jueves, 7 de junio de 2007

Se dispara la morosidad en el pago de hipotecas por la subida de los tipos de interés


MADRID.- La morosidad de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda ha subido con fuerza en el primer trimestre del año hasta situarse en el 0,462% desde el 0,385% registrado al finalizar el mismo periodo de 2006, por el aumento de los tipos de interés.

Esto supone la cota más alta al menos desde septiembre de 2002, cuando la morosidad se situaba en el 0,430% y se utilizaban otras normas contables, que fueron sustituidas en junio de 2005 por el Banco de España.

Por otro lado, también ha aumentado la tasa de dudosidad en los préstamos para la rehabilitación de vivienda, que pasa del 0,619% de hace un año al 0,726% actual.

Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE) la principal causa de esta evolución al alza de la dudosidad se encuentra en el crecimiento sostenido de los tipos de interés, cuyo efecto acumulado sobre los presupuestos familiares puede estar produciendo tensiones, especialmente entre quienes contrataron sus préstamos en los años 2003 y 2005.

A su juicio, a pesar de esta evolución al alza de los indicadores de dudosidad, los valores se mantienen en niveles mínimos en comparación con los porcentajes registrados en los mercados americano y europeos.

Las cajas mantuvieron en el primer trimestre un ratio de dudosidad hipotecaria del 0,506%, superior al 0,382% registrado un año antes, y por encima del ratio de morosidad de los bancos, que se situó en el 0,332% entre enero y marzo, por encima del 0,321% registrado en marzo de 2006.

Las cooperativas registraron una morosidad del 0,376% y los establecimientos financieros de crédito, del 3,257%. Estos últimos sufrieron el mayor incremento, con un índice casi diez veces superior al de bancos y cooperativas de crédito.

La tasa de morosidad de todo el crédito (hipotecario y resto de préstamos) al sector privado se situó en los tres primeros meses del año en el 0,730%, inferior a la registrada doce meses antes, que fue del 0,745%, aunque se sitúa por encima del 0,697% registrado en diciembre de 2006.

Al igual que ocurre en los hipotecarios, las cajas presentan peores ratios de dudosidad que los bancos en el conjunto de los préstamos. Así, las cajas tenían catalogados un 0,684% de su valor como de dudoso cobro, frente al 0,615% de los bancos. Las cooperativas registraron una morosidad del 0,877% y los establecimientos financieros de crédito, del 2,539%.

Estos datos están elaborados bajo las nuevas normas contables de las entidades de crédito españolas introducidas el pasado año por el Banco de España.

La nueva normativa clasifica como dudoso todo el importe de la deuda en operaciones que tengan algún importe vencido como principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad (morosos) o cuando los saldos clasificados como dudosos sean superiores al 25% de los importes pendientes de cobro. De esta forma, desaparece la antigua regla de arrastre por operación con 6 meses o un año de impago, dependiendo del tipo de prestatario y finalidad del crédito.

Precisamente, el esfuerzo de los jóvenes para poder comprar una vivienda libre alcanzó el 69 por ciento de su salario al cierre de 2006, más de 10 puntos por encima de los niveles alcanzados un año antes y más del doble del nivel recomendado (30%), debido a la progresiva subida de los tipos de interés, que no se ha visto compensada por la desaceleración de los precios de la vivienda. Estas son las conclusiones de la 17 edición del Observatorio Joven de Vivienda en España (Objovi) correspondiente al cuarto trimestre.

Según se desprende del estudio, estos niveles de esfuerzo condicionaron que la tasa de emancipación de los jóvenes se situase al término del pasado año por debajo del 50%, en muchos casos, ante la negativa de las entidades financieras a conceder hipotecas en tales términos.

Esta situación fue aún peor entre los 18 y 24 años, cuyo esfuerzo teórico se eleva hasta el 93,4% de su salario. No obstante, en esta franja de edad la tasa de emancipación cae por debajo del 30%, como en el caso de los trabajadores entre 25 y 29 años, cuyo esfuerzo es del 71,7%, porcentaje que cae hasta el 58,6% entre los 30 y los 34 años. Además, el CJE destacó la relación directa que existe entre la tasa de temporalidad y el esfuerzo salarial. Así, subrayó que el menor esfuerzo salarial se produce entre los colectivos con mayor estabilidad laboral.

Según los datos aportados por el Observatorio, poco más del 35% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años cuentan con un empleo indefinido, mientras que el esfuerzo salarial que deben emplear para acceder a una vivienda es superior al 93%. Esta relación se observa también entre los 25 y 29 años (más del 50% y 71,7%, respectivamente), y de los 30 a los 34 años (más del 60% y 58,6%). Además, si se establece una relación entre el salario de una persona joven y el precio medio de una vivienda libre en España de 100 metros cuadrados, se observa, según el informe que los jóvenes han de dedicar el sueldo bruto de 12 años para adquirir una vivienda libre.

