Por ello, Procosta propone a las veintisiete corporaciones municipales de la Vega Baja, a los representantes políticos y demás sectores económicos un acuerdo que defina el futuro económico de la zona.
“Sería lamentable que por no haber sido capaces de aunar esfuerzos tengamos que invertir en países desconocidos y que nuestros hijos tengan que ser nuevamente inmigrantes como fueron nuestros abuelos”, indicó Navarro.
El presidente de Procosta solicitó “un gran pacto social comarcal” en el que se defina la forma de obtener agua suficiente y de calidad para los desarrollos turísticos y un fondo de compensación intermunicipal para compensar a los municipios cuyos territorios deban ser protegidos en beneficio de los que puedan ser desarrollados.
También demandó colaboración entre las administraciones locales y el resto de agentes y empresarios y una ordenación del territorio comarcal donde se establezca qué suelo quedará protegido y cuál se podrá desarrollar urbanísticamente.
Antonio Navarro mantiene que el sector en la Costa Blanca “se encuentra en crisis de ventas” desde hace más de un año, fundamentalmente el de viviendas destinadas al turismo residencial extranjero debido, principalmente, al aumento de los precios de las viviendas y los tipos de interés. También como consecuencia del “deterioro de la imagen de la Costa Blanca en los países anglosajones”, añadió.
En ese sentido, Navarro comentó que la imagen de la Costa Blanca ha cambiado en la última década “pasando de ser un lugar tranquilo y agradable a una zona conflictiva por la llegada en masa de gente buscando trabajo”.
El presidente de Procosta recordó que el precio de la vivienda unifamiliar se ha triplicado en los últimos 10 años, a pesar de lo cual “los beneficios de las promotoras han descendido de forma preocupante en los últimos dos años”.
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