viernes, 16 de marzo de 2007

El gobierno de Valcárcel desoye los informes jurídicos y administrativos que respaldan la creación de la provincia de Cartagena


CARTAGENA.- Poco menos de un año después de que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, anunciara la apertura de un «debate sereno» sobre la propuesta lanzada en el VIII Congreso de COEC por el presidente de los empresarios cartageneros, Diego Illán, sobre la conveniencia de crear más provincias en la Región, el consejero De la Cierva echó un jarro de agua fría en estas expectativas.

Para el presidente de la COEC, el debate debe de concretarse debido a que cada día hay más conciencia de los beneficios que reportaría la creación de una nueva provincia “el crecimiento demográfico de esta región va a subir hasta el periodo 2015, en más de un 70%, por lo tanto tenemos que empezar a plantearnos la propuesta”.

Por su parte la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que fue la encargada de inaugurar el Congreso, considera positiva la iniciativa de los empresarios de debatir sobre la creación de una segunda provincia y aseguró que la realidad económica de la ciudad ha cambiado mucho en los últimos ocho años “me parece perfecto que los empresarios se ocupen de debatir sobre esta cuestión con tranquilidad y prudencia, esto demuestra que otros problemas estructurales que venía siendo demandados ya han quedado resueltos” y agregó que “Cartagena avanza hacia un nuevo modelo económico basado en el comercio”.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, aseguró que la creación de una segunda provincia, afecta a la totalidad de la Región, por lo que hay que escuchar a toda la Comunidad.

Por otro lado, Blanca Soro, vicedecana de Derecho de la Universidad de Murcia, considera que la creación de una segunda provincia no sólo es posible sino que además puede generar ventajas para los ciudadanos de la Región.

Soro, precisó que la creación de una nueva provincia dependerá en primer lugar de la voluntad política de la Comunidad Autónoma, y en segundo lugar del Estado, ya que debe ser aprobada mediante ley orgánica.

En ningún momento De la Cierva dijo un no tajante a la posibilidad de la creación de la provincia, aunque sí cuestionó desde la modalidad de unión entre municipios hasta la forma de creación de dicha provincia o las competencias que ésta podría tener. Comentó el consejero que está pendiente la segunda descentralización, es decir, de las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos, «no para las provincias».

De hecho, comentó que, en el actual grado de transferencias de competencias, quedan pocas funciones estatales que transferir a las provincias. Por tanto, sólo quedaría que éstas asuman algunas competencias de la Comunidad Autónoma, que habría que negociar con ésta. Y en esta línea de razonamiento, indicó que «hay que ver, así, cuál es el papel de las diputaciones provinciales. ¿Qué competencias tiene la provincia? ¿Las que deja el Estado o las que deja la Comunidad Autónoma? Yo no quiero esto para Cartagena».

El consejero de Presidencia dijo que, como cartagenero, no quiere una Diputación provincial sin competencias definidas

Quizá la provincia no sea la mejor forma de que Cartagena consiga mayores cotas de bienestar y desarrollo. Así lo puso de manifiesto durante el Congreso de COEC el consejero de Presidencia, De la Cierva, quien se mostró más favorable a acometer la segunda descentralización o, lo que es lo mismo, a reforzar las competencias municipales.

La intervención del consejero de Presidencia cayó como un jarro de agua fría sobre el auditorio. Aunque De la Cierva no arremetió directamente contra la opción provincialista, sí se mostró tibio en sus valoraciones. "La figura descentralizadora habrá de elegirse en función de los objetivos que persigamos", señaló el consejero, quien subrayó que si lo que se busca es colmar únicamente los sentimientos de los cartageneros, "entonces la opción sí sería la provincia".

"Si de lo que hablamos es de mejorar la prestación de servicios, entonces habremos de pensar si la provincia es el escenario adecuado", añadió.

Tras hacer referencia a otras formas de división territorial, como las comarcas o las mancomunidades, De la Cierva aseguró que las competencias de las diputaciones provinciales "son las que concedan el Estado y las Comunidades Autónomas. Con este modelo, a mí me falta algo. Como cartagenero, no quiero una provincia así", manifestó el consejero de Presidencia, quien expresó también sus dudas de que los ayuntamientos que formaran parte de la hipotética comarca "cedieran competencias como las de Urbanismo, que suponen su principal fuente de ingresos".

Fernando de la Cierva hizo estos comentarios tras las intervenciones de Blanca Soro Mateo, profesora de Derecho Administrativo y vicedecana de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que consideró posible, «incluso conveniente, aunque con competencias reales», la creación de la provincia de Cartagena, como también Luis Gálvez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional de la misma Facultad.

Ambos destacaron las ventajas e inconvenientes de la creación de nuevas provincias aunque también fijaron la atención, de forma mayoritaria, en el aspecto político, es decir, la voluntad de los partidos políticos por sacar este tema adelante, dado que el resto de los inconvenientes se pueden resolver.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y la Cámara de Comercio, defendieron la creación de una segunda provincia en la Región. El vicepresidente de COEC, Javier Gómez Vizcaíno, como coordinador de la ponencia ‘La provincia en el contexto jurídico del siglo XXI’, aseguró que el 70% de los cartageneros “creen que la provincia es buena para Cartagena y para la Región”, mientras que Ginés Huertas, vicepresidente de la Cámara, subrayó que la biprovincialidad “le conviene a Murcia”.

