reconocido que el único accionista era Roca", con lo que, según apunta, "se pretende que la persona sometida a investigación sea el artífice de la designación del administrador".

"Tal desatino no puede ser aceptado debiendo designarse al administrador en la forma efectuada, es decir, en la persona de quien fuese de confianza del instructor", añade el auto, en el que se determina que en lo referente al interventor designado por Condeor para fiscalizar la administración judicial "no puede alegarse desconocimiento o entorpecimiento a su labor".

Por último, también se pronuncia sobre la imposibilidad de instar proceso concursal por parte del administrador, alegada por los recurrentes, sobre lo que dice que la ley establece que los administradores preexistentes o los que resulten designados "tendrán a su alcance la posibilidad de instar el concurso en caso de insolvencia, lo que no consta en este procedimiento".

Apunta que el proceso penal "ha sido previo al concurso" y afirma que el destino del activo "si el recurrente resultara condenado, sería el comiso, es decir, la adjudicación de los bienes objeto del delito al Estado o la subasta de los mismos para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias".

El juez Torres argumentó en los autos por los que autorizó la venta, que la situación económica de la empresa era "lamentable en tanto incapaz de generar recursos" y precisó que la enajenación "no es sólo necesaria, sino que es la medida más apropiada para la propia compañía", ya que "de no procederse a la venta de algún bien patrimonial de la entidad, sería imposible hacer frente a las deudas y reclamaciones pendientes".- (Agencias)

San Esteban da vía libre al cambio urbanístico para convertir el suelo de Potasas en zona urbana

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena anunció ya que ha recibido el visto bueno de la Administración regional al cambio urbanístico que permitirá convertir los terrenos contaminados de Potasas, los que deje libre la línea de ferrocarril hasta la estación, una vez sea soterrada, y los anexos a Torreciega que pasan a ser urbanizables, en la zona de expansión urbanística de Cartagena hacia el este, en terrenos de El Hondón y Torreciega.

Se trata del permiso que el Ayuntamiento esperaba para la modificación puntual 114, que transforma en urbanizables los terrenos de uso industrial de Potasas y Derivados y los une al resto de suelo de la zona.

El retraso de cuatro años que acumula esta planificación se debe a la contaminación de parte de estos terrenos con fosfoyesos de baja radioactividad y al convenio para soterrar los dos últimos kilómetros de vía férrea y aprovechar urbanísticamente el espacio libre en superficie.

La actuación en El Hondón se producirá sobre un total de 926.000 metros cuadrados de suelo, de los que 600.000 serán puramente urbanizables, con una edificabilidad del 75%. En un principio se calculó que esta zona podría albergar entre 4.000 y 5.000 viviendas.

La propiedad del suelo en este caso es compartida entre la sociedad pública Podecasa, en la que están el Ayuntamiento y la Comunidad, el Banco de Sabadell, a través de la filial Landscape, y una sociedad inmobiliaria.

La zona de terreno resultante del soterramiento, unos 46.000 metros cuadrados, quedaría en manos de Renfe y del Ministerio de Fomento, y acogería viviendas para cubrir el gasto de soterramiento para el que ya hay un depósito comprometido por el Estado de doce millones de euros. En este caso, la edificabilidad sería del 45%.

Entre ambos sectores, según la normativa aprobada, se establecerá un elemento bisagra con el que se pretende crear un efecto de transición entre la nueva área urbanizada de El Hondón y el terreno soterrado de la vía del tren.

El ensanche hacia suelo de Potasas supondrá la ampliar la Avenida Alfonso XIII hasta una rotonda en la que también confluirán la actual carretera de La Unión y la A–333, cuyo paso elevado será eliminado. Lo mismo ocurrirá con el de la A–30, que partirá desde esa glorieta que pondrá fin al área urbana y dará a un gran parque.

Tras certificar el compromiso de Fomento, que ha anticipado doce millones de euros para soterrar el trazado ferroviario, la urbanización de la zona anexa de El Hondón hace necesario inventariar las zonas contaminadas y redactar los proyectos para depurarlas. Una vez efectuadas las operaciones de limpieza necesaria, será posible construir allí la zona residencial prevista.

Además, en una nota anexa se establece que la urbanización de El Hondón estará “condicionada al cierre y levante” de las vías de maniobra de la estación de Cartagena al Valle de Escombreras. En cuanto a los cauces, se sugiere la trinchera de la antigua vía hacia el muelle de Santa Lucía como desagüe. También será necesario dar una solución al de la Rambla de El Hondón.

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El Gobierno Valcárcel respalda la gestión de los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo

MURCIA.- El portavoz del Gobierno de Murciaexpresó hoy el respaldo del Ejecutivo a la gestión urbanística realizada por los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco, que investiga un juzgado de San Javier a raíz de una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz fue preguntado por esta causa judicial y expresó su deseo de que las conclusiones del juez instructor se correspondan con lo que "espera" el Ejecutivo "porque la gestión es conforme a ley", aseguró.

"Confiamos plenamente en la gestión municipal", insistió De Heras, quien subrayó el respeto del Gobierno de Murcia a la actuación de la Justicia y la confianza en que "la instrucción del caso se haga con normalidad y sin injerencias".- (EFE)

Trabajadores de Hefame protestan por la instalación de cámaras

SANTOMERA.- La dirección de "Hefame", que ocupa el ex consejero del gobierno autónomo Francisco Marqués, ha decidido instalar un total de 53 cámaras en el interior del edificio para tener un mayor control de las instalaciones.

