Diego de Ramón desea saber la "inversión" de Valcárcel en todos los medios de comunicación

El abogado y presidente del partido centrista UDeRM (Unión Democrática de la Región de Murcia), Diego de Ramón, desea saber cuánto dinero público, en millones de euros, gastó la Comunidad Autónoma en 2006, y también el que tiene consignado en los presupuestos de 2007, para subvencionar medios de comunicación (escritos y audiovisuales) e invertir en publicidad, desglosado por consejerías; en total para este ejercicio, 4.150 millones de euros y un 14% más que en el año anterior.

En virtud de la vigente legislación española y comunitaria, De Ramón se ha dirigido, por escrito y con registro de entrada, al consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, para que le informe del desglose de partidas económicas, le señale el nombre del medio y le detalle subvención, ayudas y contratación de publicidad con pago de tarifas aplicadas. También desea saber lo mismo de empresas participadas para medios regionales, incluida el canal 7 de la televisión autonómica o tercer canal público.

Finalmente pregunta al gobierno regional murciano cuál es la participación de la Comunidad Autónoma y organismos autónomos o dependientes que han intervenido en la participación pública de la financición del Tercer Canal de la Televisión Pública, "La 7", incluyendo empresas participadas, empresas privadas , incluidas "Caja Murcia", su Fundación y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y sus respectivas cuotas de participación.

Diego de Ramón advierte al consejero De la Cierva que, en caso de no informarle, hará valer los derechos fundamentales que le amparan ante organismos superiores y fiscalizadores de dicha información, incluyendo los órganos jurisdiccionales, por ser derechos civiles negados a una formación política.

Cartagena y Mar Menor ganan un escaño en la Asamblea Regional a costa de Murcia y su huerta

El fuerte crecimiento demográfico del litoral regional ha hecho que la circunscripción electoral encabezada por Cartagena, que incluye también los municipios de La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, gane un diputado regional, pasando de los diez de 2003 a los once de las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 27 de mayo.

Este crecimiento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, ha sido de 10.162 personas entre 2005 y 2006. Precisamente el crecimiento del último año es el que se utiliza, en virtud de la Ley Electoral de la Región de Murcia, para calcular el número de parlamentarios que se asignan a cada una de las cinco circunscripciones.

Habida cuenta de que en la Asamblea Regional seguirá habiendo 45 parlamentarios, el aumento del peso específico del litoral se produce en detrimento de la circunscripción de Murcia, que también incluye los municipios de Alcantarilla, Beniel, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, Cieza, Abarán, Blanca, Archena, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós, Fortuna, Abanilla y Santomera, que perderá un diputado, pasando de los 21 a 20.

El resto de circunscripciones mantienen el número de escaños: la de Lorca, que también incluye a Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y Mazarrón, tendrá siete; la de Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Mula, Albudeite y Campos del Río, cuatro escaños; y tres diputados por la circunscripción número 5, que comprende los municipios de Yecla y de Jumilla.

Asimismo, los municipios de Molina de Segura, San Pedro del Pinatar y Beniel aumentan en cuatro concejales su arco político. Por primera vez el censo de electores superará el millón de personas en las elecciones locales de mayo.

El delegado del Instituto Nacional de Estadística, Arsenio Lasheras, ha explicado que el censo de electores se lleva a cabo tomando como base los habitantes que había en la Región a 1 de enero de 2006, que contabilizaba un total de 1.370.000.

La población ha aumentado todos los años desde los anteriores comicios municipales y autonómicos, pero se ha concentrado especialmente en la Comarca de Cartagena, que gana un diputado. Los extranjeros tienen derecho a voto en las municipales.

El nuevo ministro de Justicia puede ser muy beneficioso para la Región de Murcia

El nombramiento del actual fiscal-jefe de la Sala de Lo Contencioso del Tribunal Supremo y jurista de gran prestigio, Mariano Fernández Bermejo, como nuevo ministro de Justicia a partir del lunes, supondrá un impulso a las investigaciones en marcha sobre corrupción política y delincuencia urbanística en la Región de Murcia, que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de oficio y por denuncias presentadas por terceros, y se espera que también agilice la provisión de la plaza de fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción, según se ha confirmado en fuentes próximas al interesado en Madrid.

