El secretario de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, José Antonio Ruíz Vivo, atraviesa uno de sus peores momentos desde que trabaja al lado del presidente Valcárcel en temas de imagen. Enfrentado con varios consejeros clave y con algunos alcaldes del PP, que lo obvian sistemáticamente, atraviesa una situación que puede hacerle perder poder y hasta provocar que tenga que abandonar el gobierno autónomo si se produce una última remodelación (con la posible entrada del constructor, y actual presidente de la CROEM, Miguel del Toro, ya vocero oficioso de Valcárcel) cara a afrontar en mejor situación dentro de un año las elecciones municipales y autonómicas. La solución, parece ser, está en desplazarlo al frente de un proyecto de televisión digital en Molina de Segura de acuerdo con el alcalde Contreras.Señalado culpable de la situación relativa de Murcia en los medios de comunicación nacionales y europeos, y de tenerla enfrentada con varias regiones españolas por la ocurrencia del "Agua para todos" que, a juicio de destacados militantes del PP regional, no ha servido absolutamente para nada en la práctica, este osado caradura, que presume de ser periodista profesional sin serlo al no constar en ninguna universidad homologada su formación académica en las disciplinas de ciencias de la información y la comunicación, sus meteduras de pata en estas cuestiones durante diez años han sido sonadas y todas perjudiciales para los murcianos, su democracia real y su libertad de expresión. Su ignorancia sólo ha sido comparable al ruido que introducía en el proceso comunicativo para que pocos notasen que trabajaba en lo que no entendía. Algún consejero ya lo trata en privado como una especie de impostor por ofrecer soluciones sobre conocimientos de los que carece, y aconseja al presidente que se deshaga de él cuanto antes, por falta de resultados.
Su aceptación en las filas del PP murciano es ya tan escasa o nula, que el exvicepresidente del ejecutivo autónomo y mentor suyo ante Valcárcel en 1995, Antonio Gómez Fayrén, ha puesto ahora como única condición para estar al frente de la próxima campaña electoral de 2007, que Ruíz Vivo no aparezca por la sede del partido en Trapería ni opine de su trabajo en temas de comunicación. Parece que la asistencia técnica que precise se la va a prestar la moderna agencia "Publicidad Líquida", dirigida por su hermano menor y el excuñado de la alcaldesa de Cartagena. Su desatino con la SER, un afán desmedido de protagonismo y excesiva capacidad de decisión en el tema de la nueva televisión autonómica, la 7, parece haber precipitado una situación que ya se venía pudriendo desde la salida de Fayrén, y que se aceleró con Francisco Marqués tras la espantada de Saénz de Buruaga del proyecto de Tercer Canal que dirigía desde su gestación.
Y otra crisis provocada en el mundo de la prensa convencional murciana deriva del entusiasta tratamiento dado a las peticiones empresariales, de crear la provincia de Cartagena, en las páginas del diario "El Faro". Su director de proyectos, el ATS cartagenero Manuel Ponce, hombre de Ruiz Vivo, de Felipe Julián y del cartagenerista vergonzante y empresario, Tomás Martínez Pagán, a un tiempo, podría tener que ceder su puesto y abandonar la empresa ante las presiones y advertencias de San Esteban para dejar de apoyar a este periódico y a su hermano menor "Crónica de Sureste", (ambos controlados por el Grupo "Hispania", de La Unión, de la mano del empresario Trinitario Casanova Abadía, promocionado por el diputado del PP y brazo derecho del ex ministro Trillo, Andrés Ayala) si sigue dando cobertura y alas a las pretensiones de la oligarquía cartagenera. Las tensiones provocadas en el PP regional por la patronal de Cartagena, COEC, al solicitar un debate "ad hoc" cara a la reforma del Estatuto de Autonomía, sólo parece el principio de una gran fractura probable entre Valcárcel y Trillo en la lucha por el poder en la Región. Y Ponce la primera víctima de ese "debate sereno" del que el presidente habla con la boca pequeña porque es de los murcianos que más detestan que se plantee siquiera.
Una región que también puede ver desaparecer "de facto" a su centenaria Asociación de la Prensa, si se confiman los insistentes rumores de sus graves dificultades económicas por endeudamiento con algunas entidades de crédito y ahorro. El actual presidente, Juan Antonio Heras, apoyado como candidato oficialista y de continuidad pero con una legitimidad cuestionada (fue elegido recientemente tras una convocatoria de elecciones de procedimiento irregular y resolución más que discutible por no estar contemplada en los vigentes estatutos), y exjefe del gabinete de Patricio Valverde aparte de vinculado familiarmente a la firma avícola "Pujante", de Alquerías, va a proponer (¿a la Directiva o a la Asamblea?) alquilar la actual sede asociativa en el mejor edificio de la GranVía Escultor Salzillo (construido por Bartolomé Bernal Pareja en los años 60 del siglo XX para su familia, entre la que figuraba su hija y madre del actual fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal) para poder afrontar con su renta las deudas contraídas y el funcionamiento ordinario de la entidad. Ofrece, al parecer, como alternativa aceptar una oportuna oferta de caridad del Ayuntamiento de Murcia para que la Asociación de la Prensa traslade en precario su sede a un rincón del Palacio del Almudí sin cargo alguno para sus diezmados asociados.
Existe, y no se puede evitar ante esta sorpresiva situación de hechos que parecen casi consumados, la sospecha de que detrás de todo ande "Cajamurcia" como principal interesada, y acreedora importante, ojo, en hacerse finalmente con el entresuelo sito encima de su oficina de empresas, a un buen precio aprovechando las dificultades de una propiedad tan fraccionada y con responsabilidad colectiva pero también individual. La fórmula de alquiler con opción de compra parece sería suicida para el casi único patrimonio de sus periodistas asociados y tasado en su día muy por encima de los 100 millones de pesetas. Hay quien piensa en solicitar una auditoría urgente antes de tomar una decisión tan estratégica y saber, sin presumir nada escabroso, qué hizo el anterior presidente (cuyo vicepresidente era precisamente Heras) con los ingresos procedentes de los fondos de formación, el convenio con la Fundación "Integra" y del patrocinado Anuario elaborado por los asociados. Sería muy conveniente para evitar, ahora y en el futuro, cualquier sombra de duda interesada sobre Felipe Julián desde fuera de la profesión.