Ambos dirigentes empresariales hicieron un llamamiento a la decisión y la “valentía política” para llevar a cabo un proyecto que, según apuntó el propio consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, “se ha planteado en el momento oportuno”, ya que la Asamblea se halla inmersa en pleno debate para la Reforma del Estatuto de Autonomía. Gómez Vizcaíno apuntó que las comunidades uniprovinciales “pierden mucho peso específico” y así citó “la cuestión del agua”, que en una comunidad con más provincias, según dijo, se hubiera podido defender con más fuerza.

Gómez Vizcaíno, tras citar “la deuda histórica con Cartagena que viene del siglo pasado”, se congratuló de que la federación vecinal FAVCAC formalizara su apoyo, representando a más de 50.000 ciudadanos, a la plataforma por la biprovincialidad. Como consecuencia, el vicepresidente de COEC apeló “al corazón de los políticos para que tiendan la mano” a la reivindicación de los colectivos que aspiran a la provincia.

Huertas, quien hizo referencias al “pragmatismo” empresarial, manifestó que la provincia “nunca debe plantearse en términos de ir en contra de algo”. Así, el empresario subrayó: “Sólo unidos todos podremos pelear en un marco presidido por la solidaridad”. No obstante, el vicepresidente de la Cámara recordó que en 25 años no se ha desarrollado la comarcalización, de ahí que pidiera a los políticos que “alcancen un mínimo de consenso”.

De la Cierva señaló que si lo que buscan los partidarios de la provincia es la prestación de mayores servicios, “deberían ponderar si quieren desarrollar la idea de comarca”. Asimismo, se preguntó “por dónde iría la linde” para expresar sus dudas al respecto de la homogeneidad de la hipotética provincia y dijo que el proceso debería ir “de abajo arriba, con el mayor consenso”. Esto es, partiendo de unos municipios, ninguno de cuyos ayuntamientos, admitirían, según apuntó, transferir sus competencias de urbanismo a la provincia.

La Guardia Civil se apresta a partir del martes a acabar con la delincuencia de "cuello blanco" y la gran corrupción política en la Región de Murcia


MURCIA.- La Comandancia de la Guardia Civil de Murcia cuenta ya con un equipo para la lucha contra la Delincuencia Urbanística, formado por tres agentes especializados, y que se dedicará a la investigación de las infracciones penales relacionadas con el desarrollo urbanístico y su impacto en el medio ambiente.

A partir del martes 20 de marzo la Benemérita se apresta a acabar con la delincuencia de "cuello blanco" y la gran corrupción político-administrativa desatada en torno al gobierno autónomo y algunos ayuntamientos del litoral, a tenor de las primeras actuaciones visibles de la Fiscalía del TSJ y las denuncias pendientes de resolver en su plazo legal tras las laboriosas investigaciones en marcha, como "Lo Poyo" o "Novo Carthago". Se especula también conque una presunta corrupción financiera podría estar siendo desarrollada en torno a determinadas actividades sospechosas de "Caja Murcia" relacionadas con la delincuencia urbanística desatada.

Este equipo se integra dentro del nuevo grupo, de casi 200 especialistas de la Benemérita a nivel nacional, que presentó el pasado lunes en Madrid el director General de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mezquida.

El principal objetivo que el Ministerio del Interior y la Guardia Civil persigue con la creación de estas unidades operativas es establecer un sistema de prevención de infracciones urbanísticas, mediante una política de inspecciones, que permitirá detectar y perseguir los delitos en este ámbito, así como la investigación de tramas societarias y de corrupción.

Estas unidades de investigación contarán con un total de 194 efectivos en todo el país, especialmente formados en materias relacionadas con la investigación financiera, el blanqueo de capitales y el urbanismo.

Un total de 162 guardias civiles, ya desplegados por las 54 comandancias existentes en todo el territorio nacional, constituirán los equipos --formados por tres agentes cada uno de ellos-- contra la Delincuencia Urbanística y estarán adscritos a las respectivas Unidades de Policía Judicial de dichas comandancias.

Otros 25 agentes forman parte del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con base en Madrid, que dará apoyo a las unidades provinciales cuando se les requiera y especialmente en investigaciones de mayor trascendencia.

Forman parte también de este despliegue los siete especialistas que se integraron en el Equipo de Inspección Central Medioambiental del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que se encargarán de las infracciones al medio ambiente en materias relacionadas con la ordenación del territorio.

Los tipos de investigaciones que llevarán a cabo los nuevos equipos se pueden clasificar en tres bloques. El primero de ellos el relativo a urbanismo y medio ambiente, en el que se abordarán los delitos contra la ordenación del territorio y los que se cometan contra el medio ambiente y, al mismo tiempo, estén relacionados con el desarrollo urbanístico.

Otro bloque es el relacionado con la corrupción en general, esto es, delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros; mientras que el tercer apartado incluye la delincuencia financiera, a través del blanqueo de capitales y delitos societarios.

