«Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción, financia a los partidos políticos»«El acuerdo se está rompiendo; un juez francotirador sacó un caso, y van otros en cascada, por la crispación política; pero volverá el silencio»
ALEJANDRO NIETO CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y EX DIRECTOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Lucía S. NAVEROS
Alejandro Nieto, ensayista, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene detrás de sí una carrera brillante, llena de títulos, honores y cargos oficiales. Pero no tiene pelos en la lengua. Ayer, Nieto estuvo en la ciudad invitado por IU de Oviedo para hablar sobre corrupción urbanística, un tema que ha desarrollado ampliamente en libros como «La corrupción en la España democrática» o «La organización del desgobierno».
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
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19 comentarios:
Lo que se juega en La Zerrichera
MANUEL BUITRAGO/
De la veintena de denuncias que investiga el fiscal jefe del TSJ sobre presunta corrupción urbanística, el caso de La Zerrichera de Águilas es el que reúne hasta ahora ingredientes de mayor peso político, económico y medioambiental. No sólo por tratarse del primer asunto de relevancia abierto por el Ministerio Fiscal (La Zerrichera desencadenó todo un movimiento contra el modelo urbanístico imperante al amparo de la Ley del Suelo); sino también porque arroja muchos y preocupantes interrogantes sobre la actuación de diversas instancias de la Administración y del Gobierno regional, que desembocaron en la aprobación de este complejo urbanístico en Águilas. Sólo había un obstáculo, que era la calidad de los terrenos, de especial protección medioambiental. Las decisiones que se tomaron en diversos ámbitos para recalificarlos y hacerlos útiles para el ladrillo es lo que se trata de aclarar.
Llegados a este punto, conviene puntualizar que el proyecto del Grupo Hispania se encuentra paralizado por el Gobierno regional desde abril del año pasado, tras la marcha de anterior consejero de Medio Ambiente; lo que no impide la actuación del fiscal jefe Manuel López Bernal. Y también llegados a este punto -y con la investigación abierta por la Comisión Europea- es más que probable que esa urbanización ya no vuelva a ver la luz. Las posibilidades de que se reactive el proyecto son prácticamente nulas, sobre todo porque a partir de ahora no habrá casi nadie en la Administración que ponga su firma. El efecto también está siendo tremendo para otros negocios urbanísticos, que son mirados bajo cien lupas o sencillamente retrasados. Asimismo, queda un recurso importante en manos del consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, como es el Plan de Gestión del LIC y ZEPA de la Sierra de la Almenara -donde está enclavada La Zerrichera-; que todavía no ha sido aprobado pese a los meses transcurridos, aunque está prácticamente terminado.
Lo que más importa saber es qué dice finalmente dicho Plan sobre la polémica finca; y en particular de las alegaciones que presentó la promotora Grupo Hispania para que se le permita urbanizar. El borrador del documento de gestión, desde luego, no ofrecía ninguna duda sobre la imposibilidad de construir en la zona. No hay que olvidar además la investigación abierta por la Comisión Europea, cuyos funcionarios, decididamente verdes y ecologistas, son extremadamente celosos con las quejas medio ambientales. Basta con recordar la experiencia del Trasvase del Ebro, donde se aplicó a rajatabla la doctrina de prevención medioambiental, que en la práctica hacía inviable proyectos de este tipo sin esperar siquiera a conocer las consecuencias (positivas o negativas) que pudiera tener.
Existe otro plano no menos importante, que es el político. Aquí se la juegan tanto el Gobierno regional del PP como el PSOE murciano. Si el fiscal jefe archiva el caso antes del día 23 de febrero -la fecha tope- porque no encuentra base suficiente para denunciar, los socialistas de Pedro Saura sufrirían un serio revés ante la opinión pública, ya que con este caso tan emblemático se derrumbaría gran parte de su teoría general de la corrupción urbanística. Recuérdese asimismo que la Fiscalía ha archivado ya los casos del parking de San Esteban y de la Casa del Piñón de La Unión porque no encontró materia.
La otra opción es que la Fiscalía -que es un organismo muy jerarquizado desde Madrid- no archive y se querelle por presunta prevaricación y/o delito ambiental. Puede ser lo más probable. A partir de ahí, el caso llegaría al juzgado, y luego a esperar a ver qué pasa; sin desterrar la posibilidad de que todo se quede al final en un reproche, fuera del ámbito penal, motivado por presuntas irregularidades administrativas, sobre las cuales ya pocos dudan. No se sabe quién se juega más o menos; pero en el PP y PSOE muchos contienen el aliento. ¿Archivo o no archivo? ¿O acaso La Zerrichera ya está descontada electoralmente?
Hay pactos para no hablar de racismo en España???
Kapuscinski
Rosa Regàs
Acaba de morir Kapuscinski, maestro de los periodistas del mundo, el hombre honesto que entendió el periodismo como la búsqueda de la noticia y no la manipulación de los hechos para crearla.
Kapuscinski era polaco y comenzó a trabajar como reportero en una época dura y difícil para su país donde imperaba la censura y las conciencias habían sido educadas para ver el mundo de una determinada manera y aceptarlo tal como se lo habían mostrado. Aun así, a los veinte y pocos años viajó a India y China y describió lo que veía, consciente de la gran muralla que suponía la lengua y una concepción de la vida, de la divinidad, de la comunidad y del mundo que poco tenían que ver con la que él llevaba como bagaje, además de su inteligencia, de su sentido personal de la ética profesional y de una complicidad y solidaridad que fueron creciendo con los años y el ingente trabajo de viajar que no abandonó más que a las puertas de la muerte.