Igualmente, se espera la rápida incorporación del conocido fiscal Emilio Valerio al equipo del nuevo ministro de Justicia, con el que mantiene una estrecha relación desde que fue su superior jerárquico inmediato como fiscal-jefe del TSJ de la Comunidad de Madrid, donde Valerio fue promovido a fiscal para los delitos urbanísticos y medioambientales .

Fernández Bermejo es, además, íntimo amigo del actual fiscal-jefe del TSJ murciano, Manuel López Bernal, lo que supone un refuerzo moral a su gestión así como profesional y, ahora políticamente, a la misión de "limpiar" esta comunidad autónoma de delincuencia económica y de "cuello blanco", que ha devenido en mafia y en la revitalización de una extrema derecha que tiene secuestrado y anulado al PP.

Los zaplanistas recalcan la alicantinidad de la CAM

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, afirmó, tras entrevistarse con el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Fernández Valenzuela, que ambos se mantienen «a la expectativa» de que se cumpla el acuerdo sobre la Presidencia de la Comisión de Control de la CAM. «Tanto a Fernández Valenzuela como a mi nos gustaría que ese acuerdo que se puede conseguir se mantenga en todos sus términos».

De este modo, Ripoll (en la fotografía) se hizo eco del malestar que existe en la provinciade Alicante porque sea un murciano y no un alicantino el que presida este órgano, y dejó dejó claro que no piensa renunciar a que sea su patrocinado, el vicepresidente de la Cámara de Comercio alicantina, José Enrique Garrigós, el que presida este órgano y no el ex edil murciano Juan Ramón Avilés, que el pasado lunes fue elegido para dicho cargo con el apoyo del presidente del Consell, Francisco Camps y de su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel.

En este contexto, las palabras del presidente de la Diputación alicantina advirtiendo, una vez más, que los acuerdos están «para cumplirlos», y que cuando se respetan «abren horizontes de más acuerdos, pero cuando no se cumplen, siempre uno tiene reticencias a llegar a esos acuerdos», sonaron más a una velada amenaza que a reproche.

En su reivindicación, recordó que él mismo propició que el representante cameral pudiera ser miembro de este órgano, «con un acuerdo que ha supuesto que Garrigós ahora sea el representante de la Diputación Provincial en la Comisión de Control».

Finalmente, Ripoll que compareció ante los medios en solitario, ya que Fernández Valenzuela prefirió abandonar la sede de la institución provincial sin hacer declaraciones, se aferró en la «alicantinidad» de la CAM en defensa de sus tesis.

Según la información oficial, el encuentro entre los presidentes de ambas instituciones no tenía, en la agenda, tratar la polémica que ha rodeado la renovación de los órganos de la CAM, a pesar de celebrarse un día después de la última reunión para renovar todos los cargos.

El presidente de la Cámara de Comercio, al que le está tocando de forma colateral apechugar con la crisis político-financiera de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), se niega a seguir con la polémica. Pese a la evidente discriminación que ha sufrido la entidad que dirige, por parte del PP, en el reparto del control político y empresarial de la Caja, Valenzuela optó por asegurar que «estoy tranquilo con eso y no me afecta».

Valenzuela se manifestó de manera escueta pero contundente poco después de abandonar el Palacio Provincial tras reunirse con su titular y principal valedor de la facción zaplanista en Alicante, José Joaquín Ripoll. Además, el presidente de la Diputación, que en privado ya ha reconocido en los últimos días que esta crisis le ha llegado «sobrevenida», llegó a negar que abordara en la cita de Ripoll la problemática renovación de cargos en la CAM. «No se ha tratado», contestó de forma lacónica.

Este aserto dejó poco después en evidencia a Valenzuela, ya que Ripoll dijo ante los medios de comunicación (el presidente de la Diputación salió a la carrera del Palacio Provincial sin dar pie a declaraciones periodísticas) que, entre otras cuestiones, sí se hizo mención al proceso electoral de la Caja alicantina.

Ripoll también fue breve, pero no tanto como Valenzuela. El presidente provincial del PP dijo que tanto a Fernández Valenzuela como a él les «gustaría que el acuerdo que se pudo conseguir se mantenga en todos sus términos» y añadió que están «a la expectativa» de que se materialice, en alusión a un supuesto pacto entre el PP oficial el zaplanista y el PSPV para que el vicepresidente de la Cámara, el turronero José Enrique Garrigós Ibáñez, presidiera la comisión de control.

