martes, 13 de marzo de 2007

¿Está estallando en USA la "burbuja inmobiliaria"?


NUEVA YORK.- Las Bolsas de Nueva York cerraron anoche con una fortísima caída, afectada por el alza del yen y el temor a una crisis en el sector de los créditos hipotecarios de alto riesgo.

Según cifras preliminares disponibles al cierre, el Dow Jones de Industriales, el indicador más importante de Wall Street, ha perdido 243,54 puntos, un 1,98 por ciento, hasta las 12.075,08 unidades. El mercado tecnológico Nasdaq registró un descenso de 51,72 puntos, un 2,15 por ciento, al ubicarse en las 2.350,57 unidades.

En cuanto al resto de los indicadores, el selectivo S&P 500 retrocedió 28,65 puntos, un 2,04 por ciento, hasta las 1.377,95 unidades; mientras el índice general del mercado tradicional NYSE perdió 194,05 puntos, un 2,13 por ciento, al colocarse en 9.926,88 unidades.

El mercado tradicional NYSE movió un total de 3.465 millones de acciones, frente a los 2.169 millones del Nasdaq. De las empresas que cotizan en Wall Street, los títulos de 583 subieron, los de 2.704 bajaron y los de 104 se mantuvieron sin cambios.

En el mercado secundario de deuda, las obligaciones a diez años registraron una importante alza en los precios, de manera que la rentabilidad -que se mueve de forma inversa- bajó al 4,49 por ciento desde el 4,55 por ciento del cierre del lunes. El Dow Jones retrocedía algo menos de 100 puntos cuando se conoció el porcentaje de créditos hipotecarios que se han declarado insolventes y las hipotecas que se han ejecutado en el cuarto trimestre del 2006.

La ejecución de hipotecas impagadas en Estados Unidos creció en el último trimestre de 2006 hasta alcanzar la máxima posición de su historia debido a la alta morosidad, según ha informado hoy la Asociación de Bancos Hipotecarios.

A finales de año, el porcentaje de hipotecas que entraron en un proceso de ejecución -lo que suele implicar la pérdida de la vivienda por parte del propietario en favor de la entidad financiera- fue del 0,54%, ocho centésimas más que en el tercer trimestre de 2006.

Las acciones estadounidenses cayeron el martes y el promedio Dow Jones retrocedió más de 200 puntos, su segunda mayor baja del año, por las crecientes pérdidas en el sector de prestamistas de hipotecas a clientes de riesgo, que arrastró a firmas con exposición al mercado de viviendas.

La caída se produce justo dos semanas después de una corriente vendedora mundial, que comenzó el 27 de febrero con la mayor baja de la historia del principal índice bursátil de China.

El promedio industrial Dow Jones cerró extraoficialmente con una baja de 243,78 puntos, o un 1,98 por ciento, a 12.074,84 unidades. El índice Standard & Poor's 500 perdió 28,74 puntos, o un 2,04 por ciento, a 1.377,86 unidades.

El índice tecnológico Nasdaq Compuesto retrocedió 51,72 puntos, o un 2,15 por ciento, a 2.350,57 unidades.

Todo esto es secuencia posterior de un nuevo capítulo en la crisis en el mercado hipotecario de alto riesgo –subprime- en Estados Unidos. El lobo no sólo ha enseñado ya sus dos orejas, sino que está a punto de devorar a su primera víctima. Se trata de New Century, cuyas acciones se desplomaron la semana pasada un 80% y se encuentran suspendidas tras perder un 56% en la preapertura, después anunciar que varios bancos de inversión que le prestaban dinero para ejercer su actividad –concesión de hipotecas subprime-, le han retirado la financiación y le están demandando que devuelva los préstamos que le han concedido.

En un documento remitido a la Securities and Exchange Commision (la CNMV de EEUU) comunica además, que algunos de sus clientes se están retrasando en el pago de las cuotas y que no cuenta con el capital suficiente para hacer frente a los compromisos adquiridos con las entidades financieras que le han prestado capital.

En este comunicado, New Century -que tiene únicamente un capitalización bursátil de más de 178 millones de dólares-, dice que tendrá que hacer frente a la devolución de unos 8.400 millones de dólares, si todos sus acreedores le piden todos los préstamos atrasados. Algo que ya le han comunicado a través de sendas misivas Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Barclays Bank, Bank of America e IXIS Real Estate Capital.

