Caza mayor

Francisco Poveda. El Minarete.

Los ciudadanos que esperan, hasta desesperar, sobre la decisiva actuación de la Justicia, en lo que se presume sobre numerosos casos de corrupción política en la Región de Murcia, tienen motivos para la esperanza democrática tras ver que este tema no se acaba en Marbella y que la intención de la Fiscalía General del Estado es limpiar de delincuentes ocasionales de “cuello blanco” los aledaños de cualquier poder abusón, ocasional, caciquil o mafioso. Eso ha sido lo sucedido en Baleares y la escalada policial, sin precedentes históricos, que se espera en las próximas semanas en Murcia y Valencia.

El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, ha dado pública y reiteradamente “luz verde” a esa limpieza en sus filas, y se ha distanciado políticamente de los “barones” de su partido, eventualmente susceptibles de quedar salpicados de cerca por la corrupción política de origen urbanístico. Que se cumpla la ley en todos los casos es lo que ha pedido, aún a sabiendas de que algunos de sus proclamados candidatos pueden ser todavía encartados. (En menudo lío va a meter Valcárcel a Camps recomendándole a Patricio Valverde para que las Cortes Valencianas lo propongan como consejero de la CAM, después de, al parecer, comentar en privado que lo sacó de su gobierno por codicioso con el dinero).

Ese parece ser el caso de Ramón Luis Valcárcel, su amigo Jaime Matas y, por otras muchas cosas (¿facturas falsas en “Terra Mítica”?), del ex presidente de la Generalidad Valenciana, el cartagenero Eduardo Zaplana, fundamentalmente. Existe la convicción de que ha existido permisividad, facilidades, tratos de favor, aplicación laxa y nada escrupulosa de la legislación y, en ocasiones, puede que hasta dádivas o dinero negro de por medio. En Génova 13 dicen no saber nada de unas supuestas utilidades, que no han entrado en su caja. Algunos ilustres recaudadores del PP parecen ser, sencillamente, unos ladrones que roban a su propio partido.

En el caso de nuestro presidente regional se sabe, donde se debe saber, que la investigación se centra más en presunto tráfico de influencias al aparecer destacado su hermano Carlos en medio de algunos grandes, significativos y polémicos “pelotazos” urbanísticos, y su cuñado, José Miguel Monje, en una muy forzada operación política desde San Esteban para hacerse, finalmente, con la presidencia de la Federación Murciana de Fútbol y asignarse luego una muy sustanciosa remuneración más dietas. Por cierto, ¿ha firmado este aguileño algo que no debía por presión de su entorno?

Por ahí van los tiros al margen de averiguar todos los pasos del muy sospechoso concejal Sánchez Carrillo, socio histórico del letrado Valcárcel en legítimos negocios de construcción. “Caza mayor que requiere de armas idóneas y de precisión en el tiro”, se comenta en Fiscalía. De lo que ya no se alberga ninguna duda es de que en este caso la estrategia pasa por quitar primero la cabeza del grano y no comenzar rebajando el “hinchazón” a base de hacer protagonistas a unos alcaldes, que actuaban así animados desde Murcia por personas de una demostrada suprema confianza del jefe.

En ese supuesto escenario ha trascendido la extraña visita, hace unos días, del delegado del Gobierno, Ángel González, al ahora muy observado director general de “Caja Murcia”, Carlos Egea, en su propio despacho y otra, en igual sentido, al todavía vicepresidente (recién ejecutado políticamente por Valcárcel, al no prestarse desde la entidad al juego de sus intereses y los de su clan y, a la vez, peder fuerza el “padrino” que tenía en las alturas, Carlos Aragonés) de la CAM, Javier Guillamón, según diversas fuentes en relación a una investigación en marcha sobre presunto blanqueo de capitales.

Como un delito lleva a otros, todo induce a pensar que estamos en la última fase de largas investigaciones conexas a punto de ser cerradas y comunicadas al juez competente. No es nada normal que autoridad gubernativa semejante se traslade en su vehículo oficial a una entidad de ahorro (en la ilustración, la oficina conjunta de representación de la CAM y "Caja Murcia" en Londres) aunque fuese a solicitar un crédito para cualquier inversión estatal urgente en la Región fuera del presupuesto. Lo habitual es que ambos ejecutivos financieros hubiesen sido llamados a su presencia sin más.

Pero, tal vez, lo grave del caso por los presuntos implicados requería urgencia y propósito de trascendencia. Si bien Ángel González, como buen catedrático de Psicología de la Universidad de Murcia, no ha hecho para nada alharaca de esa intencionalidad, no es menos cierto que no se ha sentido contrariado al saberlo en conocimiento de determinados periodistas independientes. Se tiene la certeza de blanqueo a través de teóricos créditos concedidos a determinadas personas en el centro de las investigaciones.

