jueves, 22 de marzo de 2007

Ya saben en Bruselas cómo se gasta Valcárcel el dinero público europeo en viajes y banquetes USA




BRUSELAS.- El PSOE ha trasladado a Bruselas sus denuncias sobre el supuesto uso irregular de fondos europeos en el viaje a California que una delegación murciana, encabezada por el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, realizó el pasado año.

La eurodiputada socialista, María Sornosa, presentó el pasado 16 de marzo en el Parlamento Europeo una pregunta escrita sobre si el uso de fondos europeos en este viaje pudo ser irregular. La Comisión Europea tiene dos meses para contestar.

La delegación murciana que viajó a California la formaban, además de Valcárcel y otros altos cargos del Gobierno regional, empresarios, periodistas escogidos por acríticos, el cuestionado alcalde de Puerto Lumbreras, acompañados de sus esposas y otras personas invitadas, y los 50.971 euros que costó todo lo pagó el Instituto de Fomento con cargo a las subvenciones europeas destinadas al desarrollo de la economía productiva.

El alcalde Cámara desvela su implicación con el negocio de López Rejas en el barrio de La Paz


MURCIA.- El acto convocado por el promotor encargado de la rehabilitación de La Paz, José López Rejas, al que asistieron cerca de mil vecinos del barrio, sirvió al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para recordar a los propietarios del Polígono que la continuidad de su proyecto sólo será una realidad si el Partido Popular vence en las próximas elecciones municipales del 27 de mayo, ya que, según el primer edil, “si el PSOE gana, el proyecto cae y se paraliza”.

Cámara pidió a los vecinos que “nos ayudéis para que la rehabilitación no se pare”, a la vez que se comprometió a seguir trabajando y comprometido con la causa.

El alcalde aseguró que la aprobación provisional de la modificación del PGOU, necesaria para el proyecto, irá al Pleno de abril.

“Tenemos que seguir movilizados y expectantes porque van a por todas para tumbar la iniciativa”, afirmó Cámara, quien dijo que, “si todos permanecemos juntos garantizaremos que la Murcia del futuro siga así durante cuatro años más”.

Además, el primer edil aseguró ha recibido amenazas, por dar luz verde a la rehabilitación, de “un alto cargo socialista que tiene una plaza en el Ministerio de Vivienda”.

Por su parte, José López Rejas dio cuenta de en qué situación está el proceso y qué pasos quedan por dar, y aseguró que le gustaría saber cuándo se colocará la primera piedra.

Según relata hoy la prensa local, con una cadena humana formada por casi mil personas, a las que se unieron Cámara, y el promotor, concluyó anoche el acto informativo sobre el proyecto de rehabilitación del barrio de La Paz, convocado por la empresa López Rejas, gestora del proyecto.

Para acceder al Auditorio, los asistentes -propietarios y familiares de las 1.500 viviendas del barrio- tuvieron que acreditarse en la puerta con la correspondiente invitación. Cámara reiteró el compromiso adquirido con los vecinos hace un año cuando en el salón de plenos aseguró que «¡esto no lo va a parar nadie!».

El alcalde también fue explícito y, prácticamente les pidió el voto, cuando insistió en que «el proyecto va a seguir, si estamos todos unidos: Yo, el equipo de gobierno, os pedimos que nos apoyéis para que no se pare el proyecto, porque si no, lo tumban».

Cámara explicó a los vecinos que si la tramitación les parece algo lenta es porque «se están estudiando las alegaciones con lupa».

Al igual que López Rejas, aludió a las trabas que se le había puesto al proyecto principalmente desde la oposición. «Nosotros no vamos a romper nada, vamos a seguir construyendo un proyecto en el que yo creo porque no es un proyecto urbanístico, sino social».

Su intervención no estuvo exenta de un tono mitinero cuando aseguró que «estamos en un momento trascendental. Van a intentar utilizar todos los medios para paralizar un proyecto porque no han sido capaces de presentar otro alternativo. Os llamo esta noche a seguir defendiendo con más ahínco que nunca este proyecto».

Afirmó Cámara que, “si todos permanecemos juntos garantizaremos que la Murcia del futuro siga así durante cuatro años más”.

José López Rejas narró todos los episodios por los que ha pasado el proyecto desde su inicio, en agosto de 2004, detallando los buenos y malos momentos junto a los 1.502 propietarios, apoyándose en titulares de la prensa regional.