Las Unidades contra los Delitos Urbanísticos trabajarán en colaboración con otras unidades y lo harán a iniciativa propia, a partir de una denuncia previa, o a requerimiento del Ministerio Fiscal o de las autoridades judiciales.

Asimismo, será necesario contar con la colaboración de otros departamentos y órganos de la Administración relacionados con la materia, como son la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de la Vivienda, con los que se están estableciendo contactos para la elaboración de los correspondientes protocolos de colaboración.-(Agencias)

El Gobierno de Zapatero aumenta un 210 % las inversiones del Estado en la Región de Murcia desde 2005 y el de Valcárcel las disminuye un 23%


MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Saura, ha confirmado hoy en rueda de prensa que “el Estado ha triplicado la inversión en Murcia con respecto a 2005, percibiendo un aumento del 210%”. Las más importantes han sido en agua, ferrocarril y carreteras. A la vez que ha criticado los resultados de la política del gobierno regional del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel.

Saura ha manifestado que “el dinamismo económico que tiene Murcia es gracias a las inversiones del Estado en nuestra región, tan positivas que Valcárcel debe paralizarlas para que no actúen en su contra y por una pura estrategia electoral”. La realidad es que la inversión de la comunidad murciana gobernada por el Partido Popular ha caído un 23% y objetivamente es el Estado el que ahora apuesta por Murcia.

Basándose en un informe estadístico elaborado por el PSOE, Saura presentó “datos oficiales de inversión en la Comunidad” que indican que la licitación oficial en construcción en la Región de Murcia “subió un 43 por ciento durante 2006, en relación al año anterior”. Así, la inversión pasó de 916 millones de euros a 1,3 millones de euros. El incremento se debió a las subidas de la Administración del Estado (que se multiplicó por tres) y en los ayuntamientos (75 por ciento), “que compensaron el descenso de las de la Comunidad Autónoma (-22,6 por ciento)”, comentó Saura.

Así, el secretario general de PSOE siguió diciendo que el Estado invirtió 556.000 euros en 2006 (210,5 por ciento más que en 2005), la Comunidad Autónoma alcanzó 425.665 euros (-22,6 por ciento) y 327.208 euros los ayuntamientos (74,9 por ciento más que en 2005).

Este incremento en las licitaciones de la Administración del Estado, justificó, hay que relacionarlo con las inversiones del programa AGUA, ya que de los 556.000 euros que alcanzó la inversión estatal, 403,4 millones de euros correspondieron a obras de abastecimiento de agua potable.

Otras inversiones estatales importantes del pasado año se destinaron a autopistas, calles y carreteras (58,3 millones de euros), saneamiento (31,5 millones de euros), obras de regadío (20,5 millones), presas y obras similares de los ríos (14,8 por ciento) y edificios (13,2 millones de euros), entre otros.

Para Saura, “al PP se le está acabando el argumento de que el Estado no invierte en la Región”, por lo que intenta “paralizar las inversiones del Estado” ya que, argumentó, “no les conviene electoralmente”, mientras otros trabajamos en Madrid por la Región de Murcia.

El candidato socialista a la presidencia ha señalado que “con estas inversiones del gobierno nacional, Murcia tendrá 400 hectómetros cúbicos más de agua, el AVE de Cartagena-Murcia-Madrid, los cinturones viarios de Cartagena y Murcia cerrados y el soterramiento del tren en Murcia, Cartagena y Lorca”.

Saura ha recordado que desde el PP “se dijo que no podría conseguirse la variante de Camarillas y está conseguida. En Murcia tendremos AVE para el 2011 gracias a las inversiones del Estado, pero a Valcárcel no le conviene para su estrategia electoral”.

El candidato socialista ha añadido que el actual responsable del gobierno regional debe sentir vergüenza por las políticas que ideó y que ahora dan sus pésimos resultados: corrupción y especulación. Ha resaltado que “el PSRM-PSOE está trabajando duramente en Madrid para conseguir grandes inversiones para Murcia, y éstos, son los resultados”.

Lamentable que Valcárcel critique al Poder Judicial

Preguntado por las vinculaciones de la operación Malaya en la Región, Saura ha recordado que desde el PSRM-PSOE se ha pedido una comisión de investigación en la Asamblea Regional y que el PP la ha rechazado. También ha subrayado que “hace años que el partido socialista denunció que el modelo de Valcárcel traería corrupción y especulación, y es a lo que tristemente asistimos estos días”, haciendo referencia a los escándalos de La Zerrichera, Lo Poyo, Puerto Mayor, Novo Carthago, o las conversaciones de Roca con el concejal de Urbanismo de Cartagena, del PP.

El máximo dirigente socialista murciano ha lamentado que la actitud de Valcárcel sea la de criticar a los jueces y cuestionar a la Justicia, ya que para Saura la Justicia es un instrumento de Estado para acabar con la corrupción.

En el caso de Puerto Mayor, el PSRM-PSOE ha tenido que ir por la vía judicial para conseguir alguna respuesta por parte del gobierno de Valcárcel, aunque hubiese preferido una vía política.