Entre sus muchos libros citaré hoy Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar) que se ha distribuido entre miles de escuelas, talleres y estudiantes de periodismo y que tal vez, pienso en mi inmarcesible optimismo, servirá para que una nueva generación de periodistas desbanque a otra que ha aprendido a inventar, manipular o desechar la noticia calibrando únicamente el escándalo o el morbo que provoca, o la acción en favor de un determinado grupo, político o no. El escándalo como noticia podría llamarse a la vocación de ciertos medios que cuando uno de esos escándalos, inventado también y fomentado desde sus páginas, no funciona, inventan otro aunque sea creando situaciones difíciles para la ciudadanía y provocando desastres en cadena.
Algo como lo sucedido en Alcorcón esta semana donde una mera pelea entre dos parejas, cada una formada por español y extranjera, ciertos medios han convertido, con su exageración y manipulación, en un problema de racismo y de lucha de bandas, que ha provocado indignación entre las personas que viven en esta localidad. Es más, en un debate en la primera cadena de TVE sobre esos hechos, ni siquiera fue invitado un testigo ni mucho menos una persona del lugar. Sólo medios y comentaristas. Se ha dado la voz a niños de doce o trece años que por aparecer en TV como su vecino han dicho todas las brutalidades que se les han ocurrido, a las que se ha dado categoría de verdad.
¿Cómo se deshace este entuerto y cómo se evitan las consecuencias que pueda tener encender esos fuegos?
Pactos y más pactos dentro del Poder Judicial en tantos otros temas y que nadie se atreve a cuestionar aunque no se ajusten a la ley con el fin de derrocar o descolocar a un gobierno. Sirven a las mismas soflamas que PJ lanzó en su editorial del día 3 en el diario "El Mundo":
Días de mucha tensión
Por Fernando Jáuregui
Las manifestaciones siempre tensionan, y ahí tenemos la que se celebrará este lunes en Bilbao, en apoyo a un Ibarretxe que se siente y al que perciben atacado 'desde Madrid'.
O la de este próximo sábado, en Madrid, del Foro de Ermua y contra la negociación con ETA, un acto que ya tiene crispado al Gobierno (y, en otro sentido, también a la oposición, por cierto). Tensionan igualmente algunas decisiones judiciales, y en la pasada semana hemos tenido casi de todo y en todos los sentidos en este terreno: desde la decisión de la Audiencia Nacional de no modificar la situación penitenciaria de De Juana Chaos hasta el auto de Garzón recomendando no 'criminalizar' a Otegi. Es decir, es una sociedad en bastante tensión la que recibe a esta semana política, que ciertamente no va a ser fácil, como no lo fueron la anterior, ni la anterior a la anterior.
¿A quién se le ocurre, a quién, citar a Ibarretxe para que comparezca como imputado por haber hablado con Arnaldo Otegi? Esa decisión, difícilmente compartible -porque obligación del gobernante en el País Vasco es hablar con todas las fuerzas políticas y sociales-, ha provocado un choque entre representantes del poder judicial, por un lado, y el lehendakari y el Gobierno vasco en general, por otro. Un enfrentamiento que, al final, compromete al Gobierno de Zapatero, por más que el Gobierno de Zapatero está como los monos sabios: no quiere ver, ni oír, ni, menos aún, hablar. Tanto que, si se exceptúa a un par de ministros, daría la impresión de que el Ejecutivo central se compone de personajes dimisionarios o en huelga.
Está el Gobierno ZP acorralado por la decisión de los jueces sobre De Juana, que no se va a morir, claro, pero en cuyo nombre se van a incrementar, al menos, las acciones de 'kale borroka', y esperemos que todo quede ahí. Está perdiendo la batalla de la opinión pública, viendo descender el apoyo ciudadano que tenía. Y, desde luego, viendo cómo se estropea la imagen, primero excelente, luego algo desconcertante, de su líder máximo, ese José Luis Rodríguez Zapatero que espera recuperar la iniciativa a partir de este próximo domingo, cuando, un día después de la manifestación del Foro de Ermua (y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y, en el fondo, del PP), protagonizará un gran mitin en Madrid. Teóricamente, para apoyar, ya casi a la desesperada, a los candidatos socialistas a la alcaldía y a la presidencia de la Comunidad; pero, en la práctica, para apoyarse a sí mismo, resurgir de las cenizas en las que nada desde el infausto 30 de diciembre.
Vivimos días de mucha tensión, esa es la verdad.
El ayuntamiento sevillano de Marinaleda regala el terreno a quien necesita casa, concede una subvención y exige al propietario que trabaje en la obra o pague a un sustituto.
Con el brazo izquierdo completamente extendido y el dedo índice apuntado a la columna de casitas deslumbrantes por el encalado de las fachadas, el alcalde de Marinaleda parece Cristóbal Colón señalando el nuevo mundo. «Ahí están. Ésas son», dice sin mucha ceremonia Juan Manuel Sánchez Gordillo presentando su obra maestra.
Los periodistas han acudido a esta localidad sevillana de 2.650 habitantes para comprobar in situ si es cierto que sus vecinos, como si de los miembros de la aldea gala de Astérix y Obélix se trataran, poseen el secreto de la pócima mágica capaz de resolver el problema que más inquietud personal causa a los españoles: la vivienda, según el barómetro del CIS del pasado noviembre, por delante del desempleo.