López Rejas dio cuenta de en qué situación está el proceso y qué pasos quedan por dar. Aseguró que le gustaría saber cuándo se colocará la primera piedra, a la vez que subrayó, que las fases por las que aún tiene que pasar el proyecto son todas competencia del Ayuntamiento.

El promotor anunció que una vez aprobada la modificación del PGOU, en sólo 15 días se aprobará el PERI (Plan Especial de Reforma Interior), “e inmediatamente después volveremos aquí con un notario para adjudicar las viviendas.

El acto finalizó con un baño de masas, tanto para Cámara como para López Rejas, pero se había iniciado con una exposición del promotor sobre todas las vicisitudes por las que ha pasado el proyecto, desde que el 30 de agosto de 2004, a propósito de una información publicada en "La Verdad" acerca de lo deteriorado que estaba el barrio de La Paz, frente a la nueva zona de equipamientos al otro lado de la avenida Primero de Mayo -con el Auditorio y el hotel Nelva-. En aquella fecha, el promotor López Rejas ya anunció que si tomaban la iniciativa para recuperar el barrio «nos acusarían de pelotazo urbanístico».

Apoyado por fotografías y titulares de prensa de los dos últimos años, el promotor fue pasando revista a todo el proceso, en el que no han faltado ataques, incluso personales, provenientes fundamentalmente del Grupo Socialista y del Colegio Oficial de Arquitectos.

Puso a los vecinos al corriente de los pasos a seguir en los próximos meses: la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que probablemente vaya al Pleno de abril, y la aprobación del PERI (Plan Especial de Reforma Interior). Aclaró, eso sí, que «en ningún momento les vamos a pedir las escrituras de propiedad de sus viviendas».

El alcalde acompañó a los vecinos en la cadena humana sólo hasta el límite del aparcamiento del Auditorio. El resto continuó hasta la calle Pablo VI, en La Paz.

Denunciado el alcalde de Puerto Lumbreras y portavoz regional del PP por dos presuntos delitos contra derechos fundamentales de los españoles



PUERTO LUMBRERAS.- Más de 35 copias de actas de las sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, desde el año 2004, revelan cientos de solicitudes de información del Grupo Socialista que no han sido contestadas, como sería su obligación legal, por el equipo de Gobierno de la localidad, en concreto, por el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, a su vez, portavoz regional del PP.

Los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras han presentado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad una denuncia, con una extensísima documentación, contra Pedro Antonio Sánchez López, diputado autonómico del Partido Popular y alcalde lumbrerense, por un presunto delito de prevaricación, y otro contra los derechos de los ciudadanos.

La denuncia presentada al fiscal-jefe va acompañada de un extenso expediente, en el que se reseñan innumerables actas de sesiones plenarias. La primera data de enero de 2004, en las que se solicita de forma constante y reiterada al equipo de Gobierno información sobre asuntos de interés general para la población de la localidad.

Tres años de solicitudes para acceder a una información que el Ayuntamiento está obligado a dar, y que se requiere para el correcto funcionamiento de una agrupación política, en este caso, la principal de oposición. Durante todo este tiempo, según la denuncia, el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, ha hecho oídos sordos a cuantas peticiones se han hecho desde el PSOE municipal, "faltando así a la ley".

¿Qué información requiere el Grupo Socialista de Puerto Lumbreras y no se les ha dado?

Entre las demandas, recordemos que la mayoría se realizaron hace dos o tres años, se encuentran: la información referente a los procedimientos sobre la concesión de becas para la creación de una Oficina del Agricultor, información contable sobre las fiestas patronales 2003/2004, el listado de la subvenciones de la Comunidad Autónoma para este municipio en 2004, las facturas pendientes de pago a proveedores del ejercicio 2004, los gastos ocasionados por los miembros del equipo de Gobierno en concepto de dietas, kilometraje, comidas, y teléfono móvil con cargo a las arcas municipales, los motivos por los que, según la denuncia, “no funciona la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Puerto Lumbreras”.

Según los socialistas, ni siquiera se les ha facilitado la relación de proveedores de material informático y, en el texto enviado al fiscal-jefe, se deja entrever la duda de que se esté ocultando una posible concurrencia de causa de abstención, por lo que se podría incurrir en un posible delito de negociación a los funcionarios si se da la circunstancia de que uno de los proveedores se encontrara en una de las situaciones jurídicas en las que obliga a la abstención.

