El fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal, se ha convertido hoy mismo en el ojo vigilante del Estado en Murcia y, consecuentemente, en el alto funcionario más poderoso de la Región, por encima incluso de Valcárcel, ante las graves sospechas de presunta corrupción que recaen sobre la administración autonómica a sus más altos niveles. Precisamente por eso la reciente reforma de la Fiscalía Anticorrupción traerá, a más tardar en septiembre, a un fiscal delegado y a decenas de miembros de las Unidades Especiales de Apoyo, integradas por especialistas de la Guardia Civil, Policía Nacional, Agencia Tributaria e Intervención General del Estado, algunos de ellos ya entre nosotros desde febrero sin parar de realizar sus pesquisas y de reunir pruebas. Además, según dijo ayer en Alicante el fiscal Vercher, todo lo que se publica en prensa se procesa y analiza por muy modesto y remoto que sea el periódico que hace revelaciones trascendentes para la investigación.
Este verano la Fiscalía murciana no cerrará por vacaciones y muchos sospechosos pasarán agosto, muy lejos de aquí para olvidar la que tienen encima, o a base de tranquilizantes en sus chalets de la Dehesa de Campoamor, La Alberca, Santiago de la Ribera, Puerto de Mazarrón, Cabo Palos, Monte Príncipe, Altorreal, Torre Pacheco o La Manga, por miedo a ir a la cárcel. De los viajeros, alguno esperará a la prescripción de sus presuntos delitos para volver a pisar la Unión Europea. La angustia atenaza desde hace varias semanas a algunos de nuestros dirigentes políticos, abogados en connivencia con sus clientes y clientes sabedores de lo que han venido haciendo, en la espera de que se les llame a declarar y salgan como imputados por el fiscal, previamente a acusaciones más formales derivadas de investigaciones policiales posteriores, ya en profundidad. La última reforma del Código Penal completa el proceso de adaptación legal a las nuevas circunstancias de conspiración para eludir sistemáticamente obligaciones tributarias y sociales. La norma se ha adaptado a nuestro tiempo, ahora mucho mejor.
El objetivo es restablecer por completo la legalidad vigente después del desmadre generalizado en una pequeña Comunidad Autónoma mediterránea, cuya vida política y económica se ha visto seriamente alterada por el crimen, si no del todo con la complicidad más descarada, si al menos con la pasividad complaciente y cooperadora de ciertos poderes públicos en la última década. El acopio de información policial es ya suficiente como para comenzar a citar de inmediato a personas de todos conocidas a través de los diversos medios de comunicación por su reto constante al poder del Estado. Y a que un juez de guardia ordene detenciones preventivas para evitar alguna que otra fuga con intención de no regresar, tal que uno de los concejales marbellíes, hoy en busca y captura internacional. La cosa parece mucho más grave de lo que, en principio, se suponía. Y la Región de Murcia tendrá pronto el dudoso honor de sustituir a Marbella en la apertura de telediarios y primeras páginas de toda la prensa española y parte de la europea. Van a destrozar la imagen de esta región.
Miembros y exmiembros del gobierno autónomo, algunos alcaldes del litoral, conocidos hombres de negocios adictos a la pura especulación urbanística y un financiero sesentón en el centro de todos los pensamientos avanzados, pueden ser los primeros imputados por Anticorrupción en diversos y variados delitos de suma gravedad frente al colectivo social. El Estado de Derecho asume así su obligación de combatir y erradicar a nuestra intransigente y desafiante mafia local con los medios a su alcance, después de que diversas instancias internacionales alertasen del blaqueo de capitales provenientes del crimen transnacional que, a gran escala, aquí se venía produciendo, fundamentalmente en el desproporcionado sector promotor-inmobiliario, exactamente igual que sucedía en Marbella. La cooperación internacional está resultando decisiva para el éxito total de las investigaciones gracias a la Interpol, Scotland Yard y la Gendarmería francesa, fundamentalmente. El mes de agosto pudiera aquí no ser tan tranquilo si se comienza a destapar el melón de "Operación Mursiya".
Ante esto, la única opción de algunos implicados en los delitos perseguibles, ahora de oficio por la Fiscalía Anticorrupción, es aprovechar este verano para, si pueden y tienen valor, fugarse al extranjero con la amante y así no tener que responder ante la Justicia después de la Feria. Porque la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General de Estado es la peor noticia para "mafia nostra" desde la imprevista llegada de Zapatero a La Moncloa ya que tiene por objeto, entre otros resultados, acabar lo más pronto posible con el crimen organizado entre los murcianos. Se debe entender por eso, delincuencia de grupos de personas con estructura jerárquica (¿Dom Carleone?), una dirección funcional con vocación de cierta permanencia y actuar concertadamente. De eso aquí también se sabe bastante, como a dónde tiene que ir la Guardia Civil con tricornio de charol y capa para poder detener al "cerebelo" de la trama más local de cuello blanco. La Policía Judicial tiene, desde hace meses, todo un plan para actuar de inmediato. No hay que descartar importantes detenciones de madrugada.