Todos ellos quieren recuperar el dinero que han prestado a la firma californiana, si bien, ésta alega que tanto ella como sus subsidiarias no tienen “la suficiente liquidez para afrontar estos compromisos”. De hecho, actualmente New Century dispone de menos de 60 millones de dólares en efectivo.

New Century ha recibido cerca de 975 millones de nueva financiación de Morgan Stanley –265 millones la semana pasada-, según varias fuentes, y utilizó financiación adicional del banco de inversión para pagar a Citigroup cerca de 717 millones el 8 de marzo, después de que éste le reclamara el dinero prestado. Ahora, Morgan Stanley podría reclamarle hasta 2.500 millones de dólares.

Muchos analistas, entre ellos Kenneth Bruce de Merrill Lynch ya han dicho que la compañía podría declararse en breve en suspensión de pagos. Desde UBS, por ejemplo, aseguran que “la bancarrota es posible”. Precisamente el lunes, los analistas del banco de inversión UBS rebajaron el rating sobre la compañía hasta “reducir”.

Por otra parte, la situación puede agravarse aún más si cabe, ya que New Century ha dicho que no espera tener listas sus cuentas anuales antes del 16 de marzo, lo que podría acarrearle graves consecuencias ya que podría llegar a ser incluso excluida de bolsa, si bien el reglamento del New York Stock Exchange permite un periodo de prórroga de hasta seis meses.

El NYSE decidió ayer suspender su cotización después de que sus títulos cayeran un 56% hasta 1,42 dólares en la preapertura. La semana pasada, se desplomó un 80% -un 17% sólo el viernes pasado-.

Según la publicación Incide B&C Lending, New Century es la segunda mayor entidad hipotecaria subprime de Estados Unidos, con préstamos de 51.600 millones de dólares en 2006 y 52.700 millones en 2005. En 2006, tenía una cuota de mercado subprime cercana al 8,1%, sólo por detrás de HSBC, que fue el primero en desatar las alarmas.

Asimismo, existen preocupaciones porque la crisis en el sector subprime genere problemas en el mercado inmobiliario estadounidense. Algunas fuentes estiman que el 19% de las hipotecas de alto riesgo firmadas en los dos últimos años, acabarán en impagos.

Junto a New Century hay otras compañías que pueden verse afectadas por estos impagos. Se trata de Countrywide Financial, Wells Fargo y Washington Mutual. Así como algunas multinacionales como General Electric -su división hipotecaria WMC Mortgage es la quinta mayor empresa subprime en EEUU-, y General Motors, que tiene todavía el 49% de GMAC, propietaria de la número 12 en el sector.

La economía estadounidense se está desacelerando pero no de manera abrupta, la actividad en Europa continúa en expansión y el crecimiento de Japón es sólido aunque desequilibrado, dijo el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En la actualización de sus proyecciones de corto plazo, la OCDE aseguró que para la economía mundial, todo marcha según lo previsto. Europa se reactiva y Asia se mantiene bien en momentos en que Estados Unidos se modera hacia lo que según predijo la organización, sería un "aterrizaje suave".

"La vida está llena de sorpresas pero a estas alturas, no vemos ninguna razón inmediata para inclinarnos por un escenario más pesimista", declaró en una conferencia de prensa el economista jefe de la OCDE, Jean-Philippe Cotis.

Las bolsas europeas cerraron el martes con caídas y finalizaron en el nivel más bajo del día por los bancos, afectados por su exposición al mercado inmobiliario estadounidense y por preocupaciones de que el crecimiento de la economía en dicho país se estanque.

El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 cerró con un descenso del 1,09 por ciento a 1.465.92 unidades.

El índice europeo de la banca DJ Stoxx bajó un 1,5 por ciento. En este sector, Barclays cedió un 3 por ciento y Santander, Royal Bank of Scotland y Credit Suisse un 2 por ciento cada uno, por la inestabilidad que en los bancos de los dos lados del Atlántico provocaban los créditos hipotecarios de alto riesgo.

Por su parte, la actividad de fusiones y adquisiciones y la especulación seguía soportando a determinados valores, entre los que se incluían la tabaquera Altadis y la minorista británica Alliance Boots.

Las acciones de Cadbury Schweppes despuntaron un 10,5 por ciento, después de que el inversor estadounidense Nelson Peltz se hiciera con una participación del 3 por ciento.

La firma británica de fontanería y equipos calefactores Wolseley cedió un 3,9 por ciento por temores de que la caída de las inmobiliarias estadounidenses afectará a la demanda.