Ni la relación del número de plazas de la plantilla municipal, ni del personal laboral contratado, ni de las empresas que tienen relación con la Corporación, ni la relación económica de ingresos por varios convenios urbanísticos; ninguno de estos listados se les ha dado a los socialistas, que llegaron al extremo de preguntar al alcalde (el 30 de octubre de 2006) qué significaba la frase del equipo de Gobierno “se contestará por escrito a las preguntas formuladas por los concejales socialistas”, sin que tampoco esta pregunta haya encontrado eco en Pedro Antonio Sánchez.

Especial mención supone la más reciente de las solicitudes formuladas, la presentada en la sesión plenaria de febrero de 2007: en esta ocasión se formularon distintas solicitudes de expedición de certificaciones de personal en materia económico-financiera.

Según el Grupo Socialista, el denunciado, el alcalde Pedro Antonio Sánchez, les presionó para que se abstuvieran de formular estas solicitudes, bajo amenaza de ejercer contra ellos acciones judiciales.

Sin menoscabo de los artículos y derechos a los que se falta citados anteriormente, los concejales recuerdan que con esta actitud reiterada a lo largo de los años, se está “vulnerando abiertamente los principios de publicidad y democracia”. El delito de prevaricación subyace en las actuaciones y la actitud del alcalde, porque es consciente de no facilitar esta información. Recordemos que la prevaricación es el “delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”.

“Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos o informaciones obre en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función" ( artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local).

La jurisprudencia ha vinculado este ‘derecho a la información’ con el ‘derecho constitucional de participación política’ (artículo 23 de la Constitución). Además, la falta a estos artículos, la vincula al artículo 542 del vigente Código Penal: “incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, por tiempo de uno a cuatro años, la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.

Los concejales de la oposición de este Ayuntamiento, entre los que se encuentran los denunciantes, requirieron, como hemos dicho, al alcalde continuas peticiones a la Alcaldía sobre expedición de certificaciones, copias de contratos y diversa documentación que, según se recoge en la denuncia, no han sido facilitadas hasta el día de hoy.

Ahora será el fiscal quien deba revisar y analizar esta documentación presentada en la denuncia del PSOE de Puerto Lumbreras, y quien deba decidir si lo reseñado en la denuncia fueran dignos de castigo penal.

Una de las solicitudes a las que no responde la Alcaldía de Puerto Lumbreras es la que está relacionada con la contratación en empresas municipales de trabajadores que deberían figurar como funcionarios.

El PSOE de Puerto Lumbreras acusó el pasado mes de enero al alcalde, Pedro Antonio Sánchez, de esconder en empresas municipales a trabajadores que debería tener en la plantilla de funcionarios. El grupo socialista pone como ejemplo el caso de la “arquitecta que firma obras particulares en el municipio, una vez como arquitecta municipal y otras como arquitecta colegiada”.

Asimismo, afirmaron que “era sorprendente que en la plantilla aprobada el pasado día 28 de diciembre, con el voto en contra del PSOE, figuraran más de 10 plazas vacantes durante años sin cubrir, trabajando en ellas personas que no saben cuál va a ser su futuro laboral y que se hayan creado, ofertado y cubierto nuevas plazas en tiempo récord y teledirigidas”.

En esa plantilla, explicó el PSOE, “ni en la de funcionarios ni en la relación de laborales de todo tipo, aparece la arquitecta, ya que, al parecer, trabajaba en la empresa ‘Urbanizadora Puerto Lumbreras’, que se formó para gestionar el polígono industrial del municipio. Una situación, que asegura el grupo socialista municipal, “se repite con otras empleadas de la localidad que no sabemos con exactitud a qué empresas pertenecen”.(En las fotografías, el denunciado abajo y arriba la candidata del PSOE lumbrerense con el presidente del Gobierno durante su reciente visita)
www.diariolinea.com

Diego de Ramón se va a Fiscalía para poder saber cuánto se gasta Valcárcel en propaganda pagada


MURCIA.- El partido Unión Democrática de la Región de Murcia (UDeRM) ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a la Consejería de Presidencia, o bien, a los responsables de ofrecer, por obligación constitucional, información detallada de las cuentas de la Administración autonómica en torno a su gasto en medios de comunicación regionales durante 2006.

