lunes, 23 de octubre de 2006

Mazarrón, codiciado objeto de deseo


El municipio costero de Mazarrón se ha convertido, junto a los otros también litorales de Águilas, Lorca, Cartagena, La Unión, San Javier, Los Alcázares y San Pedro, en codiciado objeto de deseo de grandes corporaciones inmobiliarias cercanas al poder político-económico residente en el Palacio de San Esteban o Génova 13, del tipo “Polaris” (10.000 viviendas aprobadas y previstas en “El Mayorazgo”, con financiación de la Caja de Ahorros de Murcia) o “Hansa” (otras 5.000 con licencia, entre El Alamillo y la rambla de Valdelentisco, financiadas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Se trata de terminar de construir en los 41 millones de m2 de suelo ya recalificado que todavía queda, mediante convenios urbanísticos específicos, por el Ayuntamiento hoy gobernado por el PP en coalición con el PIxM del tránsfuga Domingo Valera, un pintoresco grupo político financiado curiosamente desde Murcia para controlar desde allí el total de este estratégico término municipal, con dos grandes núcleos de población y trece pedanías rurales dispersas para más de 25.000 personas, entre las que se engloban unos 18.000 electores, bastantes de ellos ahora residentes censados pero foráneos de hecho.

Lo sucedido en Mazarrón en 2003 y 1999 con el concurso electoral del PIxM (financiado en origen por grandes terratenientes agrícolas del municipio hoy convertidos en dueños de mucho suelo recalificado y/o promotores inmobiliarios) es algo muy similar al proceso experimentado con el MIRA (Movimiento Independiente para la Renovación de Águilas) en esas anteriores elecciones municipales en el pueblo costero colindante para despistar al electorado con una segunda marca, dividir el voto que no va al PP y procurar el gobierno en coalición con quien más dinero ha podido dedicar para financiar la campaña.

Es el “modus operandi”, a gran escala, a repetir en 2007, también en todos aquellos otros municipios de la Región de Murcia donde el ladrillo ha puesto su ojo especulador sobre un medio físico virgen: Caravaca, Calasparra, Bullas, Cehegín, Moratalla, Jumilla, Fortuna, Abanilla, Ricote, Ulea, Villanueva, Archena, Blanca, Cieza, Campos del Río, Ojós, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Alhama, Totana, Aledo, Mula…

La profusión de teóricos grupos locales independientes que nos espera en las próximas semanas, también revela el interés de las mafias por penetrar en el centro de decisión política de cada municipio citado, y los litorales apuntados más arriba, aprovechando las reglas del sistema pero malversándolo en origen por no aparecer nítidos los verdaderos fines ni una interesada financiación desde despachos profesionales o empresas con expectativas de hacer y deshacer a su antojo ante la fuerte despolitización de la sociedad murciana en su conjunto.

En el caso de Mazarrón, la permisividad urbanística ya se ha visto, sino animada, al menos sí tolerada desde Ayuntamiento y Comunidad Autónoma para un desarrollo inmobiliario desmesurado a partir de la recalificación masiva de las tierras de labor más cercanas al mar y generalmente propiedad de grandes tomateros de la zona como “Hernández Zamora” o “Durán”, entre otros. Es la misma dinámica de lo que viene sucediendo en Águilas (200.000 nuevas viviendas programadas) y Lorca con otros relevantes tomateros y sus socios encubiertos de Alhama para explicar la aparición ahora de partidos oportunistas para la ocasión, generalmente asociados a un medio de comunicación local cercano y financiado por un dinero fácil, a veces procurado por despachos “profesionales” de fuera pero que aspiran a mover los hilos dentro, más que nada porque la población cuenta con 33 playas en 35 kilómetros de litoral.

El nuevo PGOU de Mazarrón en trámite consolida una situación que ha colocado a este municipio en el pelotón de cabeza regional en cuanto a construcción de vivienda libre, entre enero y septiembre de 2005, con 1.726 construidas (sólo un 1,39% de VPO) frente a las 5.464 de Murcia, 2.798 de Cartagena y 2.014 de San Javier, y muy por delante de Molina (1.184) y Águilas (1.119). Significa un incremento del 54,7% respecto a las edificadas en 2001 (782) y un 7,83% en comparación con las 1.495 de 2004, que ya supusieron otro incremento respecto a las 1.181 de 2003, siempre con Francisco Blaya, del PP, como alcalde gracias a su coalición de gobierno con el PIxM de Domingo Valera. La composición actual del consistorio mazarronero es de nueve concejales del PP, ocho del PSRM-PSOE, tres del PIxM y uno de IURM.