La bajada de las ventas minoristas estadounidenses, mayor de la prevista, junto con los problemas del mercado hipotecario presionaron a la baja a los valores estadounidenses. El índice de la media industrial Dow Jones caía un 1 por ciento al cierre de los mercados europeos.

Las aseguradoras europeas y otros títulos financieros se depreciaban junto con los bancos y las farmacéuticas y petroleras también se vieron deterioradas.

Brewer SABMiller bajó un 4,4 por ciento después de que su división Heineken señalara que su licencia subsidiaria para producir y distribuir Amstel Lager en Sudáfrica costará 80 millones de dólares.

Por su parte, Altadis se apreció un 1 por ciento después de que un diario publicase una información según la cual se habría producido un acercamiento con su rival británica Imperial Tobacco.
En Madrid, el Ibex-35 cerró el martes con bajas superiores al punto porcentual arrastrado por los bancos en un contexto internacional marcado por la debilidad del sector financiero unido a un dato de ventas minoristas inferior al previsto en Estados Unidos.

"El flojo indicador estadounidense ha sido un poco la clave de las pérdidas en todos los mercados junto a la debilidad ahora mismo del sector financiero", dijo Christophe Ochsner, analista de Venture Finanzas.

Las ventas al por menor de EEUU crecieron el 0,1 por ciento en el mes de febrero, frente a previsiones que apuntaban a un aumento del 0,3 por ciento.

Las caídas del sector financiero en Estados Unidos, relacionadas con los temores acerca de las crecientes pérdidas en el mercado de préstamos hipotecarios a personas de menores ingresos, se contagiaron a los bancos y aseguradoras en Europa.

El índice sectorial de los valores bancarios en Europa retrocedió un 1,57 por ciento.

En el mercado doméstico, las acciones de Santander cayeron un 1,9 por ciento, a 13,42 euros, mientras que BBVA bajó un 1,15 por ciento, a 18,01 euros.

Mientras, Telefónica se depreció un 1,44 por ciento, a 15,78 euros.

El Ibex-35 perdió un 1,16 por ciento, a 13.982,9 puntos mientras que el índice general de la Bolsa de Madrid bajó un 1,1 por ciento, a 1.552,12 unidades.

En el mercado doméstico, las mayores ganancias del selectivo del mercado continuo se las anotaron las acciones de Enagás con un alza del 1,38 por ciento, 18,43 euros tras elevar la víspera Citigroup la recomendación sobre la compañía a "comprar" desde "mantener" y el precio objetivo a 21 euros desde los 18 euros anteriores.

Entre los ganadores también destacaron los títulos de Altadis con un avance del 0,95 por ciento, a 38,20 euros a pesar de que la compañía hispano-francesa desmintió informaciones de prensa que apuntaban a negociaciones de fusión con la británica Imperial Tobacco.

"La información carece de fundamento", dijo Altadis escuetamente en un hecho relevante.- (Reuters y Efe)

Conflicto entre accionistas de "El Corte Inglés" por discrepancias sobre el valor real de los títulos



MADRID.- Los auditores de El Corte Inglés que prestaron hoy declaración en el juicio que enfrenta a la compañía con una rama de la familia Areces por la venta de sus acciones afirmaron que desconocen el valor real de los títulos de la cadena de distribución y que sólo han calculado el valor teórico-contable.

El juicio que dirime la juez Miriam Iglesias, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, ha quedado visto para sentencia. Este conflicto se remonta a 2005, cuando César Areces presentó una demanda civil contra El Corte Inglés por no estar de acuerdo con el precio al que la empresa quería comprar su participación del 0,69% del capital social.

Este accionista reclama 98 millones de euros a razón de 196,4 euros por acción, mientras que la compañía le ofrece 35 millones, es decir, 74,9 euros por cada título de seis euros de valor nominal y 749,3 euros por cada uno de 60 euros de valor nominal, según explicó la abogada del demandante.

En la segunda jornada de la causa, los auditores de El Corte Inglés coincidieron en que la empresa dispone de una valoración teórica-contable de los títulos, basada en el valor patrimonial de la empresa dividido por el número de los accionistas, pero que no se ha realizado una valoración de mercado de la compañía porque la legislación financiera vigente ve incompatibilidades.

El ex auditor de "Deloitte", José Antonio Rodríguez, que trabajó más de diez años para la compañía y aún colabora con ella, reconoció la diferencia entre el valor teórico y el real de las acciones, así como en la metodología para determinarlos. "Son conceptos diferentes que pueden coincidir por casualidad", dijo. "Exacto no es, y que esté muy próximo, tengo mis dudas", agregó, al ser preguntado sobre si son conceptos coincidentes.

