Encuesta de consolación

La situación de expectativa electoral real del PP en la Región de Murcia, a un año de los comicios municipales y autonómicos desde su actual mayoría absoluta en la Asamblea Regional, no parece ser la que refleja una encuesta, pretendidamente seria, encargada por la propia organización conservadora para tranquilizar a sus bases en plena sensación generalizada de que algo no va bien y se trata de ocultar.

Se sospecha en la calle que ha sido más una maniobra con objetivo interno, a través de la consabida propaganda en medios afines o subvencionados con publicidad, que un verdadero encargo para contrastar y verificar una situación objetiva antes de comenzar la cuenta atrás hacia las citas electorales de 2007. Varios profesionales especialistas murcianos en técnicas de investigación de mercado coinciden también en que la presuntuosa muestra y el método utilizado por una empresa local de ingeniería de servicios informáticos, totalmente desconocida en ese ámbito pero que la suscribe, no son en rigor de recibo porque no se especifican variables básicas y determinantes para un resultado técnicamente asumible y una correcta interpretación, tales como edad, sexo y condición de los encuestados.

Al realizar esa encuesta en plena jornada laboral y por teléfono, el dato global, naturalmente, aparece sesgado por encontrar a esas horas en las casas, sólamente a personas mayores con escasa o nula información, y pertenecientes a una población sedentaria. Además, en plena época del teléfono móvil, una encuesta telefónica a través de aparatos fijos (hoy utilizados básicamente como parte de un equipo de telecomunicación de acceso a Internet) no tiene garantía de reflejar, con escaso margen de error, una muestra proporcionada y a escala del universo de la población murciana con derecho a sufragio, de la que se afirma haberla sondeado.

Además, si de siempre la encuesta telefónica resultó poco fiable, hoy la preponderancia de teléfonos móviles y la pluralidad de compañías telefónicas con sociología clientelar tan distinta y, en consecuencia, de bases de datos no unificadas, ha terminado por triturarla aunque ya estuviese en claro desuso en la categoría de los métodos de investigación más avanzados.

Calificada técnicamente de chapuza por estos cualificados expertos, que dicen no conocer en su mundo a la empresa murciana que aparece como respaldo del trabajo encargado por el PP, concluyen que, en la práctica, no sirve de nada por el principio elemental de que los tamaños muestrales que se confiesa haber utilizado, no se ajustan a la morfología territorial de la Región de Murcia, y que resulta insuficiente la dedicada al resto del territorio regional menos sondeado en profundidad.

En pleno nerviosismo por la tendencia regresiva del PP y la previsible falta de renovación en sus listas, se une ahora la descalificación pública sobre el exministro de Defensa, el cartagenero Federico Trillo (¿la alternativa a medio plazo en San Esteban?) por parte del ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Luis Alejandre, quien lo ha calificado de ególatra, ambicioso y trepador en política, al igual que su sustituto, el albaceteño José Bono, para explicar por qué actuó como lo hizo hace dos años ahora (marginando a las Fuerzas Armadas) en el triste accidente del "Yak-42", que ahora vuelve a rebrotar en los tribunales contra nuestro ilustre paisano y diputado por Alicante.

Si es cierta la teoría de que Valcárcel es, de momento y por cuarta vez, el candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma para que reforme antes el Estatuto de Autonomía, deje crear la provincia de Cartagena, y dimita en 2009 para que se puedan celebrar elecciones autonómicas anticipadas y Trillo sea entónces el candidato, la desautorización de raíz hecha por un miembro tan cualificado del Ejército lo deja fuera de juego, al igual que ahora le impide serlo al estar "sub iudice" los sumarios sobre el accidente y la contratación del vuelo del "Yak-42" para transportar desde Afganistán tropas españolas de regreso a nuestro país.

Sociedad civil y paraísos fiscales

Un grupo de significativos miembros de la sociedad civil murciana y de la Vega Baja alicantina está pensando encabezar, aunque ya lo tiene prácticamente decidido, un pliego de firmas para pedir a los responsables de Caja Murcia el fín real de las actividades de su filial "CajaMurcia Finance Limited", una sociedad constituida en el paraíso fiscal de las islas Caymán, concretamente en Georgetown, Gran Caymán, el 9 de mayo del año 2000, y registrada allí con el número 100.190 en pleno apogeo de la "era Aznar" y de los gobiernos ultraliberales del PP. Esta mercantil es propiedad al 100% de la citada entidad de ahorro que, a su vez, pertenece a la Comunidad Autónoma y es una caja de fundación pública por la extinta Diputación Provincial mucho antes de que llegara la monarquía democrática de Juan Carlos I, es decir, en pleno franquismo.

Este sensibilizado y exigente grupo de impositores y clientes de Caja Murcia desea conocer posteriormente cuáles han sido durante el último quinquenio las verdaderas actividades de una entidad pública y benéfica en semejante lugar, a partir de la comunicación previa de su primer apoderado, Francisco López Iniesta, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según recogió el periódico económico "La Gaceta de los Negocios" del 28 de septiembre del año 2000; exactamente cuatro meses y diecinueve días después de constituirse esta sociedad instrumental en aquel archipiélago, distante de Miami City casi 800 kilómetros, que esconde en sus cámaras acorazadas dinero de dudosa procedencia por un montante que hoy supera los cien billones de nuestras antiguas pesetas. Altos funcionarios de Caja Murcia viajan con intensa regularidad a las islas Caymán desde nuestra región, para supervisar la marcha de "CajaMurcia Finance Limited", por otra parte bastante desconocida por la inmensa mayoría de sus verdaderos propietarios, que no son otros que todas aquellas personas censadas entre nosotros, y los nacidos aquí, sean o no impositores.