No se puede ser más claro porque aquí, región uniprovincial de tan sólo 45 municipios, todos sabemos quienes son sus capos y sicarios. El grueso de la investigación ya está hecha y son muchos los testigos que, en los últimos meses, han desfilado oficiosamente ante el fiscal-jefe de "motu propio", desde funcionarios públicos a ecologistas, pasando por inquietos empleados de banca, profesores progresistas, políticos honestos, relevantes vecinos, profesionales liberales, dirigentes sociales, sindicalistas de base, obreros subcontratados, contables atormentados, secretarias hastiadas y ciudadanos comunes con gran sentido de su responsabilidad. Nada trascendente, desde el punto de vista delictivo, escapa ya al conocimiento de López Bernal. Sus unidades policiales de apoyo vienen trabajando a destajo desde Águilas a Los Alcázares pasando por Murcia, Cartagena y Lorca. Nada que se mueva puede ya coger distraído u "off side" al fiscal-jefe más honesto que ha tenido esta región desde la restauración de la democracia en 1978. Por eso le atacan tanto los sospechosos.
Incluso existen abiertas cientos de diligencias de investigación ante los grandes movimientos de capitales, en doble sentido, entre determinados paraísos fiscales del Caribe y la Región de Murcia. Si la Fiscalía interviene es porque ese movimiento se debe a un proceso de blanqueo derivado de anteriores actividades delictivas, todavía impunes. Según fuentes de las investigaciones, en la mayor parte de los casos hay que encontrar preciso el hilo conductor hacia una pervertida entidad de crédito y ahorro como necesaria cooperadora para delinquir. Además, el impacto económico de estos delitos aconseja a las instancias represoras democráticas a restablecer la libre competencia ante las restricciones "de facto" instauradas con coacciones por la mafia y, consecuentemente, la defensa del interés público y de los derechos de los consumidores. Las estafas inmobiliarias que han proliferado tanto entre nosotros, pese a ser silenciadas, serán también competencia de Anticorrupción en Murcia. La experiencia de Marbella servirá aquí para afinar mucho más, y la reciente reforma del Código Penal, para que nadie, corrupto o estafador, escape a la acción serena y contundente de los jueces cuanto antes. La Audiencia se va a colapsar con tantos procedimientos a la vez.
La de cuello blanco, según el delegado del Gobierno, Ángel González, ya es la delincuencia de mayor envergadura en la Región de Murcia por la gran actividad económica que se experimenta. Eso parece implicar aquí corrupción y blanqueo de capitales, a juicio del máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción. También la corrupción de instituciones públicas y perversión de determinadas instituciones financieras muy arraigadas. El tipo de delito que se ha disparado tiene que ver con el fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social; la prevaricación; el uso y abuso indebido de información privilegiada; el fraude y la malversación de caudales públicos; las exacciones ilegales; el cohecho; la negociación prohíbida a funcionarios; el tráfico de influencias; las insolvencias punibles; y los delitos de corrupción, societarios y contra la propiedad industrial.
Como vemos, toda una panoplia que se completa con alteración delictiva de precios en concursos y subastas públicas; conductas afines a la receptación de bienes robados y nuevas tipificaciones derivadas de nuevos convenios. En conjunto, delitos que se cometen a diario por integrantes de ayuntamientos, administración autonómica, empresas sin escrúplos y profesionales vinculados a algunas de las decenas de tramas mafiosas, que campan impunemente por sus fueron dentro del territorio regional desde hace varios años, ante el clamor de los más decentes, la legitimación de los más sectarios y la resignación de los más tibios. Pero esa alarma social ha alcanzado tal grado, y el delito se ve socialmente ya como un triunfo del delincuente sobre la ley, que el Estado no se puede permitir por más tiempo que le nieguen el pago de impuestos y se altere el libre funcionamiento del mercado y el normal de las instituciones democráticas, sin que algo suceda para escarmiento general.
Escrito todo lo anterior, es imposible no recordar las adjudicaciones y concesiones de la "7", los pisos conseguidos casi de regalo, los hermanísimos beneficiados por el poder del pariente, los amigos que les representan en empresas que atentan contra el medio ambiente, los concursos de belleza comprados para amigas con dinero de impositores, las decisiones político-administrativas ilegales tomadas a favor de amigos o benefactores, los convenios urbanísticos leoninos para el bien público, los negocios prohibidos, directos o indirectos, de algunos jerarcas, el tráfico generalizado de influencias de algunos despachos profesionales de hermanos de poderosos en base al uso y abuso de información pivilegiada, el enriquecimiento ilícito de algunos regidores a partir de los concursos y subastas en perjuicio del erario público, y la práctica de utilizar testaferros en empresas por parte de capos que no desean exponerse al riesgo imprevisto de ser descubiertos. Anticorrupción tiene trabajo en Murcia hasta que reine un día Doña Leonor de Borbón y Ortíz-Rocasolano.