Mientras la mayoría de los españoles se pregunta si los pisos no estarán hechos de lingotes de oro en lugar de ladrillos a sabiendas de que el precio medio de una casa -220.000 euros de segunda mano- equivale a nueve veces el salario anual y los políticos lidian con el problema adoptando medidas tan polémicas como la expropiación temporal de los pisos vacíos para ponerlos en alquiler -camino de aprobarse en Cataluña-, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo.
Es decir, que la factura mensual de los adosados que muestra a CRONICA el alcalde -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas, una clase de canto de una hora o un billete de autobús de Madrid a Salamanca sólo de ida. El mismo piso pero con la mitad de patio, en Villaverde, el barrio más barato de Madrid, costaría 435.000 euros y supondría una hipoteca de unos 2.100 euros al mes a pagar en 30 años.
«Artículo 47 de la Constitución». Sánchez Gordillo cree preciso recordar su contenido antes de desvelar el misterio de las casas a precio de saldo y lo recita de memoria sentado en su despacho del Ayuntamiento. Hay colgado un retrato del Che Guevara y preside la estancia la bandera republicana. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
En estas 60 palabras, a decir del primer edil de Marinaleda, se cimienta la política urbanística de la localidad. Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima. «El suelo para edificar es una necesidad, un derecho, y debe ser un bien común como el agua o el aire», explica su visión sobre la propiedad. Prácticamente la misma proclama enarbolada en Francia por los llamados Los Hijos de Don Quijote, un movimiento popular nacido para denunciar que un millón de franceses no tienen casa y que ha logrado arrancarle al Gobierno galo un rosario de promesas entre las que destaca el reconocimiento de que la vivienda es un derecho, como la educación o la sanidad, y la posibilidad de querellarse contra las autoridades que no faciliten un techo a quien lo precise.
El primer paso que dio Marinaleda camino de la utopía «casas para todos por 15 euros», por tanto, fue hacerse con un buen trozo del territorio municipal, bien comprándolo bien expropiándolo, y declararlo urbanizable y de titularidad pública. «Todo este terreno de aquí es del Ayuntamiento», dice Sánchez Gordillo señalando en una foto aérea de la localidad una superficie equivalente a 400.000 metros cuadrados -40 campos de fútbol- que daría para construir al menos 1.000 viviendas.
A todo hijo de vecino que necesite una casa el Consistorio le facilita el terreno para edificarla gratis. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda, así que regalándolo ya hemos reducido su precio más de la mitad», dice quien lleva el bastón de mando de Marinaleda desde las primeras elecciones municipales de la democracia (1979) y gobierna con la veneración popular que se le presupone a quien ha ganado siete citas consecutivas con las urnas siempre por mayoría absoluta. Militante del Colectivo Unidad de Trabajadores (CUT), corriente de IU, se autodefine como «de izquierdas, anticapitalista, utópico, ecologista y pacifista».
Fulminada la partida más cara, el terreno, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro -los financia la Junta de Andalucía a razón de unos 12.000 euros por vivienda- y se planteó y aprobó que fueran los propios propietarios quienes pusieran desde el primer ladrillo hasta la última teja. En Marinaleda, quien quiere una casa barata sabe que tiene que sudarla en el tajo, hacer que su padre o su hermano -no se admiten parentescos más lejanos- lo sustituya a pie de obra o contratar a un especialista -a 40 euros la peonada- que se remangue por él o ella. Los propietarios son autoconstructores.
350 CASAS EN 20 AÑOS
El día que CRONICA visita Marinaleda, un puñado de albañiles dibuja sobre la tierra las líneas que marcan los lugares donde emergerán los cimientos. Las excavaciones dejan ya vislumbrar el trazado que tendrá la próxima promoción de la factoría construcciones Marinaleda, un complejo de 20 viviendas que comienza a gestarse ahora. Desde que a mediados de los 80 se implantó la fórmula de una casa por 15 euros al mes -2.500 pesetas entonces- se han levantado 350 viviendas con estas peculiares condiciones.
Los obreros que levantan la estructura son profesionales de la construcción, albañiles contratados por el ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos. Éstos comenzarán a dar el callo unos días después. Ninguno de ellos sabrá cuál de los 20 adosados será el suyo hasta el final, un sistema que garantiza que todos trabajen con el mismo ahínco y la misma exigencia en todas las casas.
En esta ocasión, entre los futuros propietarios hay muchos solteros. Está Mari Carmen Gómez, por ejemplo, 29 años, nacida y criada en Marinaleda. La asistente social del ayuntamiento, mileurista, llevaba más de una década esperando turno para edificar su casa y salir de la de sus padres sin mucha suerte. A los desparejados se le exigen los mismos requisitos que al resto -llevar dos años empadronado en la localidad y no tener vivienda propia- pero siempre se habían quedado fuera porque se daba prioridad a los casados. «Hasta que cuatro o cinco dimos las quejas. "Oye, que tenemos una edad, que queremos independizarnos, que se nos pasa el arroz"...», dice ansiosa porque le den las llaves.
Lo que a Mari Carmen le parece una estancia excesivamente dilatada en el nido paterno por culpa de la vivienda es el mal endémico de la mayoría de los jóvenes españoles. España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 32 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes.
Las contradicciones no quedan ahí. ¿Cómo se entiende que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 casas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006...- cuando es imposible que la generación de supuestos compradores, bautizada como mileruista por su escaso poder adquisitivo, pueda acceder a ellas? «Es la puta especulación», responde sin mayor diplomacia Sánchez Gordillo, «la vivienda no se compra por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30». [El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio].