En cuanto a lo anunciado por los abogados del Grupo Hispania, la empresa promotora de La Zerrichera del empresario Trinitario Casanova, Saura ha dicho que Valcárcel y Casanova son los únicos que pueden dar explicaciones sobre la reclasificación de La Zerrichera. Para el candidato socialista, está claro que hay un programa oculto en reclasificaciones urbanísticas, paralizado temporalmente por motivos electorales.

Por otra parte, Pedro Saura ha manifestado su convencimiento ante un acuerdo entre SEPES y ZINCSA la semana próxima. Asimismo, confía en la madurez e inteligencia de los murcianos ante las próximas elecciones y cree que apostarán por el programa del PSRM-PSOE que busca la regeneración de la vida pública, la transparencia, el fin de la corrupción y el crecimiento para todos.

Más de 32 millones para licitación del AVE hacia Levante y Murcia

Dentro de las inversiones del Estado para el desarrollo regional murciano, el Consejo de Ministros acaba de autorizar la licitación de las obras de construcción de la plataforma de vía en el tramo Ontígola-Ocaña, situado en la provincia de Toledo y perteneciente a la línea de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

El presupuesto de licitación de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de veinticuatro meses, asciende a 32.191.270 euros. Con esta autorización, el Gobierno imprime un nuevo impulso a la conexión ferroviaria de alta velocidad que enlazará Madrid con Castilla La Mancha y las comunidades autónomas mediterráneas.


Terrenos para la prisión de Campos del Río

Por último, también el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se declara la utilidad pública y la urgente ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de dos parcelas para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario en Campos del Río (Murcia). Estos dos terrenos cuentan con una superficie de 927,58 metros cuadrados.

El Gobierno de Zapatero ha declarado su urgente ocupación con el objetivo de realizar, en la mayor brevedad posible, los trabajos técnicos encaminados a la redacción de todos los proyectos, obras y planeamiento para poder llevar a cabo la construcción del nuevo centro penitenciario.

Este proyecto forma parte del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, aprobado por el Consejo de Ministros del 5 de julio de 1991, y revisado el 2 de diciembre de 2005. Dicho Plan prevé la construcción de once nuevos centros penitenciarios, cinco Unidades de Madres destinadas a internas con hijos de hasta tres años, y 31 Centros de Inserción Social y cuenta con una aportación de más de 1.600 millones de euros.- (Agencias)

La Coalición Ciudadana Regional irrumpe en el proceso electoral para conseguir ser tercera fuerza en la Asamblea con Diego de Ramón al frente


MURCIA.- La nueva Coalición Ciudadana Regional concurrirá por primera vez a las elecciones municipales y autonómicas con un programa "regionalista y de centro, que pretende convertirse en alternativa a las candidaturas de PP y PSOE", según afirmó su coordinador general, Angel Sánchez, durante la presentación oficial en la ciudad de Murcia de esta organización política.

El abogado Diego de Ramón Hernández será el candidato a la presidencia de la Región de Murcia por la nueva coalición electoral centrista, que se presentará en las cinco circunscripciones. Aseguran que los votos de los partidos independientes que participan del proyecto suman lo suficiente para ser ya la tercera fuerza política de la Región de Murcia.

El grupo, que lleva cuatro años "de gestación y actividad" está conformado por partidos e iniciativas políticas municipales e independientes, entre los que se encuentran los partidos Ciudadanos de la Villa de Fuente Alamo, Unión de Centro Pinatar, Partido Independiente de Torre Pacheco, Movimiento Ciudadano de Cartagena y Unión Democrática de la Región de Murcia.

Asimismo, la coalición se presentará a las elecciones por las cinco circunscripciones regionales, "de las que aspiramos obtener un grupo en la Asamblea Regional", aunque no precisó si cubrirán todas las candidaturas municipales "ya que nuestra intención no es tanto cubrir este espacio, en el que ya hay representación de los grupos independientes, como el regional", precisó.

Además, "los partidos independientes llegamos a ser la tercera fuerza política más votada en las últimas elecciones, y los que formamos esta coalición sumamos, aproximadamente, el 80% de todos los grupos minoritarios de la Región", advirtió.

En este sentido, afirmó que "los principales objetivos del partido son la consecución de la provincialidad de Cartagena y Lorca, la defensa de la identidad y cultura murcianas, así como los cambios en materia de política hidráulica y urbanística", que recriminaron al Gobierno regional.

Sánchez mostró su disconformidad con "la distribución administrativa de la Región, tanto interior, como exterior, que no se corresponde con la historia y la tradición cultural", y dijo "querer acabar con las tensiones existentes entre Murcia y Cartagena, para crear definitivamente dos provincias diferentes, de tal forma que nos sintamos satisfechos y conformes con su estructura".

Igualmente, sumó a la reivindicación "la comarca de Lorca, que tiene el tejido económico, la extensión y población suficientes como para convertirse en provincia", al tiempo que puso como ejemplo el caso del País Vasco "que con una superficie inferior a la de la Región cuenta con tres provincias", por lo que no consideró sus pretensiones "descabelladas".