Sin embargo, es aún más significativo, según el CJE, que este plazo se haya incrementado en el cuarto trimestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005 en todas las comunidades autónomas, lo que se debe, en su opinión, a que, pese a la desaceleración de los precios de la vivienda (9,1% en 2006), estos siguieron creciendo por encima de los salarios (en torno a un 3% en el mismo año). Además, ante la idea de que comprar de un piso en pareja o con otras personas supone facilita el acceso a una vivienda, el estudio estima que el esfuerzo salarial en el caso de un hogar joven ascendió al 43,2%.

Por otro lado, la recomendación del CJE para aquellos que puedan acceder a una vivienda tipo por falta de presupuesto es optar a viviendas más pequeñas. Así, la superficie máxima a la que podía optar una persona joven en el periodo de referencia sin emplear más del 30% de sus ingresos (límite máximo de endeudamiento asumible), se situó en los 43,4 metros cuadrados, un 17,7% menos que en 2005.

Por otro lado, la mayores tasas de emancipación se registraron allí donde los precios son mayores, según el CJE, con la Comunidad de Madrid, el País Vasco e Islas Baleares a la cabeza, donde el esfuerzo se situó por encima del 83% del salario individual, mientras que en el extremo opuesto se situaron, por debajo del 54%, Navarra y Extremadura.

Desde el punto de vista de la superficie máxima tolerable, el CJE alerta nuevamente de los casos de la Comunidad de Madrid, País Vasco e Islas Balares, donde una persona joven sólo podía aspirar a poco más de 35 metros cuadrados. Además, sólo en Extremadura esta superficie superó los 60 metros cuadrados, mientras que ligeramente por debajo de este margen se situaron Navarra y Castilla y León.

A la vista de estos datos, el CJE consideró que las condiciones de acceso de los jóvenes a la vivienda libre en propiedad son "muy preocupantes y graves", dado que son una claro ejemplo, a su juicio, de "exclusión residencial". Por ello, instó a que los ejecutivos autonómicos y locales que queden constituidos tras las elecciones del pasado 27 de mayo, adquieran un mayor compromiso para solucionar este problema y tomen medidas de coordinación con el Estado en esta materia, ya que, señalaron, "no puede recaer todo el peso político de la vivienda sobre el Ministerio" dirigido por María Antonia Trujillo.

En este punto, la organización valoró positivamente las iniciativas ministeriales para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda, especialmente, el Plan Vivienda Universitaria, si bien, consideró que estas viviendas deberían dirigirse a todos los jóvenes, no sólo a los universitarios. Asimismo, consideró que, pese a que ha mejorado la ocupación estable de los jóvenes, estos siguen siendo los más castigados por la temporalidad. En este sentido, y tras valorar positivamente la última reforma laboral, consideraron necesario "intervenir" en el mercado de trabajo fomentando las actividades más productivas y otorgando menos protagonismo a aquellas de menor cualificación.

Por otro lado, demandaron un parque público de vivienda en alquiler, y estimaron que la fórmula del alquiler con derecho a compra supone una "trampa", ya que, a largo plazo, implica el posible uso especulativo de las viviendas. En esta misma línea, abogaron por incrementar el tiempo preceptivo previo a la venta de una VPO para establecerlo por encima de los 20 años. Por último, solicitaron establecer un porcentaje obligatorio de reserva del 40% para vivienda protegida en el suelo edificable, frente al 30% que establece la Ley de Suelo, que entrará en vigor a partir del 1 de julio.- (Agencias)

La economía española necesita de los inmigrantes para seguir creciendo al mismo ritmo


MADRID.- España se ha convertido en los últimos años en un polo de atracción para los inmigrantes que buscan establecerse en Europa. Si se pregunta cómo puede afectar esta situación a la estructura poblacional de España en un futuro cercano, la respuesta es: en 2020 podrían haberse instalado en nuestro país casi diez millones de extranjeros, lo que supondría un 20% de la población total.

Este dato se incluye en el estudio «Justicia e Inmigración» que fue presentado en unas jornadas organizadas por el Consejo General de Procuradores para buscar respuestas y encontrar soluciones jurídicas al fenómeno migratorio.

El informe, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, refleja el espectacular crecimiento de la población foránea, que ha pasado de apenas 750.000 personas en 1999 a más de cuatro millones a finales de 2006 -el 9,26% del total nacional-. A esa cifra hay que añadir los inmigrantes irregulares, que la disparan por encima de los cinco millones. Y todo indica que la tendencia seguirá al alza.