CONTRA LA ESPECULACION
Marinaleda, a simple vista, parece blindada al lucro a costa del urbanismo. No sólo se despacha a las constructoras que llaman al ayuntamiento pidiendo suelo para edificar ante la enorme demanda de los ciudadanos británicos que buscan la cercanía de la costa malagueña, a sólo 100 kilómetros. «Aquí no hay suelo, suelo cero», se les responde sin más detalle.
Aunque el terreno es gratis, y los materiales, y la mano de obra y hasta proyecto, realizado por el arquitecto municipal, a la vivienda se le fija un precio final de 36.000 euros. Es la cantidad que, en teoría, debe pagar el propietario por el adosado.
A esta cifra total se le descuentan las jornadas que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Los Carmona, por ejemplo, que posan sonrientes frente a su casa haciendo tintinear las llaves que recibieron hace ahora dos años, dieron 400 peonadas. A 40 euros el día de trabajo, se libraron de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros.
Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, los Carmona no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y el adosado.
Con un salario de 1.500 euros, los Carmona, José Antonio, albañil de 34 años, y María Dolores, ama de casa de 31, padres de una niña de seis años y a punto de dar a luz al segundo, viven con un desahogo difícilmente imaginable en otro lugar. Que se lo digan a Juanjo y a Mercedes, una pareja madrileña de 38 y 35 años. Informático él, administrativa ella, los 3.000 euros que ganan entre los dos daban para pagar los 500 euros de hipoteca por un piso de 60 metros comprado en 2001 y mantenerse ellos y el niño. Pero ahora que acaban de tener gemelas y ella se ve abocada a dejar de trabajar no les queda otra que hacer las maletas en busca de alguna Marinaleda.
A Ana, 31 años, empleada por el ayuntamiento como auxiliar de ayuda a domicilio, madre soltera, 500 euros de sueldo, las cuentas ni siquiera le salen en el pueblo donde la vivienda es una ganga. No puede trabajarse su casa, ni tiene quien lo haga por ella, ni dinero para pagar a un sustituto. El alcalde la ha tranquilizado: «No te preocupes, ya veremos cómo arreglamos lo tuyo».
De su chistera siempre sale una solución adaptada a las circunstancias de cada uno. De otro modo, Jesús Díaz, 48 años, casado y padre de dos hijos, no tendría casa. Cojo de la pierna izquierda por una poliomielitis sufrida en la infancia y con 298 euros de pensión, tampoco podía trabajar ni le daba para pagar. Así que resolvió que diera sus peonadas vigilando la obra por las noches. Hoy, es el orgulloso propietario del número 52 de la barriada Pepe el Gallo. «Yo creo que aquí no valoramos lo que tenemos, cuando nos falte...», dice mostrando su casa. Sánchez Gordillo hace de guía camino de las viviendas de los autoconstructores.
- Tuerce ahí, vamos a tirar por la plaza del Che Guevara.
- ¿A la izquierda?
- Sí, claro, a la izquierda. Si estuviera a la derecha no le hubiéramos puesto ese nombre, -bromea.
Todas las calles de Marinaleda cambiaron de denominación en 1979. La calle de General Mola pasó a llamarse Boabdil; la General Sanjurjo, Federico García Lorca; la plaza de Franco, Salvador Allende... Un militante de Fuerza Nueva, ofendido, se presentó en el pueblo y pegó unos tiros. Las fachadas del pueblo están jalonadas de pintadas y carteles con proclamas como «Marinaleda en lucha por la paz», «Apaga la TV, enciende tu mente» o un «Te quiero libre» dentro del símbolo que representa a la mujer.
Para comprender el milagro de las casas a 15 euros es preciso saber de las peculiaridades de la política municipal, cuya piedra angular son las asambleas. Todos los asuntos -presupuestos, vivienda, empleo- son sometidos al veredicto del pueblo que vota a mano alzada en las 100 asambleas generales que se celebran cada año. Gran parte de la economía local gira en torno a la cooperativa popular, instalada en una finca de la localidad, donde se cultivan y envasan alcachofas, pimientos y otras verduras. La finca, en realidad, es propiedad del duque del infantado pero los de Marinaleda se hicieron con su explotación tras años de huelgas y ocupaciones.
Con todo, la renta per cápita de la localidad no llega a los 7.200 euros por persona al año y 800 de sus 2.650 habitantes cobran el PER, el subsidio para los trabajadores eventuales del campo. Es precisamente en la dependencia de los fondos públicos donde los expertos ven el punto flaco de Marinaleda y la imposibilidad de exportar su modelo urbanístico al resto de España. «La experiencia de estos sitios hay que mirarlas con mucha cautela. Normalmente son sociedades que sobreviven de modo artificial gracias a las subvenciones. Su bienestar es ficticio», explica Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. «En realidad es el propietario original del suelo, a quien le fue expropiado por un valor inferior al de mercado, el que está subvencionando la adquisición de vivienda del resto».
«El modelo no se exporta porque no hay voluntad política, no interesa», responde el alcalde.
Espero que esta entrevista no signifique que en Murcia nos podemos ir despidiendo de la justicia. Entre otras cosas porque la sensación de impotencia de la sociedad ante una corrupción que salta a la vista puede terminar con más de un ayuntamiento en llamas. ¿No quemamos en su día la Asamblea?
Ok lo vamos captando....aqui no pasa nada...ni santa lucia ni santa lucio.....
Ya lo deía. Hay pacto.
!Cuán desesperados y ávidos de poder están en el PP!!!...Han adelantado las elecciones generales más de un año y reconvertido las próximas elecciones municipales y autonómicas en un único programa a nivel nacional, centrado en el objetivo de utilizar la política antiterrorista con fines partidistas y así acabar lo antes posible con ZP, forzando su dimisión.