Esta nueva distribución "garantizaría un mayor peso en la Administración central, ya que multiplicaríamos por dos el número de diputados en las Cortes y triplicaríamos el número de senadores", afirmó, por su parte, el representante del Movimiento Ciudadano de Cartagena, Luis Carlos García.

Las exigencias de Sánchez van "un poco más allá", al querer "extender la influencia regional a sus límites reales", en referencia a las zonas del sur de Albacete, Vega Baja del Segura y Los Vélez, en Almería, "con los que compartimos cultura, y queremos protegerla conjuntamente, sin más pretensiones", y declaró "no querer crear confrontaciones, aunque estas zonas limítrofes podrían compartir nuestro progreso".

En cuanto a las reivindicaciones hidráulicas, Sánchez defendió "el Plan Hidrológico Europeo, que consiste en la interconexión de cuencas de todo el continente para el abastecimiento de las zonas más necesitadas, como el sur de Italia, Grecia, los Balcanes o el sur de España", e indicó que esa infraestructura "estaría constituida por canales paralelos a las vías marítimo terrestres".

En este sentido, criticó la política en materia de agua del actual ejecutivo, al que acusó de "gastar millones de euros en su campaña de 'Agua para todos' sin ninguna repercusión ni mejoría".

Las políticas urbanísticas también fueron objeto de las críticas del nuevo grupo, en este caso del presidente de Unión Democrática de la Región de Murcia, Diego de Ramón, quién amenazó con "paralizar todo aquello que atenta contra el patrimonio cultural y sostenible", y abogó por "el desarrollo sostenible y legal".

De Ramón aseguró que exigirán un control de las cajas de ahorro, que dilapidan parte de sus ingresos en fines que no son sociales sino meros negocios especulativos, apuntando directamente a CajaMurcia y la CAM.

Así pues, Sánchez incidió en que "la Región debe tener autonomía económica, y no depender tanto de la construcción ni de la inversión extranjera", por lo que justificó "la diversificación de la economía regional, dando prioridad a otros sectores".

En cuanto a la repercusión mediática dijeron sentirse "discriminados con respecto a otras formaciones políticas, que acaparan mucho más espacio", por lo que Sánchez advirtió que "pediremos a San Esteban un análisis en el que se detalle cuánto dinero se destina a los medios por parte del Gobierno regional", cantidad que estimo en "unos 7.000 millones de pesetas".

Por último, el representante de Ciudadanos de la Villa de Fuente Alamo (CIFA), Francisco Vidal, hizo un llamamiento a "todos los ciudadanos, tanto jóvenes como adultos, que quieran cambiar las cosas y recuperar la marca regional, a todos aquellos que se sientan discriminados por los intereses políticos", concluyó.

Jara destapa las relaciones del hermano del presidente Valcárcel con Juan Antonio Roca


MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, sostuvo ayer que "quien más sabe de la trama marbellí en la Región de Murcia y debe dar explicaciones es el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel", ya que, incidió, "ha tomado decisiones que han beneficiado al presunto cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, y a otros, en desarrollos como Lo Poyo, Novo Carthago, Los Alcázares y en La Zerrichera".

Asimismo, Jara recordó, a través de un comunicado, que "lo que no ha explicado todavía Valcárcel, es qué tipo de relación tiene su hermano, Carlos Valcárcel, con la trama marbellí".

Por ello, resaltó la necesidad de que los ciudadanos "sepan", y dijo no entender "por qué el PP impide que se cree una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional que esclarezca todos estos asuntos".

Y es que, a su juicio, "todo este proceso especulativo y de corrupción es la apuesta de Valcárcel por el desarrollismo de un modelo que sienta sus bases exclusivamente en la recalificación masiva y la especulación urbanística".

"Valcárcel optó por este modelo a sabiendas de sus graves consecuencias para el futuro regional", concluyó.

Por otra parte, el abogado y presidente de Unión Democrática de la Región de Murcia así como candidato de Coalición Ciudadana Regional a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego de Ramón, se va a personar como partido político en el procedimiento de La Zerrichera, en cuanto sea admitida a trámite la querella de la Fiscalía por parte del juzgado de Instrucción nº3 de Murcia y así poder probar un supuesto fraude fiscal de 246 millones de euros anuales por parte de determinadas entidades de crédito, al no tributar cantidades de dinero importado del extranjero por un montante de medio billón de pesetas para blanquear invirtiendo en la Región de Murcia.

Según ha reconocido De Ramón, su intención es destapar en sede judicial la trama financiera que se esconde detrás y que, a su juicio, es común en "Polaris World", Lo Poyo La Zerrichera, y Novo Carthago, como puede acreditar documentalmente, y que tendría que ver con un presunto blanqueo de capitales a gran escala, traídos desde paraísos fiscales para la ocasión por determinadas cajas de ahorro "que están en la mente de todos".

El abogado murciano ya ha comunicado su intención a la Fiscalía y, en breve, se entrevistará en Madrid con el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para ponerle personalmente al corriente de la situación. Otro bufete madrileño colabora con él por puras razones de seguridad y como canal de relaciones con la administración de justicia.