Los autores del informe formulan dos hipótesis para 2020, una más conservadora que fija la población extranjera en 6.625.736 personas -el 14,4% del total- y otra que eleva esa cifra hasta los 9.588.945 inmigrantes, el 19,7% de los 48,5 millones de personas que -en teoría- vivirán en España dentro de 13 años.

El estudio revela la importancia de la colonia inmigrante en términos económicos y sociales. Así, dos de cada diez nacimientos corresponden a familias extranjeras, y en 2006 su consumo alcanzó los 35.000 millones de euros, el nueve por ciento del total nacional.

La cuestión es que España debe a los inmigrantes que residen y trabajan entre nosotros más del 90% del crecimiento medio del Producto Interior Bruto (PIB) de los últimos cinco años, según datos recogidos en el estudio "Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España" de la Fundación de Estudios de Economía aplicada (Fedea) presentado este jueves.

Las cifras arrojan que la contribución de la inmigración en el decenio que abarca los años 1996 y 2005 supone el 39% del crecimiento medio del PIB español, mientras que si se reduce el periodo a los últimos cinco años, desde 2001 a 2005, esta aportación supera el 90% del crecimiento total.

Además, la inmigración ha ayudado a controlar la inflación gracias a su capacidad de ahorro, de forma que España sin inmigrantes tendría un 0,5% más de inflación media, lo que supondría una cifra mucho menos contenida, en torno al 3% (el último dato de inflación interanual la situaba en el 2,4% en mayo), según indicó uno de los editores y coautor del libro, Juan José Dolado.

Dolado afirmó que la inmigración es el "milagro" de la economía española y aunque aseguró que es "completamente cierto" que los inmigrantes han contribuido a contener el crecimiento de los salarios, aclaró que los beneficios que aportan "son mayores".

Los extranjeros que viven en España representan ya más del 10% de la población española (casi 4,5 millones de personas), según el INE.

Del total de extranjeros que residen en España, en mayo había cerca de dos millones de personas cotizando a la Seguridad Social.

El estudio explica y valora el impacto de estos inmigrantes sobre la economía española y precisa que estos trabajadores aportan a las arcas del Estado 23.402 millones de euros al año, mientras que las contraprestaciones que reciben son 'sensiblemente inferiores', de 18.618 millones de euros, es decir, el 5,4% de los gastos de las Administraciones Públicas.

Además, en 2005, los inmigrantes compraron el 25% de las viviendas que se vendieron en España y suscribieron entre el 15 y el 20% de las hipotecas registradas ese año.

Pero además los inmigrantes no sólo favorecen al país que les recibe, sino que las remesas que envían a su lugar de origen son, en la mayoría de sus países, la principal fuente de ingresos.

En concreto, durante el 2000, los inmigrantes enviaron 1.445 millones de euros a sus casas, cifra que en 2006 había crecido el 332% hasta los 6.250 millones de euros.

La mayor parte de las remesas que se enviaron desde España fueron a parar a Colombia, Ecuador, Bolivia, Rumanía y Marruecos, que son los países de procedencia del 60% de los extranjeros que residen en España.

En concreto, según la Fundación Encuentro, de Marruecos procede el 18,4% de los extranjeros que viven en España, de Ecuador el 13,8%, de Rumanía el 13,1%, de Colombia el 8,2% y de Bolivia el 4,6%.

Con estos datos, el estudio subraya la importancia de la inmigración y sus efectos positivos, una situación, dice, que cada vez se hará más patente. España va a necesitar entre 4 y 7 millones de inmigrantes más para mantener su actual tasa de crecimiento económico hasta 2020.

De hecho, se asegura que, según un reciente informe de la División de Población de las Naciones Unidas sobre la llamada 'migración de reemplazo', los países desarrollados necesitan a los inmigrantes como mano de obra, una tendencia 'que se mantendrá en las próximas décadas'.

Según datos de Eurostat recabados en el informe de la Fundación Encuentro, la Unión Europea necesitará 45 millones de inmigrantes para mantener los niveles de protección actuales hasta el año 2050.

'España no es en absoluto una excepción: harán falta entre cuatro y siete millones de inmigrantes para mantener el crecimiento económico actual hasta el 2020', concluye el informe.

'Por este motivo, la respuesta a la pregunta sobre si la inmigración incrementa el desarrollo en España es rotundamente afirmativa, como avalan múltiples publicaciones', subraya.-(Agencias)

El Parlamento Europeo aprueba una reforma de la OMC de frutas y hortalizas, más favorable a los productores


BRUSELAS.- El Parlamento Europeo aprobó este jueves una reforma del sector de frutas y hortalizas de la Unión Europea (UE) que tenga más en cuenta a los productores, incluyendo un nuevo fondo para hacer frente a las crisis de mercado y un aumento de ayudas para los cítricos en España.