Blaya es investigado por la Fiscalía del TSJ desde hace varios meses ante una presunta malversación de 60.000 euros de caudales públicos en beneficio del líder de su partido coaligado, Domingo Valera. Un consistorio al que no importa que se pierdan las señas de identidad de este pueblo al no pujar finalmente por “Casa Saura” e impedir el continuo destrozo de patrimonio arquitectónico histórico-artístico.

Los tratos de favor, las recomendaciones, discriminación en las aprobaciones, presuntas contrataciones ilegales…parecen moneda corriente en un ayuntamiento presidido por Blaya, donde los grandes empresarios de la localidad recalifican suelo cuando, dónde y cómo quieren, pese a que los más modestos ven despreciados sus necesidades y proyectos en beneficio de emprendedores foráneos con intereses urbanísticos, directos o indirectos, en este municipio. Puede ser el caso del necesario polígono industrial, aprobado en 2002 en una sesión municipal con una muy diferente correlación de fuerzas políticas, y que el actual alcalde ha venido trabando hasta que la mayoría de sus promotores privados de entonces han vendido sus participaciones o están a punto de hacerlo, hartos y aburridos de tanta zancadilla y falta de apoyo institucional a una iniciativa privada desde la sociedad civil de Mazarrón.

El momento ha sido aprovechado por el alcalde para procurar que otros de fuera, pero amigos suyos, arrebaten la iniciativa a los de dentro y quedarse con el negocio gracias al apoyo del grupo gobernante municipal y así poder ofrecer el logro a los electores de una idea que ahora se presentará como mejorada y en manos expertas.

En Mazarrón, donde el 70% del presupuesto municipal se dedica a personal, tienen la Policía Municipal mejor pagada y también de las más incontroladas democráticamente de la Región de Murcia. Su nombre se ha visto asociado al “caso Malaya” tangencialmente, tras el paso en tiempos de Carlos Sánchez (amigo de Roca) por “Ordenación Bahía” y “Playa Grande” como promotor inmobiliario y comprador de suelo. Sus gobernantes son reacios a integrar una futura provincia de Cartagena para no caer en manos de su depredadora mafia político-económica aunque han sido conniventes cuando desde allí se ha invadido el término municipal mazarronero con las cinco “Torres del Mojón” donde, al igual que en la promoción “Isla del Puerto”, aparecen dos nombres de familiares de ilustres mandamases de la capital regional: el abogado Daniel Valenzuela y el arquitecto Juan Sánchez Carrillo.

Y hasta son capaces de alterar el curso de la rambla de Las Moreras para que edifique un amigo o de autorizar en Bolnuevo más de una desaladora para satisfacer los intereses económicos de quien, en realidad, son los verdaderos dueños de todo Mazarrón mediante una dictadura en la sombra, que supuestamente hasta parece permitirse coger de forma ilegal agua del trasvase Tajo-Segura para regar sus campos de golf.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Mazarrón, Francisco García, ha dicho que la empresa Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L. ha manejado información privilegiada y recibido trato de favor por el gobierno municipal respecto a los terrenos rústicos que adquirió en la zona norte y que figuran como urbanizables en el avance del Plan General.

Según García, esos terrenos por sus características geomorfológicas "no serían urbanizables en condiciones normales" por lo que no tenían valor económico y, sin embargo, Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L. los compró a 12 euros el metro cuadrado a pequeños propietarios.
Informa asimismo de que la citada empresa se constituyó el 15 de noviembre de 2005, un mes después adquirió la deuda que el Ayuntamiento de Mazarrón mantenía con Urbaser, antigua concesionaria de la recogida de basuras, que ascendía a 7,2 millones de euros, "y a partir de entonces comienza a adquirir terrenos rústicos en la zona norte".

En opinión de García, Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón S.L "se creó ex profeso para adquirir esta deuda y comprar terrenos en la localidad".

El edil socialista indica que el pasado septiembre el Ayuntamiento de Mazarrón aprobó el avance del Plan General de Ordenación Municipal, en el que esos terrenos figuran como suelo urbanizable.