El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha exigido al presidente Valcárcel que intervenga y quite las competencias urbanísticas a municipios como Murcia, Cartagena, Cieza, Mazarrón, San Javier, Totana, Alhama, Caravaca, Águilas, o Torre Pacheco, donde el ‘modus operandi’ son el pelotazo, los convenios urbanísticos a la carta y los tratos de favor a amigos y a dirigentes del PP, en respuesta a la insinuación del consejero Cierva de hacerlo con Los Alcázares.
Jara pidió que el presidente regional «cumpla con su palabra y pida la dimisión de los altos cargos del PP condenados por la Justicia». El portavoz del PSRM se preguntó «a qué está esperando para exigir la dimisión de los alcaldes del PP en Archena, Beniel, Cieza, Alcantarilla o Mazarrón», y añadió que «a Valcárcel ni le preocupa la corrupción ni la especulación que genera su propio modelo de crecimiento».
José Ramón Jara afirmó que «es una vergüenza que el PP no tome decisiones contundentes en los ayuntamientos en los que gobierna y ya hay sentencias judiciales en firme y otros casos en la Fiscalía, y pida al PSRM responsabilidades absurdas sobre políticos que no han sido, en ningún caso, imputados».
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Los Alcázares, el socialista Alfredo Blanco, afirmó no entender por qué se planteaba la posibilidad de retirar las competencias. “No encuentro razones para hacer esto ya que en este Ayuntamiento no existe delito urbanístico alguno ni procesos ilegales”.
Indicó además que para quitar las competencias urbanísticas al Consistorio, “tendrá que haber alguna apreciación, previamente, de algo que se haya hecho mal”, e insistió en que en Los Alcázares no se ha hecho ninguna modificación que no haya sido aprobada por la Comunidad Autónoma, “ya que nosotros no tenemos nuestras propias normas subsidiarias, sino que nos atenemos a la legalidad, pues no se ha hecho nada más que lo que permite la Ley”, insistió.
El Gobierno regional, del PP, no descarta retirar las competencias de Urbanismo al Ayuntamiento de Los Alcázares (gobernado por el PSOE) una vez conocido el sumario de la operación Malaya, que, según el consejero Cierva, deja clara la relación con esta trama de corrupción urbanística. El portavoz del Ejecutivo murciano afirmó ayer que es una posibilidad que barajan, “aunque no se ha tomado una decisión en firme”.
Ante la duda sembrada desde San Esteban, el secretario de Organización del PSRM y diputado regional, Francisco Oñate, respondió a las declaraciones del consejero diciendo que lo que no se explica es «qué hace todavía De la Cierva en el gobierno regional». Para Oñate, «un hombre que ha reconocido públicamente ser amigo de los dueños de Polaris e incluso tener una casa en una de sus urbanizaciones, debe dar explicaciones de las muchas veces que ha tomado decisiones a favor de esta empresa».
Respecto a las declaraciones del consejero de Presidencia, en las que afirma que se está estudiando la posibilidad de retirar las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Los Alcázares, Oñate le responde que «es al gobierno regional al que se le deberían retirar por el Estado las competencias en urbanismo, por lo que ha quedado demostrado en actuaciones como La Zerrichera, Puerto Mayor, Novo Cartago, Lo Poyo, etc., que han rebasado la legalidad y que han ido en contra de los intereses generales».
En este sentido, el diputado socialista sostiene también que «es vergonzoso que un portavoz del gobierno autónomo utilice su cargo para arremeter contra Teresa Rosique, una persona que ha demostrado defender siempre los intereses generales de los ciudadanos».
Según Oñate, De la Cierva, con su actitud, «entra de lleno en la extrema derecha española y su recurso de utilizar la mentira como campaña política».
También el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, salió en defensa de la diputada autonómica y portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, atacando a su vez a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al PP, que la sustenta, al acusarla de “hablar de pelotazos urbanísticos como si fueran algo defendible” cuando “en su propio municipio existen casos que reproducen milimétricamente al de la Operación Malaya y Juan Antonio Roca”.
Para Saura, “el pueblo de Cartagena debe estar orgulloso de que Rosique en lugar de abstenerse votara en contra de la reclasificación de Lo Poyo”.
Por su parte, Rosique pidió al PP que “no diga más tonterías” sobre su implicación en Lo Poyo y subrayó que los documentos de una reclasificación “son de interés público y no reservado”, por lo que a ella “tienen acceso todos los ciudadanos”. A juicio de Rosique, “lo que le duele al PP es que les parara Lo Poyo” y que “pueda demostrar que he antepuesto los intereses generales a cualesquiera otros”.
Rosique resaltó que el Ejecutivo «recurre a la manipulación y a la mentira ante la falta de argumentos».
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, manifestó ayer en una nota de prensa y a propósito de las declaraciones del portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, sobre Lo Poyo, que votó, "para votar que no y para que ningún canalla pudiera acusarme falsamente de beneficiar a mi familia, y ayer más que nunca me alegro de haberlo hecho porque eso le quita las armas a los que me acusan".
Rosique insistió en que participó para oponerse a la reclasificación de Lo Poyo "porque entendía que iba contra los intereses generales, puedo explicar por qué voté en Lo Poyo y puedo demostrar que mi voto en contra de esa reclasificación suponía anteponer los intereses generales por encima de cualquier interés particular".
En este sentido, preguntó al Partido Popular si el presidente Valcárcel "puede también explicar por qué aprobó definitivamente esa reclasificación en el año 1996, aun incumpliendo la ley, por lo que tuvo que ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y que fue resucitada en 2003 por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a petición de un promotor que era propietario de 460 de las 500 hectáreas que tiene Lo Poyo, y gracias a lo que pudo vender su suelo por 250 millones de euros".
Rosique recordó que esta actuación de la alcaldesa "está siendo investigada por la Fiscalía debido a una denuncia presentada y firmada por la propia Teresa Rosique y por el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco J. Oñate", ambos en representación del Partido Socialista.
(Fotografía: Consejería de Política Territorial y Urbanismo)