Por su parte, el actual auditor de El Corte Inglés, Juan José Roque, afirmó conocer exclusivamente el precio teórico contable de los títulos, y resaltó "la singularidad" de esta empresa familiar, que no cotiza en Bolsa, carece de deuda financiera y reparte dividendos mínimos, ya que los excedentes se destinan a inversiones para levantar sus propios inmuebles.

La abogada del demandante sostuvo que el precio que ofrece El Corte Inglés por su participación no recoge el valor de los inmuebles ni de sus planes inversores o de expansión, sino que sólo se limita al precio de los solares, actualizado exclusivamente con el IPC y no según la evolución del precio de la vivienda.

La defensa de los Areces Fuentes argumentó que la empresa adquirió el solar del edificio Windsor por 480 millones de euros, lo que contrasta con la valoración de los inmuebles de El Corte Inglés presentada por la propia empresa, de 2.600 millones de euros. Por su parte, los Areces Fuentes calculan el valor inmobiliario en 7.500 euros.

Asimismo, la abogada criticó el cambio de los estatutos en lo relativo a las transmisiones de acciones, por considerar que la empresa vulneró la legislación al modificarlos después de que directivos de El Corte Inglés no alcanzaran un acuerdo con César Areces sobre el precio de su participación.

Por una parte, los nuevos estatutos establecen que los títulos se valoran en función del valor en libros, en lugar de basarse en el valor de mercado, como los anteriores y, por otra, impiden venderlos a terceros. "No se puede tener al socio cautivo de sus acciones, porque o se mantiene como accionista o vende al precio teórico-contable, que supone la expoliación de al menos las dos terceras partes del valor de la acción", argumentó la abogada.

Al final de su alegato, la defensa de los Areces Fuentes solicitó una sentencia que obligue a El Corte Inglés a pagar las acciones de César Areces al valor real, o que sea un auditor nombrado por el Registro Mercantil el que decida sobre el precio a pagar y no el consejo de administración. También reclama que se puedan vender los títulos a terceros.

Por su parte, el abogado de El Corte Inglés sostuvo que la finalidad de este procedimiento judicial no es decidir sobre una valoración de la compañía y sus acciones, sino dilucidar si el consejo de administración actuó correctamente a la hora de modificar los estatutos sociales.

Sobre el cambio de estatutos, el letrado recordó que el Juzgado de lo Mercantil ya rechazó la impugnación de los acuerdos de la junta de accionistas presentada por los demandantes el pasado mes de noviembre. Así, aseveró que "El Corte Inglés ha actuado correctamente y no ha incumplido ninguna norma legal".

El letrado adujo además que los hermanos Areces Fuentes reclaman una valoración de sus acciones que responde "a lo que querrían que fuera El Corte Inglés". "No estamos ante una sociedad cotizada, ante una sociedad con ese nivel de liquidez", y recordó que el único mercado en el que circulan las acciones de la cadena de distribución es la propia compañía.

El abogado de El Corte Inglés atribuyó este conflicto a que se trata de la primera vez que un accionista, que deseaba vender su participación en la compañía, no acepta el precio propuesto por el grupo de distribución. "Ha habido siempre acuerdo para todo", dijo, tras indicar que César Areces es el primer titular en desacuerdo con el precio que quiere pagar la compañía.

Este contencioso se arrastra desde 2005, cuando César Areces y sus tres hermanos presentaron una demanda civil contra El Corte Inglés tanto por las diferencias en la valoración de su participación de más del 2,5% del capital social como por la imposibilidad de venderla a personas ajenas a la familia.

Para los Areces Fuentes, el valor de mercado de El Corte Inglés se sitúa entre 14.700 y 16.600 millones de euros, 2,3 veces más de lo recogido en los libros, mientras que El Corte Inglés valora el grupo en 5.573 millones. Así, para estos accionistas, la diferencia significa pasar de ingresar 419,27 millones a 159,9 millones por la venta de su participación.

Los Areces Fuentes (sobrinos del fundador Ramón Areces y primos del actual presidente de El Corte Inglés, Isidoro Alvarez, en la fotografía superior) también se oponen a los nuevos estatutos que aprobó la junta de accionistas después de que la compañía les dejara patente su desacuerdo con la valoración que hacían de su parte del capital.

