MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, ha tomando hoy declaración a los implicados por presuntas irregularidades en la recalificación del paraje protegido de La Zerrichera, en Águilas. En espera del correspondiente auto judicial para conocer los eventuales cargos, todos siguen estando imputados al no haberles sido comunicado expresamente lo contrario por parte del magistrado tras estas diligencias previas a la apertura de juicio oral. Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ya han sentado cierta jurisprudencia en este caso con sendos autos emitidos a petición de los imputados y de los denunciantes.Declaró en primer lugar el ex director general de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, durante más de dos horas y media. Seguidamente pasó ante el juez el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, el cual estuvo más de una hora y media prestando declaración. Ninguno hizo manifestaciones a la salida pese a la insistencia de los periodistas por conocer algunos extremos y matices de ambas comparecencias. Lo hizo de mejor humor éste último, hasta sonriente.
Según la querella del fiscal Bernal, en febrero de 2006 el consejero de Obras Públicas, a la sazón Joaquín Bascuñana, acordó, a propuesta de Ródenas y de Guerrero, aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Águilas para recalificar como suelo urbanizable sectorizado el paraje protegido de La Zerrichera.
Bernal dice que esta decisión se tomó a pesar de la existencia de seis informes en contra de la transformación en urbanizable del terreno protegido: cuatro de distintos funcionarios de la propia consejería de Obras Públicas, otro elaborado por un profesor de la Universidad de Murcia (encargado por Ródenas y por el que se pagaron 12.000 euros) así como un sexto del director de los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia, José María Lozano.
Se ha hecho luego un receso para almorzar, desde las 14 hasta las 15 horas, y poco después pasó a testificar el actual alcalde de Águilas, Juan Ramírez, durante más de dos horas, asistido de su nuevo letrado; y finalmente lo hizo el ex concejal del PP aguileño, José López.
José López fue uno de los socios de la empresa Alhóndiga Agrisel S.A. que en 2003 compró la finca tras haber convenido con el presidente del grupo Hispania, Trinitario Casanova, vendérsela cuando el terreno fuera recalificado para construir una urbanización de 4.000 viviendas y un campo de golf.
Quince días después de que Bascuñana acordara aprobar la modificación del PGOU de Águilas, Casanova vendió el terreno a Inverlur 5005, constructora de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (la "Kutxa") por 105 millones de euros.
Tanto Ramírez como López mantuvieron una larga y tensa espera desde primeras horas de la mañana en los pasillos judiciales como consecuencia de la prolongación de la comparecencia de los dos ex altos funcionarios de la Comunidad Autónoma.
Se especula con que la Fiscalía ha solicitado al juez Alcázar, entre otras medidas cautelares, la retirada del pasaporte a los dos últimos por el riesgo de fuga a Suiza del alcalde y a Brasil del ex concejal al tener familiares residentes en sendos países. López Bernal hace meses que está advertido de esas circunstancias por personas interesadas en el procedimiento.
Ramírez, al contrario que López, ha sido el único en tener el detalle de atender a la Prensa pese a su evidente cara larga, descompuesta, la mirada perdida y el silencio cortante que mantenía con su abogado. El alcalde de Águilas, con una voz que apenas le salía del cuerpo, ha dicho estar tranquilo "por colaborar con la Justicia, contribuir al esclarecimiento de los hechos", e insistido en que su comportamiento como alcalde "siempre ha sido legal y hecho todo correctamente".
Tras la toma de declaración de los siete imputados, el juez continuará las investigaciones y, según fuentes judiciales, no se descarta que llame a declarar a otras personas citadas en la querella. Las siete que ya han declarado en esta fase mantienen la calificación de imputados.
Según la querella los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.
Precisamente durante la larga espera en los pasillos de la Audiencia se ha sabido que el Juzgado nº 2 de Lorca se ha inhibido en favor del Juzgado nº 3 de Murcia para que entienda acerca de la denuncia por presunto cohecho de la Fiscalía contra el ex concejal de Águilas, Pedro Gil, expulsado del PSRM-PSOE por ausentarse en la votación municipal sobre la recalificación de la finca La Zerrichera.
El lider del PSOE aguileño y actual portavoz de la Oposición, Ramón Román, al ser llamado a declarar con toda la Corporación, le comunicó al fiscal-jefe, Manuel López Bernal, que Gil le llegó a ofrecer, supuestamente en nombre del especulador Trinitario Casanova, un millón de euros si los socialistas aguileños no votaban contra esa recalificación en el Pleno.- (NEM)
(En la imagen, Ramírez después de su anterior declaración ante el fiscal jefe)