El PP no quiere que se hable de aquellas cosas que afectan a los ciudadanos (precios escandalosos de la vivienda, mafias, caciquismo, fracaso escolar, bajos presupuestos sociales para educación y sanidad, baja productividad, alta inflación, etc.).
¿Qué debemos hacer los ciudadan@s?. Denunciar, denunciar y denunciar. No dejarnos embaucar por burdas manipulaciones.
Elena
El diario le recuerda el apoyo de Rajoy a Camps
Zaplana llama la atención a Zarzalejos por el tratamiento que recibe en ABC
ELPLURAL.COM
ABC reprodujo una carta remitida por Eduardo Zaplana en la que llama la atención al director del diario, José Antonio Zarzalejos, “por el cúmulo de informaciones y titulares que viene publicando en torno a mi persona”, noticias relacionadas con la crisis del PP valenciano y que tacha de “lesivas” para él. El portavoz popular pide que consulten a “fuentes más solventes y cercanas”. Desde la dirección del periódico le responden que seguirán “informando sobre la renovación de los órganos de la CAM” y le recuerdan que Mariano Rajoy apoya en este conflicto al actual presidente valenciano, Francisco Camps.
“Señor director: Quisiera llamar su atención sobre el cúmulo de informaciones y titulares que viene publicando en torno a mi persona”. Eduardo Zaplana se dirige en estos términos al director del diario ABC, José Antonio Zarzalejos, para mostrarse “sorprendido” por las informaciones relativas a la crisis del PP valenciano que enfrenta a campsistas y zaplanistas y cuyo último capítulo es la disputa por controlar la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). El diario al que Zaplana dirige sus reproches se ha alineado explícitamente del lado del actual presidente valenciano, Francisco Camps.
Hechos “ajenos y desconocidos”
Zaplana declara en la carta reproducida por el periódico católico que los hechos en torno al control de la CAM le resultan “completamente ajenos y desconocidos hasta leerlos en los sucesivos números del medio que usted dirige”. Califica “estas noticias y otras” publicadas por el diario como “lesivas” para él, por lo que le invita a reproducir su protesta. El portavoz popular también insta a Zarzalejos a que consulte “fuentes más solventes y cercanas” a los asuntos relacionados con él y considera “notorio” que el director le tenga como “objeto de su interés más personal”.
La respuesta de Zarzalejos
ABC atiende la propuesta de Zaplana de reproducir en sus páginas la carta, pero le adjunta una “nota de la dirección” donde le indican al portavoz que no ha rectificado ni corregido ninguna de sus informaciones.
Además, le avisan de que seguirán “informando sobre la renovación de los órganos de dirección de la CAM, en la que determinados dirigentes del PP –especialmente en Alicante- han pactado con el Partido Socialista una lista contraria a la del presidente de la Generalitat Valenciana y del presidente de la región de Murcia, que es la que ha recibido el apoyo del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy".
Insta a Rajoy a “decidirse”
Junto a este cruce de reproches, ABC publicó otra información con el título La intervención de Rajoy acerca el fin de la crisis en la CAM, en la que señalan que el posicionamiento del líder popular del lado de los campsistas “hizo mella” en el sector zaplanista.
Sin embargo, tampoco parece confiar mucho el propio Zarzalejos en la capacidad de Rajoy para frenar la crisis. En una tertulia de RNE el jueves por la noche, el director de ABC recordó que Rajoy había apoyado públicamente y con nitidez la lista de Camps, pero que debería “decidirse” de una vez para atajar la cuestión, insinuando quizá medidas internas más drásticas.
El diario El País tiene en su poder una serie de informes sobre escándalos inmobiliarios en ayuntamientos de Madrid que publicará antes de las elecciones. La ofensiva iniciada desde hace unos meses por el diario El País, que se ha especializado en hablar de escándalos inmobiliarios.
El País ha recopilado una completa serie de reportajes e informes sobre irregularidades urbanísticas y económicas en los más importantes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Entre las corporaciones municipales que se citan en ese trabajo figuran al parecer municipios tan destacados como Majadahonda, Aravaca, Pozuelo… y, en general, aquellos en lo que tiene clara mayoría el Partido Popular.
Estos trabajos han sido elaborados con tiempo, recurriendo también a expertos e informadores especializados en asuntos inmobiliarios, que han ido aportando el material para esos dossiers, prácticamente listos para su publicación.
La intención de El País es aguardar todavía un poco más, hasta que se aproxime la campaña de las elecciones municipales, con el fin de publicar entonces esos reportajes y producir un impacto mucho mayor, con previsible repercusiones en el voto de cara a los comicios de mayo.
Eso es lo que hace falta que se tire de la manta.
Las grandes inmobiliarias elevaron un 24% su facturación en 2006, hasta los 15.500 millones
Las treinta primeras sociedades inmobiliarias cerraron 2006 con una facturación conjunta de 15.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 24% respecto al ejercicio precedente, según las estimaciones de la firma de análisis sectorial estratégico DBK difundidas hoy.
La firma apunta que estos datos ratifican la tendencia marcadamente alcista de los negocios inmobiliarios en los últimos ejercicios, gracias al comportamiento experimentado por la mayor parte de sus líneas de negocio, especialmente la de la promoción de viviendas.
Para los próximos ejercicios, DBK prevé una "gradual" moderación de la demanda residencial que, en su opinión, derivará en una mayor "intensidad competitiva" entre las empresas del sector e incluso en una intensificación de los procesos de concentración.