El presidente de Unión Democrática, Diego de Ramón Hernández, asegura que su partido envió el ocho del pasado mes de febrero un escrito solicitando diversa información que se puede resumir en: el dinero de las distintas consejerías destinado a los medios de comunicación en el presupuesto del año 2006. El desglose de esta información señalando el nombre del medio, tipo de subvención, de contrato y demás relaciones económicas en general, y en concreto, las relacionadas con ‘La 7’. El dinero que ha ido destinado en 2007, y cuál es la participación, en estos presupuestos, destinada a la televisión autonómica. Desde el ocho de marzo, y tras volver a enviarse dicha solicitud, el día 26, Unión Democrática no ha recibido ninguna respuesta.

Diego de Ramón Hernández denuncia que el Gobierno regional no puede ampararse en el ‘silencio administrativo’ ya que iría en contra de los más básicos derechos civiles de cualquier partido político. En la denuncia ante la Fiscalía del TSJ se deja entrever, además, que el gobierno Valcárcel pretende así “llegar a las próximas elecciones de mayo sin dar respuesta a esta petición”.

Unión Democrática pide al fiscal que emprenda las diligencias informativas oportunas y, si procede, la posterior querella criminal.

Pedro Saura habla de "tolerancia cero" con la especulación y corrupción urbanísticas generadas durante los tres mandatos de Valcárcel


MURCIA.- El PSRM-PSOE va a incluir en su programa electoral la construcción de 50.000 viviendas de protección oficial en ocho años, según reveló el secretario general de este partido y candidato a la presidencia de la Región de Murcia, Pedro Saura.

Saura, que encabezó una reunión con representantes de sectores relacionados con la vivienda al objeto de recoger propuestas electorales dijo, al final de la entrevista, que “Murcia es la segunda comunidad autónoma donde más ha crecido el precio de la vivienda en los últimos años”.

Tras reiterar que las familias murcianas destinan el 55% de su presupuesto a la compra de casa y que el PP ha ‘abolido’ la construcción de viviendas de protección oficial, se comprometió a mantener “tolerancia cero con la especulación y la corrupción” en el sector.

Pedro Saura dijo que “de llegar a presidir el Ejecutivo regional redactará una ley del Suelo en la que el 30% de los desarrollos urbanísticos y el 10% de aprovechamiento municipal, se destinen a la construcción de viviendas de protección oficial y de promoción pública”.

Se incentivará, según Saura, la puesta en el mercado de alquiler de las viviendas vacías, que cifró en 95.000 en toda la Región, mediante medidas fiscales y legales que dé seguridad a los propietarios, a los que también se garantizará el 8% del valor de la casa en cinco años al tiempo que se creará la Agencia Regional de Alquiler.

La quinta de las medidas en materia de vivienda será el desarrollo de una política de rehabilitación y reconstrucción de casa en el casco histórico de las localidades.

Por último, Pedro Saura apostó por una política transversal de vivienda “porque el fracaso más importante del presidente Valcárcel ha sido haber generado la especulación”.

"General Electric" tiene prisa por marcharse de la Región de Murcia y rápida busca ya compradores


CARTAGENA.- General Electric (GE) sigue quemando etapas en el proceso de venta de su división de plásticos, incluida la planta de La Aljorra, que se materializará durante el último trimestre del año, según desveló el presidente del Comité de Empresa, Carmelo Conesa. Para ello, según ha confirmado Ivo Von Kursell, portavoz de la compañía, ya se han realizado cuatro presentaciones en su sede central de Pittsfield (EEUU) a otros tantos compradores potenciales, aunque omitió sus nombres.

La próxima semana está previsto que otros cuatro grupos empresariales e inversores internacionales conozcan de primera mano la división que General Electric ha puesto en el mercado. Cada presentación ya realizada se prolongó entre ocho y diez horas, según ha informado el director de la planta de La Aljorra, José Smith a los propios trabajadores.

Según manifestó Mario Armero, presidente de General Electric para España y Portugal, en una reciente entrevista concedida al diario económico "Expansión", el segmento de negocio en venta representa “un bueno negocio valorado en 10.000 millones de dólares –unos 7.000 millones de euros– por el que se han interesado más de una decena de grupos internacionales; entre ellos el capital riesgo”.