Según estos nuevos estatutos, los títulos se valoran en función del 'valor en libros' en lugar de basarse en el valor de mercado, como estipulaban los anteriores. Por eso, estos accionistas minoritarios impugnaron el cambio, al tiempo que pidieron medidas cautelares de suspensión que fueron desestimadas por el tribunal.

Por su parte, El Corte Inglés argumenta que los nuevos estatutos, que cambiaron lo relativo a la transmisión de acciones, son 'válidos' y gozan de 'presunción de legalidad' porque contaron con el apoyo del 85% de la junta de accionistas y ya están inscritos en el Registro Mercantil. Isidoro Alvarez controla el 57% de la sociedad.

El gigante español de la distribución alega además que el precio que reclama la familia Areces Fuentes por su participación es 'especulativo y totalmente alejado de un valor razonable, porque se basa en estimaciones futuribles de carácter indeterminado e incontrastable'. Por el contrario, sostiene que el precio que ofrece la compañia es 'justo'.

Si la demanda civil prospera, es probable que otras ramas de la familia se planteen la posibilidad de salir de la compañia, lo que, según algunos miembros, podría obligar a Isidoro Alvarez a sacar la compañia a Bolsa, una opción a la que se ha resistido hasta ahora.

Algunos expertos advierten además de que la demanda civil podría desatar la crisis de sucesión en el El Corte Inglés que lleva tiempo fraguándose, ya que Isidoro Alvarez, tercer presidente de los grandes almacenes en sus 72 años de vida, no tiene descendencia y, según algunos miembros de la familia, no ha preparado el camino a un sucesor para que tome las riendas de la empresa.-(Agencias)

El sector conservero vegetal murciano aventa un tercer cierre dentro de la crisis revelada por la UGT



CALASPARRA.- El secretario general de la Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT, Jesús Cámara, manifestó hoy la situación "crítica" que atraviesan más de 400 empleados de la empresa "Conservas Fernández", de Calasparra, "quienes llevan casi un año sin trabajar y corren el riesgo de perder sus empleos por culpa del plan de deslocalización de la empresa, que puede desembocar en el cierre de la fábrica", tras la pretensión de llevarse la producción a Perú.

"Conservas Fernández" --más conocida por la producción de la marca "La Diosa"-- se encarga de la producción de alcachofa y pimiento, y está gestionada actualmente por el "Grupo Halcón", grupo inversor al que UGT atribuye la situación de "insostenibilidad que ha generado tanta incertidumbre entre los trabajadores", señaló Cámara, que compareció, en rueda de prensa, junto a la presidenta del comité de empresa, Encarna Martínez Sánchez, y el responsable de la negociación colectiva, Javier Jiménez.

En este sentido, afirmó que "en los últimos siete u ocho años han dirigido la empresa distintos grupos que han llevado a empeorar progresivamente la situación", aunque destacó que "la situación es crítica desde hace unos meses, cuando la empresa decidió el cierre de la fábrica que tenía en La Copa de Bullas, y parte de la producción de la alcachofa fue desviada a Perú".

Además, "la idea que mantienen es cerrar también la factoría de Calasparra para quedarse, exclusivamente, con la planta de Campos del Río", dijo Jiménez. En concreto, la fábrica "ha trasladado ya parte de la maquinaria que existe en Calasparra hasta Campos del Río, con el consiguiente traslado de trabajo hasta esta localidad".

No obstante, la empresa presentó un proyecto en el que "prometía la ampliación de la producción", aunque señaló que "los trabajadores desconfían de ella, puesto que también daba a conocer la intención de no producir más hasta que sea rentable, esto es, hasta que no baje el precio de la materia prima, y también de trasladar su producción a Perú, donde ya tienen en marcha una planta para abastecer el mercado americano".

Este proyecto, dijo Jiménez "es continuista, puesto que se parece mucho a los planes anteriores que la empresa ha incumplido sistemáticamente", y especificó que "puede tener consecuencias nefastas si se deslocaliza por completo la producción a Perú y se traslada a Campos del Río la fábrica de Calasparra".

En este sentido, Cámara, destacó la situación de "irregularidad e incertidumbre que viven los trabajadores", porque, afirmó, "no trabajan desde abril del año pasado, cuando lo normal es que se hubieran incorporado al trabajo el pasado mes de diciembre o enero, en el que comenzó la campaña de la alcachofa".

Al mismo tiempo, Cámara señaló que "aunque muchos de los trabajadores --la mayoría sujetos a un contrato de fijo discontinuo-- se incorporarán mañana a sus puestos, tan solo van a trabajar dos o, a lo sumo, tres meses, hasta mayo, que es lo que dura la campaña de la alcachofa, para producir los ocho millones de kilogramos que anuncian".