Porque el delito fiscal, con blanqueo o evasión de capital a paraísos “ad hoc”, es el último casi necesario de toda una serie anterior, es también por lo que la Fiscalía ha centrado ahí las investigaciones de los especialistas en Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil. Se pretende en destino bloquear plazos fijos y cuentas remuneradas fiscalmente muy opacas, descubrir y desmantelar estructuras fiduciarias utilizadas para canalizar fondos de origen sospechoso y desentrañar la operativa de determinadas empresas detectadas dentro de un complejo circuito de tramas para ocultar dinero.

Las pesquisas han llevado ya hasta conocidos despachos profesionales que encauzan inversiones de dinero negro hacia el ladrillo en nuestro litoral, domicilios particulares, entidades de crédito, ciertas notarías y redes empresariales muy sospechosas de intentar defraudar a Hacienda. Las averiguaciones cuestan porque se han desactivado los controles legales-administrativos, porque se presiona a los funcionarios para que avalen con su firma actuaciones dudosas y porque se compra con publicidad cuotas de libertad de algunos medios de comunicación. Se ha verificado la corrupción organizada de varias instituciones al poner sus recursos públicos al servicio de los intereses especulativos, hasta conculcar la propia Constitución.

Entre nosotros, la Construcción es un negocio sin merma de comisión por blanqueo, rápido y de beneficios descomunales. Se ha averiguado que determinadas sociedades murcianas de cierto perfil público, y manejadas con testaferros interpuestos, pertenecen en realidad y son propiedad última de varios capos murcianos muy relevantes socialmente. Nos vamos a llevar muchas sorpresas con un financiero que, en la sombra, mueve a nuevos magnates, ahora terratenientes que se han apoderado de la política regional y municipal sin pasar personalmente por las urnas. No es casualidad la proliferación de tantas promotoras inmobiliarias en nuestra región.

Como las mafias infectan la Administración, un alto cargo de Hacienda en la Región de Murcia pudiera estar siendo investigado internamente, también por su supuesta pasividad ante cierta trama de corrupción y blanqueo de dinero en una importante comarca. Resulta más que paradójico cuando la Fiscalía se está sirviendo en sus actuaciones del apoyo de inspectores de la AEAT aparte de con interventores del Estado, expertos contables oficiales, técnicos de Urbanismo, Fomento y Vivienda, grupos de Inteligencia del Ministerio del Interior, unidades especializadas de Policía Judicial y de la cooperación internacional para tratar de arruinar a todos esos capos locales.

Especialistas de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han estimado en 10.000 millones de euros en dinero negro el botín de la corrupción urbanística en la Región de Murcia. Su actuación primordial es, ahora, aviso a navegantes sin armador, el análisis e investigación de patrimonios personales cuando un nuevo ciclo de crimen organizado ha terminado por asomar en la política murciana por ausencia de un verdadero control social de las instituciones. Un comandante se va encargar de vincular las nuevas posesiones al fruto de una supuesta actividad delictiva.

Las denuncias sobre casos de corrupción urbanística, centradas sobre Madrid, Málaga y Murcia (¿qué pasa con Alicante, Valencia, Almería, Cádiz, Huelva, Granada, Tenerife, Las Palmas, Castellón o Baleares?), han demostrado la proliferación de mafias del ladrillo en unas sociedades teóricamente débiles, ricas y de garantías legales, para corromper al poder público. Tenemos imagen percibida de región muy corrupta por encerrar ahora la costa más amenazada de Europa, con el fraude inmobiliario que eso supone al pretender, pese a nuestro déficit hídrico estructural, construir 500.000 nuevas casas en Murcia y Almería. Todo más que sospechoso.

La necesidad de blanquear dinero del narcotráfico, prostitución, juego (atención a esta actividad legal en sede murciana) y venta de armas explica la sin razón de construir incluso por encima de la previsión de la demanda. Los promotores implicados no preguntan nunca por el origen del dinero y son bastantes en esta región quienes se financian de espaldas a la legalidad. Esa es una, entre otras razones, para que el Estado intente sin más dilación poner coto legal al frenesí del cemento y que la expectativa de cárcel frene en seco más desmanes. Hasta ahora el “pelotazo” tendía a quedar impune por el compadreo entre promotores y políticos, y el urbanismo a la carta degeneraba porque los convenios han terminado siendo un nido de corrupción administrativa.

Este modelo deliberado de corrupción de “cuello blanco”, casi desapercibida hasta ahora en el negocio urbanístico, toca claramente a su fin entre nosotros en lo que respecta a prevaricación y tráfico de influencias, y depredador del territorio. No parece ya muy fácil sacar adelante actuaciones faraónicas como las que se pretenden en Cabo Cope o sur del Mar Menor. Los terrenos comprados baratos se los tragarán ahora los especuladores al desaparecer la expectativa sobre ellos y volver a su precio real de mercado rústico. Ya se van a perseguir las alteraciones del planeamiento con demoliciones rápidas.

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