Sobre las corporaciones interesadas por la división de plásticos, fuentes de la empresa mencionan que se hallan Bayer, la hindú Reliance Industries Limited, Dow Chemical, que posee una planta en Tarragona, y la sociedad de capital riesgo Blackstone. El propio Armero reveló a principios de mes que un banco español también habría entrado en la puja.

El presidente del Comité de Empresa, Carmelo Conesa, de CSI-CSIF, quien se entrevistó ayer con el consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, expresó su confianza en que la venta de la factoría cartagenera “no afecte a los puestos de trabajo”. Conesa apuntó que “en lo que va de año se ha contratado a 89 trabajadores nuevos” que estarán destinados en la futura planta de ‘ultem’, un plástico de nueva generación con alta tecnología y prestaciones. En ella, el gigante norteamericano ha invertido ya unos 2.000 millones de euros.

Conesa señaló que la comunicación con la dirección “está siendo fluida”. Apuntó que este mes se han llevado a cabo dos reuniones, “tranquilizadoras”, en las que se ha hablado “del calendario de venta”, cuya culminación está prevista para el último trimestre del año.

Manuel Navarrete, representante de CC OO, señaló que su sindicato, a través de la Secretaría General de la Federación de Industrias Químicas, solicitará una reunión con Mercader y el presidente, Ramón Luis Valcárcel, para conocer de primera mano la opinión del Ejecutivo regional y pedir garantías de apoyo a la plantilla.

Mientras el consejero de Industria, aseguraba que vigilará muy de cerca el proceso de venta, el secretario general de UGT, Antonio López Baños, calificaba ésta de “auténtica barbaridad”.

Carta a los empleados

El director de las instalaciones de La Aljorra, José Smith, ha remitido una carta a los 650 empleados, en la que se explican de esta manera los pasos dados por la dirección para la venta de la división de plásticos de General Electric:

“La pasada semana un equipo de GE Plastics realizó cuatro presentaciones a otros tantos potenciales compradores. Cada sesión duró entre 8/10 horas y el feedback recibido fue realmente positivo. Los potenciales compradores se quedaron impresionados de nuestra posición en el mercado, productos y tecnología. La semana que viene tendrá lugar una nueva sesión de presentaciones hasta completar las 8 previstas. Una vez concluida esta fase tendrán lugar reuniones en detalle con cada una de las empresas interesadas para resolver dudas o preguntas antes que realicen una oferta formal. Vamos a seguir centrados en nuestro trabajo asegurando la calidad de nuestro producto y tiempo de respuesta a nuestros clientes. Es la mejor forma de dar valor al negocio”.
www.elfarodecartagena.com

La cárcel vieja se pondrá en valor para convertirla en un centro cultural en el norte de Murcia


MURCIA.- El edificio de la cárcel vieja pasará a ser propiedad municipal, tras las negociaciones mantenidas entre Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y actual propietaria del inmueble, en virtud del convenio al que ha dado el visto bueno la Junta de Gobierno municipal.

Así se logra recuperar otro espacio público situado en un enclave estratégico de la ciudad, en concreto en la avenida General Primo de Rivera, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa, después de más de veinticinco años de discusiones sobre su dedicación final. Gracias a las presiones de la oposición progresista, el edificio no se dedicará a oficinas municipales.

Los sucesivos contactos entre representantes del Ayuntamiento de Murcia y la Agencia Tributaria han dado como resultado la redacción de un protocolo de colaboración entre ambas instituciones, en el que ya se definen los términos de esta cesión y la compensación que recibe la AEAT. No antes de ocho meses podrán firmarse las escrituras.

Por medio de esta permuta con el Ayuntamiento de Murcia, la Agencia Tributaria podrá disponer de las instalaciones que precisa para reunificar sus servicios en una parcela de 3.300 metros en la zona CR-5, situada entre la avenida de Juan Carlos I y la de Juan de Borbón, que le cederá el Ayuntamiento, y que a su vez pasará a ser titular del edificio de la antigua cárcel.

Actualmente, estos servicios de la AEAT están dispersos en cinco dependencias distintas de la Gran Vía, Acisclo Díaz, Frutos Baeza, Juan Carlos I y Calle Salvador de Madariaga,

El plazo establecido para el cumplimiento de este compromiso es de un año desde la firma del protocolo, con posibilidad de prórroga por un año más. El Ayuntamiento acondicionará posteriormente este emblemático edificio de la ciudad para convertirlo en un espacio de carácter social, cultural y de recreo, respetando fachada y su estructura de cruzeta.