Igualmente, afirmó que los empleados "han llevado ya a cabo múltiples sacrificios, como la renuncia a los atrasos del convenio o el pago de los almuerzos en los descansos del trabajo, mientras que por parte de la empresa no hay ningún tipo de contraprestación, sino tan sólo la merma en el trabajo", señaló.

El sindicato criticó así "las decisiones de la dirección y los cambios en el accionariado, encaminados más bien al cierre o venta de la empresa que a su gestión eficaz para mantener el nivel de empleo", al tiempo que insistió en la "falta de información sobre los continuos cambios de presidente".

Asimismo, Cámara manifestó sentirse "contrariado por las políticas de subvenciones que el gobierno regional llevó a cabo con la empresa, mediante las que ayudó a construir una depuradora, entre otras infraestructuras, sin pedir ninguna garantía a cambio".

Por todo ello, cuestionó el interés que el grupo inversor "tiene en salvar la fábrica de Calasparra", y reiteró "la sospecha de que desde la ejecutiva de la conservera están negociando a espaldas de los trabajadores la venta de la factoría".

En este sentido, el sindicato reclamó "un plan de producción y de futuro que garantice el trabajo de los trabajadores", y no descartaron "llevar a cabo movilizaciones tanto en Calasparra como en Campos del Río o en Murcia, e incluso huelgas para evitar lo que parece un futuro incierto e irrevocable".

Por último, Cámara constató el "mal momento que atraviesa el sector de la conserva en la Región, puesto que apenas hay inversión y las empresas cuentan con poca credibilidad y elevado riesgo", motivo por el que "hace poco cerró la conservará más antigua de la Región y en breve lo hará otra en Caravaca", concluyó.- (Agencias)

Caja Murcia se lanza de nuevo a las participaciones empresariales al comprar otro 5% de "Ausur"


MURCIA.- La Caja de Ahorros de Murcia ha adquirido el 5% de la sociedad 'Autopista del Sureste Concesionaria Española S.A.', concesionaria de la autopista Alicante-Cartagena, por 4.702.000 euros, con lo que alcanza una participación del 10% de su capital, según informó la entidad de crédito hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además Caja Murcia ha comunicado a la CNMV la adquisición del 5% de la sociedad 'Ausur Servicios de la Autopista, S.A.', por 99.000 euros, con lo que alcanza el 10% de la sociedad.

Asimismo ha notificado a la Comisión que "con fecha 6 de marzo han constituido la sociedad Cajamurcia Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A. con un capital social totalmente desembolsado de 9.015.000 euros".-(EFE)

Ecologistas en Acción exige serias reformas en la actual legislación ambiental, regresiva, murciana


MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región de Murcia presentaron hoy por primera vez en su historia un programa ambiental para las próximas elecciones con la intención de que sus propuestas sean recogidas en los programas de los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

Su portavoz, Julia Martínez, detalló en rueda de prensa que las prioritarias y urgentes son aprobar la iniciativa legislativa popular de Protección de Espacios Naturales, con 15.000 firmas y rechazada por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea Regional, y derogar el articulado de la Ley del Suelo de 2001, que permite urbanizar en zonas protegidas y desprotege 15.000 hectáreas con esa calificación.

Ecologistas en Acción solicita la derogación de las Directrices de Ordenación del Litoral y de la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope, así como la renuncia a urbanizar las pedanías del norte de Lorca, La Zerrichera, Puerto Mayor y Novo Carthago, y a construir, entre otros, el campo de golf La Montaña.

Reducir sustancialmente la oferta de suelo urbanizable desde el Parlamento regional, aprobar una moratoria de nuevos convenios urbanísticos y paralizar los aprobados o en trámite, así como los planes generales de ordenación urbana en marcha son otras de sus demandas.

A este respecto, solicitan que éstos se sometan a la denominada evaluación ambiental estratégica, una vez que ha sido incluido en la legislación española recientemente este requisito de obligado cumplimento por una directiva europea.

Además, piden que se renuncie a las iniciativas que reduzcan la superficie de espacios protegidos o los desregulen, así como que se paralice el anteproyecto de ley regional de Protección de la Naturaleza y el Paisaje.

Julia Martínez pidió más personas y equipos dedicados a la conservación de la Naturaleza, un cuerpo específico de inspectores ambientales -cuya creación estaba prevista en la Ley de Medio Ambiente de 1995-, con un refuerzo importante del control de la actividad industrial, los residuos sólidos urbanos y la contaminación atmosférica.