En su opinión, se sucederán nuevas operaciones de fusión y adquisición de empresas, y éstas orientarán más sus negocios hacia la actividad patrimonial y al exterior, principalmente hacia los países del Este de Europa, Latinoamérica y Norte de Africa.
Según los datos de esta firma, 2006 se cerró con un total de 131.000 empresas dedicadas al desarrollo de actividades inmobiliarias, más del doble respecto a 1999, que cerró con 52.000 empresas.
No obstante, esta cifra ratifica la atomización del sector, dado que la mayor parte de ellas son de muy pequeño tamaño y sólo 84 cuenta con un plantilla de más de un centenar de trabajadores.
El juez de Marbella teme que Roca se fugue si sale en libertad condicionalMiguel Ángel Torres rechaza la petición de los abogados del detenido que quieren que no se prorrogue la prisión incondicional
El juez instructor de la 'Operación Malaya' contra la corrupción en el ayuntamiento de Marbella, Miguel Ángel Torres, mantiene que si el ex asesor de Urbanismo del consistorio marbellí Juan Antonio Roca es puesto en libertad "tarde o temprano se dará a la fuga". Este es uno de los argumentos por los que el magistrado ha desestimado el recurso de reforma sobre la situación de prisión provisional de Roca, en un auto en el que el juez afirma que el imputado "cuenta con recursos sobrados en el exterior que facilitan la huida y la posibilidad de establecerse en otro país".
Según Torres, a pesar de que "ha transcurrido un cierto tiempo desde que se adoptó la medida privativa de libertad" sobre el ex asesor urbanístico -encarcelado el 31 de marzo de 2006-, "desde ese momento han aumentado en número los delitos que se imputan al señor Roca y también han aumentado casi de forma geométrica los indicios de actuación delictiva que existen en su contra".
En este sentido señala que este presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística está también imputado en varios procedimientos penales en la Audiencia Nacional por malversación y falsedad, así como en distintos Juzgados de Marbella, "causas pendientes que no son sino un estímulo más para la fuga".
"Puede decirse en este caso", concluye el juez, "no que exista una mera posibilidad de huida, sino la convicción de que de quedar en libertad tarde o temprano el señor Roca se dará a la fuga".
En el auto el magistrado recuerda que la presunta actuación delictiva de Roca "al frente del Ayuntamiento" comprendía los supuestos delitos de cohechos y malversaciones de efectos públicos y el posterior blanqueo "de los fondos ilícitos mediante sociedades".
Hechos por lo que podrían llegar a imponérsele penas de hasta nueve años de prisión por un delito continuado de cohecho, doce años por las malversaciones continuadas y nueve años más por blanqueo continuado, "sin olvidar las penas del tráfico de influencias, la falsedad o, incluso, la tenencia ilícita de armas".
Torres destaca la relevancia en la investigación de los informes policiales, las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida, "mucho más importante que las supuestas confesiones" de los imputados en la operación.
Sobre dichas "confesiones" indica que, "lejos de ser espontáneas o forzadas, son consecuencia de la contundencia de los indicios en contra de esos imputados, de forma que buscando su propio interés legítimo no se ven obligados a guardar silencio para proteger a Roca como si existiera un pacto de silencio, sino que buscan el mal menor para cada uno de ellos en el procedimiento".
Además de los presuntos delitos de cohecho y malversación, el juez destaca "el gigantesco blanqueo" que supuestamente practicó Roca y añade que a pesar de su intento de atribuir su patrimonio al resultado de negocios lícitos, "ésta pretensión es insostenible". "Resulta difícil de creer que alguien que en 1991 está en paro y en precaria situación económica tenga quince años después un patrimonio oculto de cientos de millones de euros y, no obstante, aparezca como insolvente", se señala.
LA QUE SE JUEGA EN LA ZERRICHERA
Manuel Buitrago
De la veintena de denuncias que investiga el fiscal jefe del TSJ sobre presunta corrupción urbanística, el caso de La Zerrichera de Águilas es el que reúne hasta ahora ingredientes de mayor peso político, económico y medioambiental. No sólo por tratarse del primer asunto de relevancia abierto por el Ministerio Fiscal (La Zerrichera desencadenó todo un movimiento contra el modelo urbanístico imperante al amparo de la Ley del Suelo); sino también porque arroja muchos y preocupantes interrogantes sobre la actuación de diversas instancias de la Administración y del Gobierno regional, que desembocaron en la aprobación de este complejo urbanístico en Águilas. Sólo había un obstáculo, que era la calidad de los terrenos, de especial protección medioambiental. Las decisiones que se tomaron en diversos ámbitos para recalificarlos y hacerlos útiles para el ladrillo es lo que se trata de aclarar.
Llegados a este punto, conviene puntualizar que el proyecto del Grupo Hispania se encuentra paralizado por el Gobierno regional desde abril del año pasado, tras la marcha de anterior consejero de Medio Ambiente; lo que no impide la actuación del fiscal jefe Manuel López Bernal. Y también llegados a este punto -y con la investigación abierta por la Comisión Europea- es más que probable que esa urbanización ya no vuelva a ver la luz. Las posibilidades de que se reactive el proyecto son prácticamente nulas, sobre todo porque a partir de ahora no habrá casi nadie en la Administración que ponga su firma. El efecto también está siendo tremendo para otros negocios urbanísticos, que son mirados bajo cien lupas o sencillamente retrasados. Asimismo, queda un recurso importante en manos del consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, como es el Plan de Gestión del LIC y ZEPA de la Sierra de la Almenara -donde está enclavada La Zerrichera-; que todavía no ha sido aprobado pese a los meses transcurridos, aunque está prácticamente terminado.