El inmueble, propiedad de la Agencia Tributaria, está abandonado desde hace unos veinticinco años, y esta decisión se esperaba desde hacía meses por el lamentable estado, exterior e interior, de un edificio que se levanta sobre 19.643 metros cuadrados de superficie y, aunque aún no se ha concretado, tendrá un uso similar al del antiguo Cuartel de Artillería.

A finales de este año o a principios de 2008, el Ayuntamiento determinará el uso concreto y a partir de ahí se comenzará a redactar el proyecto.- (NEM)

Rehabilitado el castillo de San Juan de las Águilas gracias a la gran aportación del Gobierno central


ÁGUILAS.- El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza, acompañados del alcalde de Águilas, Juan Ramírez, presidieron ayer el acto de reapertura del castillo de San Juan de las Águilas, del siglo XVIII, que ha sido sometido ha obras de rehabilitación que costaron un millón de euros.

A los acordes del himno nacional y tras izar la bandera de España y descubrir una placa conmemorativa del acto de inauguración, las autoridades, entre las que se encontraban los consejeros de Hacienda y Cultura, Inmaculada García y Juan Ramón Medina, recorrieron las dependencias del antiguo fortín militar, que comenzó a ser construido en 1756 bajo el reinado de Fernando VI.

La restauración de esta fortaleza del siglo XVIII permite a partir de ahora la visita completa de este monumento, compuesto de tres cuerpos, entre los que destaca el Fuerte de San Juan, situado a poniente, y que dispone de patio central interior y una terraza para artillería, así como la Batería de San Pedro, de planta semicircular al que se adosan una serie de construcciones y en donde se encontraba la batería que defendía el fortín.

El presidente de Murcia dijo que "hoy recuperamos una auténtica seña de identidad de Águilas" y resaltó que la ciudad, tal y como hoy se la conoce, "tiene su punto de arranque en el siglo XVIII y siempre a la sombra de este castillo".

La restauración de esta fortaleza permite a partir de ahora la visita completa de este monumento, compuesto de tres cuerpos, entre los que destaca el Fuerte de San Juan, situado a poniente, y que dispone de patio central interior y una terraza para artillería, así como la Batería de San Pedro, de planta semicircular al que se adosan una serie de construcciones y en donde se encontraba la batería que defendía el fortín.

El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada resaltó que el castillo fue una fortificación defensiva "en un enclave estratégico" ya que se levanta junto al mar sobre un acantilado de 85 metros de altura y sirvió en el pasado para repeler los ataques de la piratería turca y berberisca que asolaban la costa en esos años, en un territorio donde ya había restos de otras construcciones desde la época islámica.

La rehabilitación del castillo ha sido cofinanciada por las tres administraciones a razón de 570.000 euros aportados por el Ayuntamiento, 30.000 por la Comunidad Autónoma y 472.500 por el Gobierno central, en una obra subvencionada con fondos del uno por ciento cultural del Ministerio de Fomento.

Para mejorar la oferta turística del castillo, han sido cedidos dos cañones del siglo XVIII, que originalmente estaban en la fortaleza de la Armada, traídos desde el Arsenal de Cartagena "algo que refuerza los vínculos entre la Armada y la sociedad y entre la Armada y el pueblo de Águilas", dijo Zaragoza.

El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dijo en Águilas que su alcalde, Juan Ramírez -imputado por el caso de La Zerrichera junto a varios altos cargos del Gobierno regional- es «un excelente alcalde». La muestra de apoyo de Valcárcel a Ramírez se produjo a preguntas de los periodistas, tras el acto de reapertura del castillo de San Juan de las Águilas. «Está haciendo una labor extraordinaria y modernizando Águilas», señaló el presidente.

«Este no es el Águilas que yo pude haber conocido en otros tiempos, antes de que tuviera la máxima responsabilidad Juan Ramírez, y ustedes mismos pueden comprobar el desarrollo y el crecimiento ordenado que se está haciendo en Águilas , que además de ordenado es inteligente», indicó.

El jefe del Ejecutivo avanzó que la próxima semana el comité electoral del PP se pronunciará sobre los municipios cuyos candidatos a la alcaldía por esta formación aún no se han dado a conocer, en los que figura Águilas junto a Los Alcázares, Albudeite y Moratalla.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, presentó a finales de febrero en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas , un ex edil de este ayuntamiento y cuatro altos cargos de la Comunidad Autónoma.