Para Ecologistas en Acción es irrenunciable su presencia en la comisión autonómica técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, "hoy envuelta en el oscurantismo y en la falta de transparencia y con manifiestos fraudes de ley", aseguró Martínez.

Mientras se mantenga el actual déficit hídrico en la Región, exigen una moratoria urgente y general para todo nuevo campo de golf, así como para los desarrollos urbano-turísticos, "excepto los de crecimiento de núcleos urbanos consolidados ya existentes".

Esta expansión, matizan, debería estar "limitada a cubrir las necesidades sociales reales de vivienda, prioritariamente protegida, a través de un modelo de ciudad compacta mediterránea (menos consumidora de agua) y ajeno al de viviendas unifamiliares con jardín y piscina, que derrocha gran cantidad de agua".

Sugieren calificar como no urbanizable la huerta del Segura y el resto de huertas tradicionales asociadas a otros ríos y arroyos (Guadalentín, Mula y Chícamo, entre otros) y a fuentes y manantiales, como los existentes del Noroeste.

Por último, reclaman la regulación y la planificación autonómica y municipal de la contaminación atmosférica, acústica y lumínica, de las energías eólica y fotovoltaica, y del tráfico rodado y peatonal -apostando por el transporte público-, así como el sellado y la restauración ambiental de los vertederos incontrolados.- (EFE)

Las nuevas torres del barrio de La Paz se harán a base de prefabricados sin agua, según López Rejas



MURCIA.- El promotor del proyecto de remodelación del barrio La Paz, José López Rejas, informó hoy de que las primeras cinco torres de 24 pisos que construirá se harán mediante la técnica de "obra seca" con materiales prefabricados, incluida la fachada.

López Rejas ofreció una rueda de prensa para anunciar la presentación del texto "refundido" del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) ante la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia y criticar las alegaciones presentadas por el Colegio del Arquitectos a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El PERI presentado por López Rejas fija la edificabilidad en 2,48 metros por metro cuadrado, con un total de 2.800 viviendas, cuando la modificación del Ayuntamiento la rebajaba a 2,28 metros y 2.600 casas, frente a los 2,8 metros que proponía el constructor en su primer proyecto hasta casi 3.000 viviendas.

El promotor informó de que la construcción de estas cinco torres, las primeras de un conjunto de 62 que prevé su proyecto para el barrio murciano de La Paz, se harán mediante "obra seca", que excluye las tradicionales mezclas de materiales con agua, lo que permitirá adelantar en seis meses la finalización de los edificios así como "aquilatar" costes.

López Rejas aseguró que este nueva forma de construcción supone "más calidad" que la obra tradicional y un mejor cumplimiento de las certificaciones energéticas, de ruidos y temperatura.

La ventaja de construir con materiales prefabricados, tipo "pladour", dijo el promotor, es la "facilidad" a la hora de hacer modificaciones o reformas, como el hecho de no tener que hacer rozas en la pared para poner nuevos enchufes o la comodidad de desmontar una pared a la hora de unir dos pisos.

La primera fase del proyecto de construcción suma 800 viviendas repartidas en cinco torres de 24 plantas y bajo, de forma que las once primeras alturas se destinarán al realojo de los vecinos de la Asociación, mientras el resto de los pisos se pondrán a la venta. Además añadió que el precio se reduce " por la velocidad de la obra".

Desde el piso once al veinticuatro, las dimensiones de las viviendas variarán en "función de la demanda" dijo José López Rejas, quien adelantó que la oferta abarcará desde los 70 y 90 metros a los de 40 "para los que también hay muchas peticiones".

Además añadió que el precio se reduce " por la velocidad de la obra" y que el precio "recomendado" por la Gerencia de Urbanismo es de 2.600 euros el metros cuadrado, aunque matizó que este proyecto "tiene que ser más atractivo y asequible que el resto de la ciudad, también por su precio".

López Rejas, que negó tener "aspiraciones políticas", criticó las alegaciones presentadas por el Colegio de Arquitectos de Murcia a la propuesta de modificación del PGOU, necesaria para desarrollar la rehabilitación del barrio, y firmadas por su decano, Francisco Camino, al que -sin citar expresamente- calificó de "iluminado".

Las alegaciones "evidencian un desconocimiento total del proyecto y enorme confusión sobre legislación", dijo el constructor, quien aseguró que los propietarios disponen libremente de sus viviendas, que las pueden trasferir, calificó de "rotundamente falso" que la zona urbanizada sea de titularidad estatal al tiempo que aseguró que el propietario es el ayuntamiento de Murcia.