El cambio de estrategia de Valenzuela ha sido de ciento ochenta grados desde el pasado día 22, en el que, en medio del fragor de la batalla, reunió a su comité ejecutivo para echarle un cable a su vicepresidente Garrigós y para dejar en el sitio que le corresponde a la entidad que preside.

Ese día, la Cámara criticó abiertamente la «lamentable imagen de división que se está produciendo en la renovación de la CAM» y señaló a la patronal alicantina Coepa por «participar en luchas políticas en vez de defender a las empresas».

Valenzuela mostró un tono mucho más conciliador y por supuesto menos beligerante, y restó hierro a la premeditada discriminación que sufre la Cámara respecto a Coepa en la Caja alicantina. «Yo quería que la entidad estuviera en la Caja y ahí está ahí», dijo Valenzuela poco después de saberse que Garrigós seguiría en un segundo plano en la CAM, si no tercero al asumir una mera vocalía y no la presidencia de un órgano secundario (la comisión de control) respecto al consejo de administración.

En el máximo órgano ejecutivo de la entidad sí se sienta con el cargo de secretario y con posibilidades de promocionar a la presidencia, si no se lo impide otra alianza de la facción crítica del PP y del PSPV, el presidente de Coepa, Modesto Crespo.

Fuentes de esa alianza crítica en el seno de la CAM, que un día antes señalaron directamente al director general, Roberto López Abad, como muñidor de la ruptura del pacto "in extremis" para situar al murciano Juan Ramón Avilés en la presidencia de la comisión de control, dirigen ahora sus sospechas hacia Valenzuela. «No es crítico, como sí lo fue tras el veto de Camps inicial, porque el presidente de la Generalitat le ha llamado a capítulo», dijo una voz con peso en el consejo de administración. Otras fuentes sencillamente achacan al «olfato político» de Valenzuela una estrategia para atribuirse una tregua que no acaba de llegar a la CAM.

El grupo de consejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) opuesto al presidente, Vicente Sala, quiere demostrar a partir de la primera reunión de este órgano que puede aglutinar a una mayoría de vocales. El «frente opositor», que agrupa a miembros del Consejo afines al sector zaplanista del Partido Popular, a todos los vocales socialistas y a otros integrantes no adscritos oficialmente a uno u otro bando, pretende hacer visible su supuesta mayoría ante quienes el pasado viernes coparon todos los puestos de responsabilidad del Consejo.

Tras no lograr tampoco presidir la Comisión de Control, que en teoría estaba pactada entre campistas, zaplanistas y el PP murciano en favor del empresario de Jijona José Enrique Garrigós, los críticos quieren hacer visible que son mayoría en el Consejo pese a la reelección de Vicente Sala. Pretenden hacerlo en la primera sesión ordinaria, prevista para el día 22, si se lleva al orden del día algún asunto polémico susceptible de decidirse en votación.

Sobre la ruptura del pacto en la Comisión, el vicepresidente tercero, Armando Sala, declaró al diario "Información" que «es lamentable que por que se haya incumplido un pacto suscrito entre los presidentes valenciano y murciano, se extienda en la institución una preocupación innecesaria por las consecuencias que este hecho pueda acarrear».

El sector opuesto al presidente asegura contar con cinco vocales socialistas, el representante de UGT, los vicepresidentes Gil-Terrón y Armando Sala, el industrial murciano José García Gómez, la impositora Elia Rodríguez y los empresarios alicantinos Aniceto Benito y Luis Esteban. En total, 12 vocales de los 20 que integran el Consejo de Administración.

A la conclusión del proceso de renovación parcial de cargos, los críticos sólo han podido mantener la territorial de la CAM en Alicante y la vicepresidencia de Armando Sala.

Vicente Sala resultó reelegido el viernes presidente de la CAM por unanimidad. Sólo un día antes, el proceso enfrentaba a dos candidaturas en lo que supuso trasladar a la entidad la guerra interna de los populares, divididos entre los afines al jefe del Consell y los alineados con el Congreso, Eduardo Zaplana, en coalición con los socialistas. El mismo día, los opositores barajaron presentar como alternativa al titular de la caja en Valencia, Antonio Gil-Terrón, y al empresario Jesús Navarro, próximo al PSOE, lo que finalmente no se produjo. Con la constitución de los órganos de gobierno, los vocales propuestos por Camps y el murciano Ramón Luis Valcárcel han pasado a ser mayoritarios y han puesto el punto final a una década bajo control político de Zaplana.