Lo que más importa saber es qué dice finalmente dicho Plan sobre la polémica finca; y en particular de las alegaciones que presentó la promotora Grupo Hispania para que se le permita urbanizar. El borrador del documento de gestión, desde luego, no ofrecía ninguna duda sobre la imposibilidad de construir en la zona. No hay que olvidar además la investigación abierta por la Comisión Europea, cuyos funcionarios, decididamente verdes y ecologistas, son extremadamente celosos con las quejas medio ambientales. Basta con recordar la experiencia del Trasvase del Ebro, donde se aplicó a rajatabla la doctrina de prevención medioambiental, que en la práctica hacía inviable proyectos de este tipo sin esperar siquiera a conocer las consecuencias (positivas o negativas) que pudiera tener.
Existe otro plano no menos importante, que es el político. Aquí se la juegan tanto el Gobierno regional del PP como el PSOE murciano. Si el fiscal jefe archiva el caso antes del día 23 de febrero -la fecha tope- porque no encuentra base suficiente para denunciar, los socialistas de Pedro Saura sufrirían un serio revés ante la opinión pública, ya que con este caso tan emblemático se derrumbaría gran parte de su teoría general de la corrupción urbanística. Recuérdese asimismo que la Fiscalía ha archivado ya los casos del parking de San Esteban y de la Casa del Piñón de La Unión porque no encontró materia.
La otra opción es que la Fiscalía -que es un organismo muy jerarquizado desde Madrid- no archive y se querelle por presunta prevaricación y/o delito ambiental. Puede ser lo más probable. A partir de ahí, el caso llegaría al juzgado, y luego a esperar a ver qué pasa; sin desterrar la posibilidad de que todo se quede al final en un reproche, fuera del ámbito penal, motivado por presuntas irregularidades administrativas, sobre las cuales ya pocos dudan. No se sabe quién se juega más o menos; pero en el PP y PSOE muchos contienen el aliento. ¿Archivo o no archivo? ¿O acaso La Zerrichera ya está descontada electoralmente?
De La Verdad
SAN JAVIER / La edil Arancha Espeso estudia acciones legales contra el alcalde
A. S./SAN JAVIER
La portavoz del Grupo Independiente, Arancha Espeso, estudia llevar a cabo acciones legales contra el alcalde, José Hernández, tras los insultos que éste le dirigió en el Pleno del pasado viernes. En concreto, Hernández le dijo frases como «con la basura que le has llevado al fiscal no te vas a ir de rositas», o «usted es mala, además no es de aquí y quién sabe si la persiguen allí de donde viene». Espeso recuerda que el alcalde le sacó a relucir detalles de su vida privada y de su puesto de trabajo. «Temo por mi seguridad y, si he encargado a mi abogado que estudie las acciones legales convenientes, es porque me gustaría poner freno a esta escalada de insultos y de amenazas», indica la portavoz.
Espeso apunta a que «las palabras del alcalde pueden crispar la actitud de algunos de sus seguidores más extremistas, de modo que quiero poner fin a esto». El enfrentamiento se produjo en el Pleno por el debate del PGOU, sobre el que Espeso señala que «pese a la necesidad que teníamos de un documento que ordenara urbanísticamente San Javier, la tramitación ha estado absolutamente paralizada durante más de cuatro años».
Sobre la rebaja de la densidad propuesta en el plan, afirma que «el alcalde ha promovido lo contrario: urbanización masiva y abusiva en La Manga, grandes recalificaciones de suelo agrícola a residencial que han permitido pelotazos urbanísticos a sus socios».
El fiscal jefe no encuentra ninguna trama negra del agua en el Segura y pide al juez que archive la causa
Tras cuatro años de investigación, la Fiscalía dice que los anteriores responsables de la Confederación, en la etapa del PP, no cometieron prevaricación Propone que los robos individuales de agua se tramiten en cada juzgado
M. BUITRAGO/MURCIA
No hubo trama negra del agua; ni voluntad maliciosa; ni existió una organización dirigida a favorecer a seis grupos económicos con el robo de caudales; ni tampoco prevaricación de funcionarios y ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura. Así concluye el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, su investigación de los tres últimos años y solicita ahora al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia el sobreseimiento y archivo de la causa, según ha podido saber La Verdad. Propone sin embargo que se investigue cada robo de agua por separado en su correspondiente juzgado; pero la causa general contra la Confederación decae.
La denuncia, que empezó investigando hace más de cuatro años el fiscal de Medio Ambiente del TSJ de Madrid, Emilio Valerio, se dirigió contra los anteriores responsables de la Confederación, baja la etapa del Partido Popular. En especial frente a Juan Cánovas Cuenca y el comisario de Aguas, José Alemán. Nunca se les llegó a acusar formalmente, pero en las diligencias de Fiscalía se les imputaba la eventual existencia de delitos de prevaricación, de usurpación de caudales públicos y contra el medio ambiente. Las primeras diligencias de Emilio Valerio, que dieron la vuelta al país, señalaban además que seis grupos económicos murcianos ligados a la agricultura y a la construcción podían haber estado robando agua y roturando terrenos de forma impune y con la complicidad de los responsables de la Confederación.
Dado que la Fiscalía madrileña no encontró materia penal para implicar a ningún alto cargo del MInisterio de Medio Ambiente, las diligencias llegaron a Murcia hace algo menos de tres años para que se siguiera investigando sólo en el ámbito del Segura.
