MURCIA.- Los directivos de las empresas murcianas que integran el Círculo de Economía reclaman al Gobierno regional el desbloqueo de los proyectos urbanísticos que están paralizados en la Administración regional desde que se inició la disputa urbanística, según dicen en un comunicado. La asociación, que está presidida por el ex director provincial de La Caixa en Murcia, Eusebio Ramos, advierte de que la "difusión de opiniones e imágenes negativas del sector de la construcción" pueden "crear un falso ambiente de corrupción generalizada, que podría dañar gravemente la buena imagen y la credibilidad de nuestras instituciones y de nuestra economía".
Los directivos dejan claro que "la denuncia de las posibles irregularidades y delitos puntuales" no debe convertirse en "un lastre añadido a las nuevas dificultades que plantea la actual coyuntura económica".
Las propuestas que hacen los ejecutivos de los grandes grupos empresariales de la Región coinciden en gran parte con las reivindicaciones que los empresarios de la construcción y la propia patronal CROEM vienen planteando desde hace finales de 2005, cuando se inició el debate sobre el desarrollo urbanístico, mucho antes de que empezara la batalla electoral previa a los comicios municipales y autonómicos del pasado 27 de mayo.
El presidente del Círculo de Economía espera que la iniciativa de la asociación "sea un revulsivo para que todos miremos más por los intereses generales que por los particulares, que miremos el bosque en vez de al árbol".
Por su parte, el vicepresidente, José García Caballero, que es también vicepresidente de la Asociación de Promotores, dijo que "la responsabilidad de poner fin al fuego cruzado que está perjudicando al sector en mercados como el de Reino Unido atañe a todos los partidos".
El Círculo de Directivos, que está integrado por ejecutivos de las principales empresas de la Región y de las entidades financieras, advierte de que en la actual situación económica, en referencia al parón que está produciéndose en la construcción, introduce "nuevas expectativas e incertidumbres que justifican una especial atención de las instancias políticas y sociales".
Entre las medidas que consideran más urgentes figura "el desbloqueo administrativo de los proyectos urbanísticos y la posterior agilización. Ninguna circunstancia externa ni contexto político o social ajeno a la estricta aplicación y desarrollo de las leyes debería impedir a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos como administrados".
También consideran necesario que los partidos mayoritarios se sienten a negociar cómo se adapta la Ley del Suelo regional a la reforma estatal que entró en vigor el pasado mes de julio.
Las empresas de la construcción consideran que la reforma estatal ocasiona un gran perjuicio a los promotores al obligarles a valorar como rústicos los terrenos que se proponen urbanizar hasta el momento en que concluya el proceso de recalificación. También proponen que se llegue a un consenso sobre la aplicación de la nueva evaluación ambiental estratégica.
Desde el Círculo consideran que “las circunstancias nos aconsejan no dilatar por más tiempo la normalización definitiva de un sector extraordinariamente sensible. Es el momento ahora”.
La asociación de expertos económicos subraya que “la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo nacional, y la necesaria adaptación a la misma de la ley regional, puede ser una magnífica oportunidad para concretar un gran Pacto Regional y reactivar un sector que no puede ser obstaculizado ni ralentizado administrativa, o políticamente, sin dañar, gravemente, los intereses globales del conjunto de los ciudadanos”.
En relación con la adaptación regional de la Ley 9/2006, referida a la Evaluación Ambiental Estratégica, desde el Círculo de Economía consideran que “debería ser otra de las prioridades a la hora de establecer consensos amplios y duraderos, tal y como ha sucedido ya en otras Comunidades Autónomas”.
El resultado de esta iniciativa, a juicio del Círculo, “podría ser la clarificación y simplificación de las normas de desarrollo y la agilización de la tramitación de los procesos urbanísticos. Las necesarias exigencias medioambientales y el rigor en éste ámbito no debería suponer, en modo alguno, la burocratización de las administraciones, ni la exagerada dilatación en el tiempo de los procedimientos.
Según los expertos, “aspectos como el porcentaje de reserva obligatoria y las cesiones de suelo, deben ser clarificados, desde una interpretación realista de la ley, y adaptados, sensatamente, a las circunstancias y características de los desarrollos previstos en la Región”.
Ante la posible difusión de opiniones, e imágenes negativas del sector, el Círculo de Economía considera que “sería muy perjudicial para los intereses de la Región, tanto la tolerancia, o la indiferencia frente a posibles irregularidades urbanísticas, que han de ser sancionadas de manera inmediata y ejemplar, como la exageración interesada de las mismas, intentando crear un falso ambiente de corrupción generalizada que podría dañar, gravemente, la buena imagen y credibilidad de nuestras instituciones y nuestra economía”.
La asociación apela “al buen criterio de los medios de comunicación para discriminar entre hechos de tan distinta naturaleza y para seguir difundiendo aquellas noticias que respondan, realmente, al interés de los ciudadanos”.
Los integrantes del Círculo también estiman que “la aceptación pasiva, por parte de la sociedad, de una imagen pública confusa y distorsionada sería un elemento perjudicial para el normal desarrollo del sector, máxime en un momento en el que estas circunstancias pueden resultar un innecesario lastre añadido a las nuevas dificultades que plantea la actual coyuntura económica”.
Por otra parte, el coordinador regional de Izquierda Unida y diputado en la Asamblea, José Antonio Pujante, aboga porque se solucione “la situación de crisis inmobiliaria y de paro que se está generando”, por lo que propuso que la Administración regional “promueva, con carácter público, suelo y vivienda”, ya que, reconoce, que “hay una necesidad objetiva en la Región de vivienda para jóvenes y no jóvenes, en régimen de alquiler o en propiedad”.