Este verano la Fiscalía murciana no cerrará por vacaciones y muchos sospechosos pasarán agosto, muy lejos de aquí para olvidar la que tienen encima, o a base de tranquilizantes en sus chalets de la Dehesa de Campoamor, La Alberca, Santiago de la Ribera, Puerto de Mazarrón, Cabo Palos, Monte Príncipe, Altorreal, Torre Pacheco o La Manga, por miedo a ir a la cárcel. De los viajeros, alguno esperará a la prescripción de sus presuntos delitos para volver a pisar la Unión Europea. La angustia atenaza desde hace varias semanas a algunos de nuestros dirigentes políticos, abogados en connivencia con sus clientes y clientes sabedores de lo que han venido haciendo, en la espera de que se les llame a declarar y salgan como imputados por el fiscal, previamente a acusaciones más formales derivadas de investigaciones policiales posteriores, ya en profundidad. La última reforma del Código Penal completa el proceso de adaptación legal a las nuevas circunstancias de conspiración para eludir sistemáticamente obligaciones tributarias y sociales. La norma se ha adaptado a nuestro tiempo, ahora mucho mejor.
El objetivo es restablecer por completo la legalidad vigente después del desmadre generalizado en una pequeña Comunidad Autónoma mediterránea, cuya vida política y económica se ha visto seriamente alterada por el crimen, si no del todo con la complicidad más descarada, si al menos con la pasividad complaciente y cooperadora de ciertos poderes públicos en la última década. El acopio de información policial es ya suficiente como para comenzar a citar de inmediato a personas de todos conocidas a través de los diversos medios de comunicación por su reto constante al poder del Estado. Y a que un juez de guardia ordene detenciones preventivas para evitar alguna que otra fuga con intención de no regresar, tal que uno de los concejales marbellíes, hoy en busca y captura internacional. La cosa parece mucho más grave de lo que, en principio, se suponía. Y la Región de Murcia tendrá pronto el dudoso honor de sustituir a Marbella en la apertura de telediarios y primeras páginas de toda la prensa española y parte de la europea. Van a destrozar la imagen de esta región.
Miembros y exmiembros del gobierno autónomo, algunos alcaldes del litoral, conocidos hombres de negocios adictos a la pura especulación urbanística y un financiero sesentón en el centro de todos los pensamientos avanzados, pueden ser los primeros imputados por Anticorrupción en diversos y variados delitos de suma gravedad frente al colectivo social. El Estado de Derecho asume así su obligación de combatir y erradicar a nuestra intransigente y desafiante mafia local con los medios a su alcance, después de que diversas instancias internacionales alertasen del blaqueo de capitales provenientes del crimen transnacional que, a gran escala, aquí se venía produciendo, fundamentalmente en el desproporcionado sector promotor-inmobiliario, exactamente igual que sucedía en Marbella. La cooperación internacional está resultando decisiva para el éxito total de las investigaciones gracias a la Interpol, Scotland Yard y la Gendarmería francesa, fundamentalmente. El mes de agosto pudiera aquí no ser tan tranquilo si se comienza a destapar el melón de "Operación Mursiya".
Ante esto, la única opción de algunos implicados en los delitos perseguibles, ahora de oficio por la Fiscalía Anticorrupción, es aprovechar este verano para, si pueden y tienen valor, fugarse al extranjero con la amante y así no tener que responder ante la Justicia después de la Feria. Porque la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General de Estado es la peor noticia para "mafia nostra" desde la imprevista llegada de Zapatero a La Moncloa ya que tiene por objeto, entre otros resultados, acabar lo más pronto posible con el crimen organizado entre los murcianos. Se debe entender por eso, delincuencia de grupos de personas con estructura jerárquica (¿Dom Carleone?), una dirección funcional con vocación de cierta permanencia y actuar concertadamente. De eso aquí también se sabe bastante, como a dónde tiene que ir la Guardia Civil con tricornio de charol y capa para poder detener al "cerebelo" de la trama más local de cuello blanco. La Policía Judicial tiene, desde hace meses, todo un plan para actuar de inmediato. No hay que descartar importantes detenciones de madrugada.
