La Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia ha citado para esta mañana, 16 de enero, al alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del PP (a la derecha), tras concluir las investigaciones de los fiscales y la policía judicial de la Guardia Civil sobre los pormenores de la recalificación en pleno municipal del, por la Unión Europea, paraje protegido de La Zerrichera, a consecuencia de una denuncia de terceros.
Con esta comparecencia se inicia la tan esperada ronda de políticos regionales involucrados en denuncias relacionadas con la presunta corrupción urbanística, que han de explicarse frente a los fiscales especiales delegados ante múltiples evidencias puestas en su conocimiento por ciudadanos particulares, colectivos sociales y partidos políticos como una forma desarrollada de democracia participativa.
El regidor aguileño (todavía no proclamado oficialmente candidato de su partido a las próximas elecciones municipales) recibió ayer mismo la citación del fiscal-jefe, Manuel López Bernal, en su despacho oficial y se espera acuda esta mañana al Palacio de Justicia de Murcia (en la fotografía superior) a contestar las preguntas que le formule el ministerio público, presumiblemente con asistencia letrada privada.
Su funcionaria responsable del planeamiento urbanístico da la casualidad que es la hija del fiscal destacado ante los juzgados de Lorca, partido judicial al que pertenece Águilas, y que nunca ha actuado de oficio, seguramente al no apreciar a simple vista indicios de delito o ilícitos penales en este caso concreto.
Juan Ramírez no será el único miembro de la Corporación que desfile esta semana ante el fiscal-jefe. Para el miércoles están citados todos los miembros de la coalición municipal de gobierno que conforman el PP y el MIRA (Movimiento Independiente para el Relanzamiento de Águilas) que votaron a favor y la susodicha funcionaria responsable del planeamiento urbanístico. (Hace pocos meses, otros altos funcionarios municipales se presentaron voluntariamente a declarar ante López Bernal). Y el jueves lo harán los miembros de los grupos socialista, mixto e IU, todos en la Oposición aunque los integrantes del segundo (expulsados del PSOE por su complicidad pasiva) no acudieron a votar en el polémico pleno, que ahora da lugar a las citaciones, mientras el resto de concejales de la izquierda local lo hizo en contra.
Al parecer, Ramírez Soto, siguiendo el método del polémico alcalde de San Javier, ya habría advertido al presidente Valcárcel del riesgo político que corre si lo abandona ante el peligro y de no repetir él candidatura en Águilas toda vez que su actuación, tanto en La Zerrichera como en Marina de Cope, ha estado siempre animada y guiada desde San Esteban y por muy concretos consejeros y exconsejeros, casos de Marqués, Bascuñana y Ruiz Abellán, sin olvidar las consignas políticas permanentes emanadas de Ruiz Vivo en nombre del lider regional del PP y el interés mostrado por el todopoderoso Sánchez Carrillo en algunas otras cuestiones como la concesión municipal de la recogida de basuras en favor de "La Generala".
Estas primeras citaciones a políticos en activo sobre los 20 asuntos entre manos de la Fiscalía casi coinciden en el tiempo con la, al parecer, teórica comunicación oficiosa a miembros del Consejo General de la Abogacía acerca de las indagaciones que se están llevando a cabo sobre las actividades atípicas de cinco o seis letrados que pudieran formar parte de una trama organizada para delinquir presuntamente, y bajo la protección y dirección del hermano de un destacado político en apuros.
El "modus operandi" de esta trama para ocultar, como mínimo, un presunto delito de tráfico de influencias, sería funcionar mediante despachos profesionales interpuestos, de modo que el familiar del influyente prócer no deje nunca rastro palpable de su vinculación con negocios desarrollados supuestamente a la sombra del poder.
Pero la coincidencia de ese tipo de negocios, principalmente con el urbanismo salvaje y la corrupción que conlleva el enriquecimiento ilícito, ha hecho aparecer en escena la sospecha de que, además, se pudiera estar blanqueando dinero opaco a la Hacienda Pública en empresas de promoción inmobiliaria. No obstante, esa trama alcanzaría también en su intervención a otro tipo de empresas y actividades lícitas.
En otro orden de cosas y sin ninguna relación directa con lo anterior, la Agencia Tributaria se dispone a revisar con urgencia, por decisión de su inspección central, la resolución del expediente con una multa impuesta a "Polaris World" de 18 millones de euros y que, tras ser recurrida por esta mercantil de Torre Pacheco ante la delegación de la AEAT en Cartagena, se quedó en tan solo 300.000 pese al dictámen jurídico favorable tras la conclusión de largas actuaciones.