La idea es pedir su firma a los clientes a la puerta de las principales oficinas de Caja Murcia, tanto en la Región como en otras provincias cercanas, donde tiene establecidas sucursales, caso de Alicante, Albacete y Almería, para ir remitiendo por conducto notarial los pliegos completados al presidente de la Comunidad Autónoma, presidente de la Asamblea Regional, consejero de Economía y presidente de Caja Murcia, al efecto de que trasladen el sentir del pueblo murciano, y del resto de impositores foráneos, a los ejecutivos responsables para que fijen públicamente, de una vez por todas, fecha definitiva de salida de semejante lugar, quinto centro financiero del Mundo tras Nueva York, Londres, Tokio y Hong-Kong pero con una sustancial diferencia: que los descendientes de aquellos piratas, filibusteros, bucaneros y corsarios que hicieron famosas a estas islas por ocultar allí los botines que saqueaban en el mar Caribe, hacen ahora algo parecido con capitales de todas las procedencias por el atractivo de una tributación poco menos que simbólica.

Caymán sigue todavía en el punto de mira de la Agencia Internacional para la Vigilancia del Lavado de Capitales procedente del Crimen (corrupción, terrorismo, droga, armas, trata de blancas y esclavitud, fundamentalmente) porque el fraude fiscal a terceros países y el dinero negro campan a sus anchas sin retenciones en origen ni en destino. La OCDE considera paraíso fiscal a países de baja o nula fiscalidad sobre los beneficios por actividades financieras; desconexión del sistema tributaro respecto de su economía nacional; sistema no transparente y de escaso o nulo control por parte de los investigadores financieros, y ausencia de intercambio de información efectiva sobre los datos de clientes adscritos a su régimen tributario, como consecuencia de un denso secreto bancario.

Como la llegada de Caja Murcia a la isla coincidió tiempo después con un súbito, anormal y sospechoso flujo mercantil entre la Región de Murcia y aquel paraíso fiscal, que llegó a convertirse de pronto en nuestro teórico quinto destino exportador para mayor asombro de la Dirección General de Aduanas, paralelamente se va a pedir a la portavoz socialista de economía en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, que formule una pregunta al gobierno autónomo sobre su conocimiento o ignorancia de esas discretas y casi desconocidas actividades, y en caso afirmativo que explique en la Cámara, por boca del consejero de Economía o el presidente de la entidad, qué sigue haciendo una caja de ahorros de capital público autóctono en un paraíso fiscal de tan mala fama aunque no se pague ninguna clase de impuesto durante los primeros 50 años de establecimiento y actividad, presuntamente sólo financiera, en un rincón del planeta con más de 750 bancos y 50.000 sociedades de conveniencia registradas...para sólo 35.000 habitantes, y 500.000 turistas anuales al estar al sur de Cuba y a una hora en avión desde Florida.

Ya el mismo año que se fundó en Caymán "CajaMurcia Finance Limited", la Fiscalía Anticorrupción alertó sobre esta fórmula de filiales al Banco de España para que se ejerciese un mayor control sobre las matrices de nuestras entidades de crédito y ahorro. En la Comisión de Hacienda del Senado esa fiscalía reveló el liderazgo de ese paraíso fiscal en registrar sociedades financieras, que trasladan allí patrimonios enteros de particulares españoles, por su nula o escasa tributación, y la ausencia del requisito de identificar a los clientes reales para operaciones sospechosas. En ese sentido, se llegó a plantear que las propias entidades asentadas allí mediante filial podrían facilitar el fraude fiscal o el blanqueo de dinero mediante fórmulas que garantizan la opacidad cuando se acude al recurso de testaferros para ocultar la titularidad real de bienes y créditos de sus clientes. Anticorrupción insistía en que se debía desvelar quién o quiénes estaban realmente detrás de esas sociedades filiales en paraísos fiscales, comenzando por Caymán. A su juicio, "la confidencialidad, el anonimato y el secreto conque las personas físicas y las sociedades mercantiles actúan en los paraísos fiscales, hacen inviable un planteamiento serio contra el blanqueo de dinero".

Ese blanqueo no siempre procede de actividades delictivas sino que puede tratarse, y existen algunas pistas en el caso de la Región de Murcia, de capitales ganados de manera ortodoxa en busca de una fiscalidad ventajosa; generalmente grandes fortunas (más o menos confesables) pueden fructificar allí con toda tranquilidad, escapando a la Justicia y a la Hacienda de su país de origen. En el otro caso de delincuencia financiera, la globalización de la economía está facilitando la capacidad de quienes lavan dinero sucio y que ayudan a traficantes y funcionarios extranjeros corrompidos. Captar dinero allí es, como mínimo, una inmoralidad, según opinan los promotores de la campaña pública para que Caja Murcia salga cuanto antes de lugar tan poco recomendable. (NEM)