No se puede ser más claro porque aquí, región uniprovincial de tan sólo 45 municipios, todos sabemos quienes son sus capos y sicarios. El grueso de la investigación ya está hecha y son muchos los testigos que, en los últimos meses, han desfilado oficiosamente ante el fiscal-jefe de "motu propio", desde funcionarios públicos a ecologistas, pasando por inquietos empleados de banca, profesores progresistas, políticos honestos, relevantes vecinos, profesionales liberales, dirigentes sociales, sindicalistas de base, obreros subcontratados, contables atormentados, secretarias hastiadas y ciudadanos comunes con gran sentido de su responsabilidad. Nada trascendente, desde el punto de vista delictivo, escapa ya al conocimiento de López Bernal. Sus unidades policiales de apoyo vienen trabajando a destajo desde Águilas a Los Alcázares pasando por Murcia, Cartagena y Lorca. Nada que se mueva puede ya coger distraído u "off side" al fiscal-jefe más honesto que ha tenido esta región desde la restauración de la democracia en 1978. Por eso le atacan tanto los sospechosos.
Incluso existen abiertas cientos de diligencias de investigación ante los grandes movimientos de capitales, en doble sentido, entre determinados paraísos fiscales del Caribe y la Región de Murcia. Si la Fiscalía interviene es porque ese movimiento se debe a un proceso de blanqueo derivado de anteriores actividades delictivas, todavía impunes. Según fuentes de las investigaciones, en la mayor parte de los casos hay que encontrar preciso el hilo conductor hacia una pervertida entidad de crédito y ahorro como necesaria cooperadora para delinquir. Además, el impacto económico de estos delitos aconseja a las instancias represoras democráticas a restablecer la libre competencia ante las restricciones "de facto" instauradas con coacciones por la mafia y, consecuentemente, la defensa del interés público y de los derechos de los consumidores. Las estafas inmobiliarias que han proliferado tanto entre nosotros, pese a ser silenciadas, serán también competencia de Anticorrupción en Murcia. La experiencia de Marbella servirá aquí para afinar mucho más, y la reciente reforma del Código Penal, para que nadie, corrupto o estafador, escape a la acción serena y contundente de los jueces cuanto antes. La Audiencia se va a colapsar con tantos procedimientos a la vez.
La de cuello blanco, según el delegado del Gobierno, Ángel González, ya es la delincuencia de mayor envergadura en la Región de Murcia por la gran actividad económica que se experimenta. Eso parece implicar aquí corrupción y blanqueo de capitales, a juicio del máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción. También la corrupción de instituciones públicas y perversión de determinadas instituciones financieras muy arraigadas. El tipo de delito que se ha disparado tiene que ver con el fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social; la prevaricación; el uso y abuso indebido de información privilegiada; el fraude y la malversación de caudales públicos; las exacciones ilegales; el cohecho; la negociación prohíbida a funcionarios; el tráfico de influencias; las insolvencias punibles; y los delitos de corrupción, societarios y contra la propiedad industrial.
Como vemos, toda una panoplia que se completa con alteración delictiva de precios en concursos y subastas públicas; conductas afines a la receptación de bienes robados y nuevas tipificaciones derivadas de nuevos convenios. En conjunto, delitos que se cometen a diario por integrantes de ayuntamientos, administración autonómica, empresas sin escrúplos y profesionales vinculados a algunas de las decenas de tramas mafiosas, que campan impunemente por sus fueron dentro del territorio regional desde hace varios años, ante el clamor de los más decentes, la legitimación de los más sectarios y la resignación de los más tibios. Pero esa alarma social ha alcanzado tal grado, y el delito se ve socialmente ya como un triunfo del delincuente sobre la ley, que el Estado no se puede permitir por más tiempo que le nieguen el pago de impuestos y se altere el libre funcionamiento del mercado y el normal de las instituciones democráticas, sin que algo suceda para escarmiento general.
Escrito todo lo anterior, es imposible no recordar las adjudicaciones y concesiones de la "7", los pisos conseguidos casi de regalo, los hermanísimos beneficiados por el poder del pariente, los amigos que les representan en empresas que atentan contra el medio ambiente, los concursos de belleza comprados para amigas con dinero de impositores, las decisiones político-administrativas ilegales tomadas a favor de amigos o benefactores, los convenios urbanísticos leoninos para el bien público, los negocios prohibidos, directos o indirectos, de algunos jerarcas, el tráfico generalizado de influencias de algunos despachos profesionales de hermanos de poderosos en base al uso y abuso de información pivilegiada, el enriquecimiento ilícito de algunos regidores a partir de los concursos y subastas en perjuicio del erario público, y la práctica de utilizar testaferros en empresas por parte de capos que no desean exponerse al riesgo imprevisto de ser descubiertos. Anticorrupción tiene trabajo en Murcia hasta que reine un día Doña Leonor de Borbón y Ortíz-Rocasolano.