Ahora, en su escrito dirigido al titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, con fecha del pasado día 9, el fiscal jefe considera que «no existe una organización dirigida a favorecer a los infractores» [los seis supuestos grupos económicos y empresariales que se denunciaron]. Tampoco observa que se hayan producido «resoluciones activas manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico» por parte de los anteriores responsables de la Confederación. Tampoco aprecia prevaricación de funcionarios y altos cargos «en su modalidad omisiva». En la misma línea, la Fiscalía del TSJ estima que la actuación de estos funcionarios «tampoco fue dolosa».
Estas conclusiones las obtiene el fiscal «después del examen de un millar de expedientes sancionadores, aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura». Estos expedientes relativos a perforaciones de pozos ilegales, derivaciones y usurpaciones de aguas y ampliaciones ilegales de regadíos, se tramitaron entre los años 1997 y 2004. No se auditó pues la gestión hidráulica durante el anterior mandato socialista, pese a que la investigación inicial de la Fiscalía madrileña se remontaba hasta el año 1985.
Una vez examinados estos expedientes, el fiscal jefe murciano considera que «no se descubre un trato discriminatorio entre los afectados por dichos expedientes que permitan sostener la existencia de una voluntad dirigida consciente y maliciosamente a imponerse frente al ordenamiento jurídico».
Con relación a las usurpaciones de agua que se han cometido entre 1997 y 2004 , la Fiscalía entiende que «no están conexas al delito de prevaricación», por lo que solicita que se deriven las causas a los juzgados territoriales.
El fiscal jefe había solicitado al juez de Instrucción, en junio del 2004, que se citara como imputados a once empresarios murcianos; así como a los ex dirigentes de la Confederación.
De La Verdad
La Zerrichera cierra la puerta a la urbanización y se quedará para las aves y los usos agrícolas tradicionales
El Plan de Gestión del LIC y ZEPA de la zona mantiene la protección de los terrenos El PSOE espera que la Asamblea permita hoy la comparecencia del consejero Mercader
M. BUITRAGO/MURCIA
Se quedará como estaba inicialmente. La finca de La Zerrichera de Águilas mantendrá su vocación para usos agrícolas tradicionales, compatibles con el campo de manejo y nidificación de las aves. Queda descartada la posibilidad de construir cualquier urbanización, como la proyectada por el Grupo Hispania. Así figura en el Plan de Gestión del LIC y ZEPA de la Sierra de La Almenara, según pudo saber ayer La Verdad a través de varias fuentes bien informadas. Este documento, que debe marcar todos los usos y aprovechamientos de la zona protegida, está prácticamente terminado por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, y sólo está pendiente de algunos informes.
Básicamente, no existe en este punto ningún cambio respecto del borrador inicial que se sometió a información pública hace trece meses. Esto quiere decir que, cuando se apruebe definitivamente, habrá que revisar probablemente el expediente que propició la recalificación de los terrenos durante la etapa del ex consejero Francisco Marqués, y que está siendo investigado ahora por el fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal.
El actual consejero de Medio Ambiente e Industria, Benito Mercader, ha dejado hacer a los técnicos de la Dirección General de Medio Natural desde que tomó posesión en abril del año pasado. Anunció entonces que se paralizada la urbanización, a expensas de lo que dictaminara el Plan de Gestión.
Según publicó en su día este diario, el Grupo Hispania presentó alegaciones al Plan de Gestión para defender su proyecto de urbanización y solicitar que se respetaran las decisiones tomadas por el equipo de Francisco Marqués; así como por el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, quien firmó la orden favorable al proyecto. Estas alegaciones han sido estudiadas por los técnicos y su resultado aún no ha trascendido públicamente.
Críticas del PSOE
Por otra parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, espera que la Diputación Permanente de la Asamblea Regional acuerde hoy la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, para explicar su posición en el caso La Zerrichera. Reiteró asimismo la petición de cese del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana. La portavoz socialista aseguró que si el titular de Obras Públicas «no hubiese aprobado definitivamente La Zerrichera, ni lo hecho por el Ayuntamiento de Águilas ni lo realizado desde la Consejería de Medio Ambiente hubiese servido para posibilitar que se edifiquen más de 4.000 viviendas en un espacio protegido», informa Efe.
Consideró «indecente la normalidad con que Joaquín Bascuñana hace alarde de su amistad con Trinitario Casanova, y no le produzca ni el más mínimo sonrojo haberle reclasificado La Zerrichera, lo que le ha posibilitado un beneficio económico de 75 millones de euros (más de 12.000 millones de las antiguas pesetas).»
Respecto al Plan de gestión, considera que «el consejero Benito Mercader ha agotado todos los plazos que tenía para aprobar dicho documento. Si lo aprueba tal y como está, en La Zerrichera no se podrá construir». Para Teresa Rosique, si en este momento cambiará las determinaciones de dicho Plan de Gestión «el desgaste del presidente Valcárcel serían aún mayor; y por eso pretenden dejarlo aparcado hasta después de las elecciones».
De La Verdad
Estimados amigos de Mazarrón Press
Desde irtv, Información Reservada TV, les recomenamos el visionado del programa que estamos emitiendo sobre los orígenes de Roca y Olivo, con una referencia inicial al caso de Roquetas de Mar. Este programa rescata documentos filmados en 2004 y material nuevo sobre la corrupción en Marbella y el resto de España.
El link para verlo directamente desde nuestra página, el link es el siguiente: http://www.irtv.es/roquetas.html
La segunda parte del programa se añadirá a lo largo del día de hoy.
Esperando que el programa sea de su agrado, se despide atentamente
El equipo de www.irtv.es
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