El informe de la eurodiputada socialista española Mabel Salinas García fue adoptado por 526 votos a favor, 95 en contra y 32 abstenciones en la sesión plenaria de la Eurocámara en Bruselas, informaron fuentes parlamentarias.

El texto votado incluye la creación de un fondo para paliar las crisis de mercado a las que deben hacer frente los productores europeos, y un aumento de las ayudas a los productores de cítricos españoles de 37,5 millones de euros.

Estos dos elementos no se encontraban en la propuesta inicial que presentó la Comisión Europea en enero pasado. Tampoco formaba parte del texto original un aumento del tope máximo de financiación comunitaria de los fondos que ahora son gestionados por las organizaciones de productores para medidas de mejora de las producciones y de la comercialización.

Tras el voto del Parlamento Europeo, los 27 Estado miembros y la Comisión Europea tratarán de alcanzar un compromiso el lunes y martes próximos en un consejo de ministros de Agricultura en Luxemburgo.

Al lanzar su proyecto de reforma del sector, al margen hasta ahora de la revisión de la Política Agrícola Común (PAC), la Comisión propuso modificar la concesión de las ayudas, que serán giradas directamente a los productores según un monto previamente acordado y no en función de su volumen de producción.

Además, previó otras iniciativas para mejorar los ingresos de los agricultores, en particular la promoción de estos productos cuyo consumo en la UE se encuentra en general por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los ministros europeos de Agricultura brindaron una opinión globalmente favorable a la propuesta de reforma presentada por la Comisión, que sin embargo es resistida por los productores con el apoyo del Europarlamento, en desacuerdo con las ayudas ofrecidas al sector.

En cuanto al fondo anti-crisis, la comisaria europea de Agricultura Mariann Fischer Boel advirtió este jueves a los eurodiputados que no podía aceptar una partida separada del paquete presupuestario ya establecido para el sector.

"Un fondo separado resultaría en un aumento sustancial del presupuesto y además no contribuiría a simplificar" la cuestión, dijo Fischer Boel.

A cambio de crear una estructura de financiación separada, la comisaria ofreció mayor "flexibilidad" en el presupuesto previsto en la propuesta original de Bruselas.- (AFP)

La Audiencia de Murcia respalda la querella del fiscal por la recalificación de "La Zerrichera"


MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha respaldado la querella presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región contra siete personas, cuatro de ellas altos cargos de la administración autonómica, por la supuesta actuación ilegal en la recalificación de terrenos de la finca "La Zerrichera", en Águilas.

Este pronunciamiento de la Sección Primera se contiene en el Auto por el que se desestiman los recursos de apelación presentados por los siete afectados contra la admisión a trámite de la querella por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia.

La Audiencia da así vía libre a las diligencias previas abiertas en este Juzgado hace ahora dos meses y que se dirigen contra la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general y el subdirector general de la Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas, respectivamente, y contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez.

En las diligencias también aparecen como querellados el ex concejal de Águilas José López y el jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma, Juan Ignacio Sánchez.

Al referirse a los defectos formales de la querella alegados por varios de los recurrentes y en especial a que la misma habría sido presentada por el fiscal fuera de plazo, la Audiencia señala que entró dentro del plazo de un año fijado por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Pero, añade, "en todo caso, como en la querella se relatan hechos relativos a delitos perseguibles de oficio, si la misma tuviera defectos de forma el Juzgado debería abrir la correspondiente causa penal para investigarlos".

En cuanto a lo alegado por los firmantes de los recursos de apelación de falta de motivación del escrito de querella, comenta la Sala que sólo si los hechos no están previstos en el Código Penal "procedería su inadmisión, sin que en esta fase inicial sea posible examinar si hay o no prueba de su existencia o atribución".

La Audiencia también rebate lo alegado por varios de los querellados, que discuten la ilegalidad de determinadas actuaciones que se le atribuyen por la Fiscalía.

Así, comenta que "no es este el momento de entrar a examinar tales cuestiones, pues lo único que debe tenerse en cuenta es que la querella, en su conjunto, lo que viene a relatar es una actuación concertada de diversas personas, todas ellas con cargos de relevancia en las administraciones local y autonómica, para conseguir el cambio de calificación urbanística de determinados terrenos".

Para la Audiencia, es concluyente que "la mera lectura de la querella evidencia que el Ministerio Fiscal atribuye a los distintos partícipes hechos que son susceptibles de encajar en tipos penales, no pudiendo, en principio, descartarse que el cambio de calificación urbanística responda a una actuación concertada".

"No debe olvidarse -añaden los magistrados- que la acreditación de esos hechos ha de realizarse posteriormente, tras la oportuna investigación y, en su caso, tras la celebración del juicio".

La recalificación proyectada de terrenos de La Zerrichera, finca ubicada en Águilas, habría permitido la construcción de una urbanización, con campo de golf y otros servicios.- (EFE)