La medida es, para los representantes en el comité de empresa, «una vulneración de nuestros derechos fundamentales, como la dignidad, la intimidad, la libertad sindical y el derecho a la no discriminación, ya que han puesto cámaras a unos trabajadores y a otros no».

La empresa defiende que la labor que cumplen las cámaras «es de mera vigilancia de seguridad, teniendo como finalidad evitar posibles intrusiones en el edificio».

En el informe realizado, tras una denuncia, por una inspectora del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a los responsables de "Hefame" se les indica que «existen cámaras, sobre todo en el almacén, que únicamente enfocan hacia zonas de trabajo, pero no lugares de acceso desde el exterior».

Según el mismo documento, Hefame ha colocado este tipo de cámaras en lugares como «las salas destinadas a las secciones sindicales, o en la sala de reuniones múltiples». En este caso, según la inspectora de Trabajo, "se observa que enfoca directamente a las sillas donde se sientan los integrantes de cada reunión, en lugar de estar enfocada sobre la puerta que comunica con el exterior".

En esta sala, según se indica desde el comité de empresa, se llevan a cabo las asambleas de trabajadores». Hay, incluso, una cámara «que enfoca directamente a un puesto de trabajo y, pese a que a la trabajadora se le aseguró que la cámara no grabaría en horario laboral, en el momento de esta visita se encuentra en funcionamiento».

En una de las instalaciones más comprometidas se ha comprobado que la cámara está enfocando «directamente a los aseos». En otro caso, y «a requerimiento de la demandante, se ha velado la parte de una cámara que enfocaba a la zona de descanso de los trabajadores».

Una representación del comité de empresa de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) se manifestó hoy en el Paseo de Garay, en Murcia, para protestar por la instalación de esas 53 cámaras de vigilancia en el edificio que alberga la cooperativa, situada en Santomera. Estos trabajadores consideran que los equipos vulneran su intimidad.

Trinitario Casanova vende "El Faro" y se va de Murcia

MURCIA.- Trinitario Casanova, está cumpliendo con sus objetivos de abandonar sus inversiones en la Región de Murcia; una decisión que tomó a raíz de la paralización de la urbanización "La Zerrichera" proyectada en Águilas, la cual depende ahora de las decisiones que tomen el Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento de Águilas y el Gobierno regional.

Casanova comunicó ayer tarde en un comunicado que ha vendido el cien por cien de las acciones de Prensa del Sureste S.L., editora de los diarios El Faro y Crónica del Sureste; este último gratuito. La venta se ha realizado a la empresa editora del diario "Negocio".

«Con esta operación, el Grupo Hispania continua con sus desinversiones en la Región de Murcia», señala la nota de la empresa. (Entre los propietarios de Negocio figuran Fernando Sánchez, dueño de los restaurantes El Frontón, de Madrid, y Javier Tallada. Ambos tienen relación con Promecal, empresa de la que es dueño Miguel Méndez Pozo, quien fue noticia hace años por su implicación en el caso de la construcción de Burgos, y que tiene cabeceras de periódico en Castilla-La Mancha, como La Tribuna, y también en otros lugares de España como Burgos y Valladolid, según revela "La Verdad").

Según diversas fuentes, los nuevos propietarios han adquirido la deuda para hacerse con el control de ambas cabeceras, por lo que no han desembolsado dinero en efectivo. Los socios de GTM, el grupo empresarial que gestiona la televisión pública autonómica, La 7, decidieron por unanimidad en un Consejo de Administración la compra de los periódicos de Trinitario Casanova, aunque al final se ha impuesto la oferta de la editora de Negocio.

El grupo editor de este último, Tumbo de Privilegios, no detalló ayer el importe de la operación. Un portavoz señaló a la agencia "Efe", que se trata de una compra «estratégica» que supone el inicio de otras operaciones que se van a hacer en Murcia relacionadas al parecer con medios de radio o televisión. "Negocio" se reparte, con edición propia, en Castilla y León con las cabeceras del Grupo Promecal, entre ellas El Día de Valladolid, El Adelantado de Segovia, El Diario de Ávila, El Diario Palentino y El Diario de Burgos.

Trinitario Casanova al parecer también ha vendido su compañía aeronáutica -Jet Nova, que opera con aerotaxis desde San Javier- a Juan Gracia, empresario inmobiliario de San Pedro del Pinatar que es propietario de Peinsa. Gracia firmó recientemente un convenio con el alcalde de La Unión para desbloquear la rehabilitación de la Casa del Piñón, un proyecto en el que la Fiscalía decidió que no existía ninguna ilegalidad.

El Grupo Hispania cuenta con inversiones en otros puntos de España, como Alicante y Almería, a través edificios para oficinas, dos centros comerciales y varios supermercados. En la Región desarrolla otras inversiones, una de ellas junto al centro comercial Thader. En Murcia es propietario asimismo del Edificio Hispania, en la céntrica la plaza de la Fuensanta. Casanova cuenta además con oficinas en Madrid, desde donde centraliza sus negocios.

Fuentes de la empresa «ni confirman ni desmienten» que esté proyectando abandonar la sede murciana.

(Edificio "Hispania" en la playa de Vera, Almería)