Tras afirmar que "la alegación de Camino carece de todo fundamento y es contradictoria con la que presentó en el Avance", López Rejas ridiculizó la pregunta presentada por una diputada del grupo de Izquierda Unida al ministro de Fomento sobre la titularidad de la citada urbanización. "Los señores de IU desconocen la realidad y la normativa de aplicación", sentenció.- (EFE)

El viento provoca pérdidas por 30 millones de euros en el campo de Águilas, según Francisco López, presidente Mesa para la Defensa del Tomate


ÁGUILAS.- “Las pérdidas ocasionadas por el fuerte viento de la semana pasada a las producciones agrícolas de Águilas podrían alcanzar una cantidad superior a los 30 millones de euros”, según ha declarado el exalcalde independiente de Águilas, presidente de "Coáguilas" y actual presidente de la Mesa para la Defensa del Tomate de la Región de Murcia, el aguileño Francisco López.

El presidente de esta Mesa regional sectorial (en la fotografía, con la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, durante su reciente visita a Águilas) ha calificado la situación provocada por los fuertes vientos en la agricultura local aguileña como “una auténtica catástrofe” y anuncia que, a lo largo de esta semana, se conocerán las cifras exactas sobre la cuantía de las pérdidas ocasionadas a los agricultores de este municipio costero.

Por su parte, el presidente de COAG-IR Águilas, Joaquín Roldán, estima los daños por los fuertes vientos de la semana pasada en la lechuga aguileña en un 40%, inicialmente, y, en lo que se refiere al tomate, subraya que “se han visto afectados aquellos cultivos que estaban preparados para ser recolectados”.

La producción agrícola de Águilas y Mazarrón no ha sido la única en verse afectada. Los fuertes vientos de la semana pasada también han perjudicado gravemente a los cultivos de cítricos y uva de mesa. Más del 30% de los cítricos se han caído al suelo como consecuencia del viento, y más del 25% de la uva de mesa se ha visto afectada por esta inclemencia meteorológica, que también ha ralentizado la comercialización de los productos hortofrutícolas en los mercados exteriores.

Las principales comarcas afectadas por los fuertes viento, además de los campos de Águilas, Mazarrón y Lorca, han sido el Campo de Cartagena, el Valle del Guadalentín y el Noroeste.

Los agricultores están seriamente afectados ya que muchos de ellos, todavía tenían los cítricos en los árboles, sin vender, y su caída al suelo supone la pérdida completa de la cosecha. Esta inclemencia ha sido un golpe más para los productores, que pone en peligro sus renta.

Desde COAG-IR, que ha calificado los daños provocados por el viento como “muy graves”, han remitido una carta a la Consejería de Agricultura “para que dé las oportunas instrucciones y para que se evalúe la dimensión de dichos daños al objeto de que se pudieran arbitrar algún tipo de ayudas para los agricultores afectados”.

En la misiva, la organización agraria subraya los desperfectos generados por el viento “en las infraestructuras de cultivo y en muchas plantaciones, esencialmente de hortalizas bajo abrigo y al aire libre, y a algunos cultivos tardíos, en especial de cítricos que se están cayendo al suelo, tanto limones como naranjas, en el Campo de Cartagena, así como al limón verna, que ha sufrido rozaduras muy importantes”.

COAG-IR apunta a que “en las zonas de invernaderos y de mallas (Torre Pacheco, San Javier, Águilas, Ramonete-Lorca y Mazarrón), se han producido los principales daños, ya que los plásticos de los mismos se han perdido y, lo que es aún peor, algunas estructuras han quedando destrozadas, habiéndose perdido además los cultivos bajo abrigo, tanto de tomate como de pimiento. También se han visto muy afectados los cultivos de flores en Canara y Puerto Lumbreras”.

COAG finaliza su carta a la Consejería de Agricultura pidiendo que se ordene “a los técnicos de la Consejería que realicen, cuanto antes, la valoración de los daños para conocer la magnitud de los mismos y procurar algún tipo de ayudas”.

Las naves de almacenaje y envasado, los invernaderos y las plantaciones, que se encuentran en fase de plena producción, se han llevado la peor parte de una incidencia meteorológica que podría sobredimensionar a las heladas de la campaña 2005. Esas heladas acabaron con la producción, pero, en esta caso, el efecto del viento ha afectado a los cultivos y también a las infraestructuras.