Para empezar, De Ramón ha solicitado al Banco de España que inicie una investigación a fondo en la "Kutxa" vasca, similar a la que ya se ha efectuado, a instancia suya, en "Caja Murcia" y que ha concluido, de momento, con una fuerte sanción por graves irregularidades en el departamento de riesgos. De Ramón ha solicitado una nueva investigación en la entidad murciana por su filosofía, temeraria y relajada, en cuanto a petición de avales, suficientes y reales, a determinadas empresas sin apenas historia mercantil y que también están en la mente de todos.-(Agencias)

"Greenpeace" desvela que la cuenca del Segura no es deficitaria, que se roba y trafica con el agua



El robo del agua y su mercado negro, la contaminación y la especulación urbanística son las principales amenazas de la cuenca


MADRID.-"Greenpeace" ha denunciado en la presentación de su informe “El negocio del agua en la cuenca del Segura”, que la cuenca no es deficitaria. Según los cálculos de "Greenpeace", realizados con datos de la Confederación, la Comunidad Autónoma de Murcia, ESAMUR y estimaciones propias, el Segura podría disponer, una vez cubierta su demanda, de 308 hm3/año de agua para dotar a los ríos de los caudales de los que se ve actualmente privado y para recuperar los acuíferos sobreexplotados.

"Greenpeace" destaca que el Segura es el río europeo con más presas por kilómetro de cauce. El exceso de infraestructuras se ha demostrado no sólo ineficaz sino destructivo para los ecosistemas fluviales, porque acaba por eliminar la capacidad de los ríos de aportar agua y de autorregenerarse. La reducción de los caudales en el río Segura es tan fuerte, que en más de 40 kilómetros sólo corren aguas residuales. A la desembocadura llega el 4% del caudal. Los ecologistas critican que las Administraciones sigan proponiendo obras como solución cuando la Directiva Marco del Agua prohíbe nuevas infraestructuras como único modo de tratar de recuperar las cuencas y el agua, que será un recurso estratégico en los próximos años.

La organización ecologista internacional señala como principales responsables de los problemas de la cuenca la proliferación de regadíos ilegales y el sector turístico (campos de golf, complejos hoteleros y urbanizaciones). El robo de agua de los ríos y los acuíferos es tan elevado que ha provocado que varios tramos de ríos y decenas de fuentes y manantiales hayan desaparecido. Es el caso del nacimiento del río Mula, río Taibilla, arroyo de El Chopillo o manantial del Gorgotón, entre otros. Todo ello incide en que el Segura sea una de las cuencas con mayor índice de desertificación de la Península Ibérica.

Los pozos ilegales en la cuenca están extrayendo del subsuelo un 80% más de agua de la que se recarga de forma natural. Esto provoca, además, la salinización1 de los acuíferos, el principal problema de contaminación de toda la cuenca.

"Greenpeace" denuncia que la Administración está permitiendo el robo de agua y el “canje de caudales”. En la Región de Murcia se ha desarrollado un entremado ilegal de tuberías que proporcionan agua a regadíos, campos de golf y urbanizaciones bajo el beneplácito de la Administración. Este entramado se extiende, al menos, por Fuente Álamo (donde "Greenpeace" ha investigado 200 kilómetros de tuberías ilegales), Mazarrón, Cartagena, Alhama de Murcia y Sucina-Murcia.

Otro factor que está empeorando la situación es la intensa especulación urbanística que sufre la cuenca no sólo en la costa, sino incluso en las sierras del Segura en Albacete. Son práctica cada vez más habituales las recalificaciones de regadíos (muchos de ellos ilegales, en Espacios Protegidos y subvencionados por la Unión Europea) para desarrollar grandes urbanizaciones con campos de golf.

Todo ello provoca un aumento sin precedentes tanto de la demanda de agua como del volumen de aguas residuales vertidas a cauces y costas. Volúmenes que las Estaciones Depuradoras no pueden tratar por no estar diseñadas para estos incrementos de población, que en algunos municipios se duplican o triplican.

“Si la Confederación y las Administraciones autonómicas siguen sin hacer cumplir la Ley, la cuenca del Segura no sólo continuará sufriendo problemas de disponibilidad de agua, sino que se agudizarán. No se puede seguir atendiendo a una demanda insostenible a costa del expolio del patrimonio natural”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de "Greenpeace".


Puntos negros en la Región de Murcia

Los vertidos tóxicos y peligrosos que la papelera Prietopapel y el polígono industrial de Blanca realizan a la Rambla de San Roque, que desemboca al azud de Ojós. El agua del azud se utiliza para el abastecimiento urbano de Alicante y de algunas zonas de la ciudad de Murcia. A pesar de que se potabiliza, los procesos utilizados no están diseñados para eliminar las sustancias tóxicas y peligrosas vertidas por estas industrias.

Contaminación por superación de la capacidad de las actuales depuradoras debido al incremento de la población. Este problema se da en todas las áreas donde se plantean importantes desarrollos urbanísticos y en las grandes ciudades (Alcantarilla, Murcia, Alhama, Lorca y La Manga).