La Zerrichera es un proyecto del grupo inmobiliario Hispania, que pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la citada sierra.

Desde hoy jueves, el Castillo San Juan de las Águilas podrá ser visitado de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Águilas, con motivo de esta reinauguración, ha programado una serie de actos, entre los que destaca la visita al Cazaminas de la Armada 'Duero', que estará atracado en el puerto de la localidad y podrá ser visitado por el público en general.

Las visitas podrán realizarse en horario de 10.00 a 13.00 horas, en horario de mañana, y de 17.00 a 19.00 horas por la tarde.

Además, ayer tarde, a las 20.30 horas, en el Aula de Cultura de Cajamurcia (calle Rey Carlos III), tuvo lugar la presentación del libro 'El Castillo San Juan en la historia de Águilas', que ha editado el consistorio aguileño y cuyo autor es el cronista oficial de la Villa, Luis Díaz.- (Agencias)

"General Electric" planea vender la planta de Cartagena en el último trimestre de 2007


CARTAGENA.- General Electric planea vender en el cuarto trimestre la planta que posee en Cartagena (Murcia), según anunció hoy el presidente de comité de empresa de la factoría que General Electric Plastics posee en la factoría, Carmelo Conesa.

Conesa realizó este anuncio tras reunirse con el consejero de Industria y Medio Ambiente del Gobierno murciano, Benito Mercader, quien le confirmó que la multinacional les había comunicado las intenciones de venta.

En este sentido, Conesa expresó "la preocupación" de los trabajadores de General Electric en Cartagena y de las empresas auxiliares que trabajan allí "por la potencial venta del negocio de plásticos". El consejero "nos ha tranquilizado y nos ha dado facilidades para una comunicación posterior sobre estos temas", añadió.

Así, Conesa manifestó que "preocupación siempre hay, pero no es extrema", a lo que agregó que "hay datos de que la empresa se va a portar lo mejor posible y no habrá problemas, ni de despido ni de regulación de empleo de ningún tipo".

Además, apuntó que Mercader "se ha comprometido a mantener una vigilancia sobre la empresa, para que la firma que compre la planta de General Electric en Cartagena mantenga los puestos de trabajo y de la actividad industrial".

Por su parte, Mercader explicó que durante la reunión mantenida con el comité de empresa hablaron de "la posible venta de la empresa y de cómo va a quedar la situación de los trabajadores y de la actividad industrial en Cartagena tras la operación".

Al respecto, afirmó que "desde la Consejería hemos dicho que cualquier venta de una empresa que lleve aparejado una subrogación, dentro de los derechos y obligaciones, supone el mantenimiento de la situación actual de la empresa, que es lo que va a vigilar de una forma diligente la Administración regional". "Son cuestiones innegociables", apostilló.

"Vamos a exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad industrial, ya que es una empresa de referencia en la Región de Murcia, en España e internacionalmente", señaló Mercader.

Igualmente, Mercader destacó que "hay que entender que estamos en un proceso que en ningún caso se va a desarrollar en este año 2007; es un proceso a largo plazo". "Hay muchos rumores, pero noticias oficiales ninguna sobre la venta de la planta en Cartagena", apostilló.

De esta forma, apuntó que "oficialmente no hay información, pero sí he mantenido conversaciones con el presidente de General Electric en España, Mario Armero, para ver qué había de real en todo esto".

Así, recordó que "fue el propio Armero quien llamó en enero, antes de que se hiciera pública la noticia, para comunicarme que tenían pensado vender toda la división de plásticos, y que eso afectaba a Cartagena".

"Hemos seguido manteniendo conversaciones de que se pueden haber iniciado trámites, y hay ofertas de empresas interesadas en hacerse con la actividad industrial", argumentó Mercader.

Sin embargo, subrayó que "eso no significa que extraoficialmente no tengamos información, que sí la tenemos, aunque la Administración no se mueve por los rumores; cuando se den hechos definitivos que argumenten una reacción del Gobierno, ésta será contundente ya que hay cuestiones innegociables".

Finalmente, "Armero me trasladó que el compromiso de la empresa era que, en cualquier caso, la venta de la división de plásticos que supusiera una subrogación, iba condicionada al mantenimiento de los puesto de trabajo", concluyó el responsable de Industria y Medio Ambiente murciano.- (Agencias)