La zona baja del río Guadalentín, cerca de su encuentro con el Segura, con unos índices de calidad del agua menores a 25 (muy deficientes), agravados por falta de los caudales ecológicos mínimos y la acumulación de contaminantes en los sedimentos.

Los acuíferos sobreexplotados, con contaminación por nitratos, salinización y/o intrusión marina: Águilas, Aledo, Alto Guadalentín, Ascoy-Sopalmo, Bajo Guadalentín (Cresta del Gallo), Campo de Cartagena, Singla, Jumilla-Villena, Quibas, Mazarrón, Santa-Yéchar, Sierra Espuña, Triásico de Carrascoy, Triásico de las Victorias, Vega Media del Segura.

La desaladora de Valdelentisco, que se construye sobre terrenos protegidos (LIC y ZEPA) en tierra y sobre una pradera de posidonia oceánica en el mar. El Ministerio de Medio Ambiente no aclara cuál será el destino del agua desalada, que podría pasar a alimentar regadíos ilegales de Alhama, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón y Sucina-Murcia. Además, servirá para fomentar la espectacular destrucción que sufre ese área costera como consecuencia del crecimiento insostenible de urbanizaciones y complejos turísticos.

Los desarrollos urbanísticos y carreteras colindantes al río Segura en el Valle de Ricote, especialmente en la zona de La Morra (Villanueva del Río Segura) y en el Balneario de Archena, donde ya han destruido uno de los últimos bosques de ribera de la Vega Alta.

La especulación urbanística que amenaza zonas del interior, como Calasparra, Caravaca de la Cruz y Cehegín.

Los resort y campos de golf proyectados en el litoral de la Región de Murcia, como Marina de Cope y La Zerrichera. Marina de Cope está proyectada sobre una antigua área LIC, que fue desprotegida por la Ley del Suelo de la Región de Murcia del año 2001. La Zerrichera (más de 21 millones de metros cuadrados) está proyectada sobre un área LIC y ZEPA. Estos complejos traerán aparejados la sobreexplotación de pozos subterráneos.

El Dominio Público Hidráulico de las Vegas Media y Baja, deslindados sólo en pequeños tramos, lo que provoca la ocupación sistemática de la zona de policía. Aunque la Administración pretende deslindar zonas como el Corredor Verde (Alicante) para restaurar los bosques de ribera, la falta de un deslinde integral impide la regeneración natural de las riberas y dificulta su mantenimiento a corto y medio plazo.


Puntos negros en la Comunidad Valenciana


En la ciudad de Orihuela, los sedimentos transportados por el río Segura se depositan en el cauce, dando lugar a la acumulación de gran cantidad de lodos que provocan malos olores y muchas molestias a los vecinos.

Los acuíferos sobreexplotados, con problemas de contaminación por nitratos, salinización y/o intrusión marina: Vega baja del Segura, Cabo Roig, Triásico de Torrevieja.

Cuando se saliniza un acuífero deja de ser útil para cualquier uso (consumo, riego o industrial). Su recuperación a corto plazo es imposible y sólo se consigue dejando de extraer agua del acuífero durante largos periodos de tiempo.

El “canje de caudales” consiste en extraer agua de pozos y vertela al río Segura para transportala. En teoría, el caudal equivalente vertido al Segura se toma de nuevo río abajo. El problema estriba en la absoluta falta de control tanto del volumen real de agua extraída de pozos y vertida al río, como de la cantidad de agua que finalmente se toma. Al final se extrae mucha más agua del río Segura de la que hipotética


Puntos negros en Castilla-La Mancha


Municipios con incorrecta o falta de depuración de sus aguas residuales en la cuenca alta del Segura y el Mundo (Bogarra, Elche de la Sierra, Letur, Molinicos, Socovos y Yeste).

El canal subterráneo de más de 7,5 km de largo que conectará los embalses del Talave y el Cenajo. Teniendo en cuenta que esa derivación se produce para abastecer a 70 municipios de Alicante y la Región de Murcia es clave conseguir una reducción de la demanda, que reduzca los caudales necesarios mediante medidas de ahorro y concienciación ciudadana que, a día de hoy, no se han acometido.

Acuíferos sobreexplotados y con contaminación por nitratos: Conejeros-Alabatana, Cuchillo-Cabras, Sinclinal de Higuera, El Molar y Tobarra-Tedera-Pinilla.

La especulación urbanística que amenaza zonas del interior. Sobre el municipio de Hellín se ciernen varios proyectos para construir innumerables “casas de campo” lo que haría aumentar la demanda de agua e incrementar el vertido de aguas residuales que ya es un problema en la provincia de Albacete. El proyecto más impactante es el de “Las Higuericas”, con 820 viviendas en un espacio protegido LIC (Lugar de Interés Comunitario).

Propuestas de Greenpeace para una mejor gestión de la cuenca

Según los cálculos de "Greenpeace" utilizando datos de la administración, la cuenca del Segura podría disponer de 308hm3/año, que podrían ser utilizados para dotar a los ríos de los caudales naturales y ecológicos necesarios y para recuperar los acuíferos sobreexplotados.

El informe de "Greenpeace": "El negocio del agua en la cuenca del Segura" concluye que:

- El problema más significativo de la cuenca es la mala gestión del agua.

- La propia Administración reconoce la existencia de más de 65.500 ha. de regadíos ilegales en la cuenca, sólo entre 1996-2006 (no están contabilizados los de 1986-1996). Los regadíos ilegales reconocidos por el Ministerio de Fomento gastan 632 hm3/año de agua, lo que consume una población de 10,5 millones de personas.

- Los regadíos tradicionales son los grandes perjudicados en beneficio de las nuevas extensiones de regadíos de las grandes empresas agrícolas, que también tienen intereses en el sector inmobiliario.

- La Administración permite el robo de agua y el denominado canje de caudales. Los caudales robados de ríos y acuíferos se venden entre particulares en el mercado negro.

- La Administración de Justicia no actúa. Los expedientes por extracciones ilegales y cobros ilegales de subvenciones sólo se tramitaron a partir de 2003, después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid abriera una investigación.

- La salinización de los suelos es el principal problema de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. La excesiva superficie agrícola, que utiliza nutrientes químicos, herbicidas y pesticidas, es la principal responsable de esta situación.

- A pesar del esfuerzo realizado en la última década, las depuradoras (cuando existen) han quedado subdimensionadas y obsoletas debido a la gran demanda que generan los nuevos complejos urbanísticos y a los campos de golf.

- La cuenca podría reutilizar el doble de aguas residuales de las que emplea ya. Según los cálculos de "Greenpeace" existen 100 hm3/año de aguas residuales que son vertidas a cauces y costas que ni se depuran ni se reutilizan.


Al Gobierno de Valcárcel (PP) sólo se le ocurre hablar de imagen

Ante el demoledor informe de "Greenpeace", el director general de Regadíos y Desarrollo Rural del Gobierno de Valcárcel, del PP, Julio Bernal, ha salido con una nota de prensa en la que sólo se le ocurre hablar de "una nueva campaña de desprestigio sobre el uso y gestión del agua en la Región de Murcia".

Para Bernal es sólo una “estrategia que surge con la única finalidad de mancillar la imagen de una región”.

"Venimos asistiendo desde hace ya mucho tiempo a campañas que pretenden desprestigiar la imagen de la Región en el uso del aguas", dice Bernal al sólo se le viene a la cabeza la ya recurrente queja de "la fijación enfermiza” sobre este importantísimo asunto.

Bernal, sin embargo, añade a continuación de forma contradictoria que es el Estado "el responsable máximo de esta situación". Para a continuación subrayar que "estos son estudios que realizan organizaciones que reciben cuantiosas subvenciones del Ministerio y que están al albur de lo que éste les demanda”. Y aboga de nuevo a que "nuestras pruebas son concluyentes, en esta Región sigue existiendo un déficit estructural reconocido por parte de todos los departamentos y estudios técnicos del Estado, lo ponga el Ministerio de Medio Ambiente como lo quiera poner y nosotros no tenemos otra cosa que tratar de hacer los deberes que nos corresponden".

Conclusiones del informe “El negocio del agua en la cuenca del Segura” en la web de "Greenpeace"

IU acusa a Polaris de comprar una finca en Totana para utilizar el agua de sus pozos en usos residenciales


TOTANA.- Izquierda Unida expresó su temor de que el agua del acuífero de Campix, situado en una finca de Sierra Espuña comprada por Polaris World, se utilice para usos residenciales y no para abastecer a cerca de 2.000 agricultores de Totana que riegan sus explotaciones con recursos de ese pozo.

El candidato de IU a la alcaldía de Totana, Pedro Martínez, explicó que la finca, de unas 20 hectáreas y dedicada al cultivo de almendros, se sitúa en una zona protegida por un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), por lo que, a su juicio, el interés inmobiliario de ese terreno "está en el agua del pozo".

Un portavoz de Polaris World subrayó en declaraciones a EFE el malestar de la empresa porque "presuponer que se va a cometer una ilegalidad es, cuanto menos, temerario", e informó de que compraron esa finca de Totana porque no se podía segregar de otra en la que tenían interés.

Pedro Martínez dijo que el acuífero de Campix es uno de los menos sobreexplotados de la Región porque los comuneros a los que abastece, y la propia finca, han hecho un uso "racional" de él en los últimos años, y adelantó que su grupo presentará a pleno una moción en la que pide a la Comunidad Autónoma o a la Confederación Hidrográfica que compren ese pozo para mantener su uso agrícola, y asegurar los mismos precios del agua para los agricultores.

El candidato de IU también criticó que otra empresa constructora está haciendo sondeos, sin autorización, en la zona conocida como Llano de las Cabras, entre Aledo y Totana, donde se promueven más de 3.000 nuevas viviendas.

Por su parte, el portavoz regional de IU, José María Ortega, dijo que en la cuenca del Segura la sobreexplotación de los acuíferos se cifra en 400 hectómetros cúbicos al año, cantidad equivalente a la diferencia entre el agua extraída y la recarga del acuífero, y apuntó que el "verdadero" trasvase de agua que se produce en Murcia es "quitar el agua a la agricultura para dársela al ladrillo".- (EFE)